La región afronta la reforma de las pensiones con un 40% de jubilaciones anticipadas

La clave de los cambios de esta 'primera fase' radica en la jubilación anticipada. El modelo introduce un sistema de penalizaciones e incentivos que impacta en quienes optan por adelantar el retiro al primero momento en que la ley lo permite;mientras que protege a quienes se quedan sin trabajo en los últimos años. En líneas generales, saldrán perdiendo quienes accedan a la jubilación anticipada voluntaria sin esperar tres meses y los que lo hagan justo antes de la edad legal. Los jubilados involuntarios no se ven más penalizados que ahora.

Hay en Castilla y León, a 1 de junio, 563.507 pensionistas de los cuales cincuenta mil cobran dos prestaciones públicas, una gran mayoría de ellas las de jubilación y viudedad. El 17,7% de ellos, 99.964 personas, tienen menos de 64 años, es decir, se han acogido a alguno de los tipos existentes de jubilación anticipada. Este colectivo se ha ido reduciendo de forma progresiva en los últimos años, ya que en 2015 englobaba a 104.000 personas, que eran el 18,4% del total.

Pese al acuerdo exhibido por el Gobierno con la CEOE, CC OO y UGT, el anteproyecto no cuenta con el consenso de las fuerzas políticas. De hecho, desde el Pacto de Toledo afeaban al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que haya presentado una reforma que es «un parche», «parcial» y «por fases». Para el mismo socio del PSOEen el Ejecutivo, Unidas Podemos, el acuerdo presentado tiene «lagunas», es «claramente insuficiente» y «manifiestamente mejorable».

Las patronales CEOE y Cepyme son una de las partes firmantes del acuerdo para el primer tramo de la reforma del sistema público de pensiones. En el acto de la rúbrica oficial estuvo presente Santiago Aparicio, vicepresidente de CEOE y presidente de CEOE Castilla y León en representación de la patronal de las pymes por la ausencia de su presidente.

De hecho, fue Aparicio quien se encargó de responder a la polémica por el 'mal día' del ministro José Luis Escrivá. Sobre la polémica en sí (los ajustes a la pensión de la generación del 'baby boom'), el dirigente patronal dejó claro ya entonces que «dicha pretensión no forma parte del acuerdo alcanzado ni se comparte».

«La definición del nuevo factor de sostenibilidad, en sustitución del actual, que ha quedado supeditada a una futura negociación, debe sustentarse en la equidad y la solidaridad intergeneracional evitando, en todo caso, que recaiga solo sobre algunas generaciones la sostenibilidad del sistema», defiende Aparicio.

Para este resulta fundamental «la permanencia en el acuerdo del factor de sostenibilidad como parte fundamental del equilibrio del sistema en el medio y el largo plazo, y su sustitución, en su caso, por otro factor que mantenga los mismos efectos en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea». Solo así, resalta, se podrá «reforzar la confianza en el país, como señalan las principales agencias de rating del mundo sobre esta reforma».

Recuerda el representante del empresariado que «la sostenibilidad del sistema de pensiones «depende del número de cotizantes y de la fortaleza del mercado laboral», lo que hace «imprescindible un entorno normativo flexible que garantice la creación y el mantenimiento del empleo y la adaptabilidad de las empresas y de los trabajadores, a través de la formación y la recualificación permanente».

La CEOE aplaude «que las cotizaciones que pagamos empresas y personas trabajadoras se destinen a su verdadera finalidad: las prestaciones contributivas» para alcanzar la sostenibilidad financiera y social del sistema, equidad y separación de fuentes.

Los empresarios creen que, en un contexto de presión demográfica, con una esperanza de vida creciente, «la sostenibilidad del sistema exige la prolongación de la vida activa, como sucede en los países de nuestro entorno». Así que valoran «que la reforma despliegue incentivos para retrasar la decisión de jubilarse anticipadamente, salvaguardando los procesos de reestructuración y adecuación empresarial a las nuevas realidades económicas».

Jesús Isabel, responsable de la Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones de Valladolid, se ha leído el texto legal «despacito y con toda su letra pequeña» y tiene claro que se trata de una «mala reforma que, además, tendrá segunda y tercera parte». «El factor de sostenibilidad no se ha quitado, solo cambiado de nombre. Hasta el 15 de noviembre se mantiene y si entonces no hay acuerdo, seguirá el mismo como está. Esto nos parece una burla», señala Isabel quien sostiene que «Escrivá no tuvo un mal día ni se le fue la olla, sino que el punto 5 dice lo que dice y eso es lo que él dijo».

Para el portavoz de la plataforma, el Gobierno «juega a trilero con los gastos impropios de la Seguridad Social». «El Pacto de Toledo insta a que se saquen de la caja de las pensiones, pero el acuerdo que introduce la financiación por vía presupuestaria no termina con la asunción de gastos impropios por el sistema».

Además, «la jubilación anticipada mejora en muy pocos casos, en concreto solo para los de quienes tienen carreras más largas y esto penaliza a las mujeres», explica Jesús Isabel, quien se muestra especialmente molesto con «la utilización que han hecho del tema del IPC». «Se han apuntado el éxito de vincular las pensiones al IPC pero ese éxito es de todos los que llevamos años de lucha para exigirlo. Lo que tenemos aquí es una reforma destinada a hacerse una foto».

Asegura que habrá un «otoño caliente» con concentraciones, encierros, mesas informativas y una gran manifestación en Madrid el 16 de octubre.

La opinión que la reforma merece a Enrique Cebrián, especialista en Derecho Laboral del despacho Galán de Mora es también «negativa» porque «no es la que el sistema necesita». De hecho, casi podría decirse que no es ni reforma. «El modelo actual es insostenible, pero en lugar de cambiarlo por otro que no lo sea, se ha optado por diferir el coste al futuro, es decir, se respetan las prestaciones de los actuales pensionistas, que no van a tener ninguna pérdida, al contrario de las de quienes se vayan jubilando. En especial se machaca a quienes en el futuro lo hagan de forma anticipada», señala Cebrián.

En su trabajo constata cómo de un tiempo a esta parte la Seguridad Social ya está 'de facto' endureciendo el acceso a prestaciones, en algunos casos incluso de forma injustificada o cuestionable. «Tengo una señora que cumple todos y cada uno de los requisitos de edad y carrera para acceder a la jubilación, con los tres últimos años de cotización como empleada de hogar. Pues le han denegado la pensión porque el empleador era su yerno... ¡y dicen que negárselo es legal!», explica el abogado, quien asegura que «lo están revisando todo y, si pueden, retiran las incapacidades permanentes por supuestas mejorías».

Para Cebrián, la intención última del Gobierno es «dar vidilla a un sistema que tal como está diseñado, para el momento actual no tiene solución debido a la pirámide demográfica». Ante el problema estructural de que la tasa de reposición, pensada para épocas de 'boom' de natalidad, carece del equilibrio necesario, el Gobierno ha optado por el parche. «La gente cree que está cotizando para tener una pensión en el futuro pero en realidad no es así. Lo que están haciendo es pagar un impuesto por trabajar y punto».

Los cambios introducidos con intención de retrasar la edad real de jubilación ya están teniendo efecto. «Como no se quiere abordar una reforma en serio del sistema en época de crisis se opta por endurecer las condiciones y eso tiene un efecto inmediato».

Desde la experiencia de su despacho cree que «va a haber un aluvión de demanda de jubilación anticipada» porque «nadie puede querer que le cojan los cambios». «Cuanto más tarde uno en jubilarse peor será el régimen, sin ninguna duda», zanja.

Además, el modelo no deja posibilidad de modulación en casos particulares, sino que «son habas contadas». «No hay derecho a alegaciones, a cada cual le corresponderá lo que diga el Gobierno cuando le llegue la fecha señalada», concluye Cebrián, quien describe con un ejemplo la senda que sigue el sistema: «Cuando empecé a trabajar, para el cálculo de la pensión se tomaban los últimos cinco años cotizados y ahora ya vamos por más de 37. Esa es la estrategia, ir aumentando el tiempo para que baje la pensión de cuanta más gente mejor, porque el sistema que seguirá vigente es insostenible».

Para el sindicato UGT, firmante del acuerdo con CC OO, el anteproyecto es positivo ya solo por el hecho de suponer la derogación de la «lesiva» reforma de pensiones de 2013, que desligó su subida de la inflación con el consiguiente impacto en el poder adquisitivo de los pensionistas. Según explica el secretario autonómico de AcciónSindical de UGT, RaúlSanta Eufemia, el fortalecimiento de la estructura de ingresos del sistema y la eliminación del déficit de la Seguridad Social es otro de los puntos esenciales del anteproyecto, así como el nuevo sistema de cotización por ingresos reales y de mejora de la protección social en el Régimen de Trabajadores Autónomos.

«El sistema tiene ante sí el reto de acercar la edad efectiva a la edad legal de jubilación, ya que en los próximos años se producirá la llegada de una gran cantidad de 'baby boomers'. El sistema necesita reajustes y seguirá haciendo falta ver cuáles hay que ir introduciendo para que en la caja de la Seguridad Social entren más fondos, por la vía de unas cotizaciones más racionales».

El aplazamiento de la entrada en vigor del «mecanismo de equidad intergeneracional» que sustituirá al factor de sostenibilidad no debe ser motivo de suspicacias según el representante de UGT, quien señala que no será de ninguna forma «un coeficiente reductor» de las nuevas pensiones, sino una fórmula con indicadores que identifiquen los efectos del proceso de envejecimiento y los vinculados con la llegada a la jubilación de la generación del 'baby boom'. «Las generaciones más jóvenes que se encontrarán dentro de algunos años en el mercado laboral no pueden asumir el coste de la llegada a la edad de jubilación de la generación de trabajadores más poblada de la historia», sostiene Santa Eufemia, quien destaca además que el anteproyecto «atiende la problemática de quienes desempeñan trabajos que exigen una jubilación anticipada», así como la de «quienes se encuentran al final de la vida laboral y sufren lagunas de cotización».

Ante la posibilidad de que el sistema de pensiones del futuro gane en credibilidad y viabilidad, pero con prestaciones menos generosas, en una comunidad donde ya son inferiores a la media nacional, Santa Eufemia prefiere ir al origen del problema: «La cuantía de la pensión es algo ligado al salario y a la base de cotización. Lo que tenemos que conseguir son mejores trabajos con salarios mayores, más industria... Las provincias más industrializadas de la comunidad sí tienen pensiones por encima de la media».