PP y Vox refuerzan su apoyo a la caza ampliando a 5 años las licencias gratis en Castilla y León

La decisión de ampliar la validez de los permisos hasta cinco años supone en la práctica extender la gratuidad de la licencia para cazar y pescar en Castilla y León, al menos, hasta 2028. Esa licencia cinegética sin coste se están haciendo esperar para cazadores y pescadores. Fernández Mañueco las anunció hace un año, en puertas del anticipo de elecciones autonómica que demoró su aplicación, porque se incluían en el presupuesto para 2022 que quedó sin votar. La decisión de no tramitar las cuentas tras la elecciones de febrero y la nueva coalición con Vox volvió a retrasar la entrada en vigor de esa promesa.

La socialista Rosa Rubio contrapuso el trato que supone extender la gratuidad de las licencias de caza y pesca cinco años, y que PP y Vox entienden como una medida para hacer frente a la crisis y de apoyo al medio rural, con la limitación a solo tres meses de la exención en el pago de las tasas por servicios veterinarios que abonan los ganaderos. Así se contempla en la Ley de Rebajas Tributarias. Un plazo trimestral que es de aplicación también a la gratuidad de las tasas de transporte.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha incluido esta nueva iniciativa pro sector cinegético en una intervención en las Cortes en la que ha desgranado los objetivos generales del primer presupuesto del Gobierno de coalición PP-Vox, que asciende a 13.809 millones de euros, con críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez por los ingresos que llegan del modelo de financiación. Carriedo reconoció que suben esos fondos, pero de manera «insuficiente», porque los 8.136 millones de euros estatales, que son la principal partida de ingresos del presupuesto autonómico de 2023, «dejan sin cubrir casi 500 millones de los gastos de sanidad educación y servicios sociales».

El consejero ha defendido la solidez de sus previsiones de crecimiento económico, descenso del paro, ingresos y gastos para 2023, pese a lo cual ha reconocido que esos cálculos están «más que nunca sometidos a los diferentes riesgos de evolución de los mercados», provocados por la guerra de Ucrania, la elevada inflación y el precio desbocado de la energía. Carlos Fernández Carriedo vaticinó «un escenario muy complicado» para los próximos meses y suscribió la utilidad de las cuentas que ha elaborado su equipo para encarar esa marejada socioeconómica. Un presupuesto del que destacó que congelará las retribuciones de los miembros de la Junta, los políticos a sueldo en las Cortes y los responsables de las instituciones autonómicas.

Desde el PSOE tildaron los beneficios fiscales que incluye el presupuesto de 2023 de «míseros y elitistas», en unas cuentas «mentirosas». «¿Las familias numerosas con 100.000, 200.000 o 300.000 euros de ingresos anuales no van a pagar IRPF autonómico? ¿A esos ricos les va a salir a devolver lo que se les haya retenido?», se preguntó Rosa Rubio, a cuenta de la desgravación nueva anunciada por Mañueco y García-Gallardo -que no está en el presupuesto pero PP y Vox incorporarán como enmienda- para las 31.000 familias numerosa autonómicas y que no hace distinción por renta. Rubio acusó a Fernández Mañueco de haber convertido Castilla y León «en el piso piloto de Abascal».

Pablo Fernández, procurador de Podemos, suscribió el argumento de que son «los presupuestos de la mentira» y auguró que «no van a ayudar a las familias ni a beneficiar al medio rural» y José Ramón García, parlamentario de UPL-Soria ¡Ya!, argumentó que consolidan una inversión desigual, «a dos velocidades», que perjudica a León, Zamora y Salamanca, la «región leonesa».

Los portavoces de PP y Vox en la comisión respaldaron las cuentas presentadas por Carriedo. Para la popular Leticia García, son «un ejercicio de responsabilidad» que sirve para «amortiguar el ataque del sanchismo a Castilla y León». Javier Carrera, de Vox, dejó un aviso a sus socios. Les advirtió que iban a vigilar con especial celo la gestión de ICE, organismo que gestionará 278,7 millones de euros en partidas de apoyo a las empresas y que calificó como «brazo ejecutor» de las políticas económicas de la Junta. Carriedo ha situado al frente del mismo a Augusto Cobos, que fue delegado de la Junta en Valladolid a propuesta de Cs en la etapa de gobierno de Mañueco e Igea.