La reforma del subsidio del paro beneficiará en Castilla y León a al menos 36.000 personas

El homólogo de este último en la comunidad, Faustino Temprano, lo califica como «positivo» y destaca que «se ha conseguido dentro del diálogo social, lo que demuestra que el diálogo social sigue funcionando y dando frutos». Y en la misma línea que la ministra –que ha puntualizado que «esto no es una paguita»–, el máximo responsable autonómico de UGT deja claro que el objetivo último de la reforma «no es el subsidio» en sí mismo, sino «incorporar al mercado laboral con un empleo digno a personas que ahora mismo están fuera».

En una idea similar incide el secretario de Políticas Públicas y Diálogo Social de CC OO de Castilla y León, Saturnino Fernández, para quien el pacto «es bueno» porque «consolida el sistema y mejora las cuantías» que perciben quienes no tienen otra opción, a quienes además les abre posibilidades de futuro. «No queremos que la gente cobre y ya está. Lo que se busca es proteger y que la gente trabaje», sentencia. Por otra parte, «demuestra que es mejor negociar y acordar para después llevarlo al Parlamento lo más 'agarrado' posible» y que no se frustre como el pasado enero, cuando Podemos lo tumbó por discrepancias respecto a los mayores de 52 años.

La estimación del número de ciudadanos a los que afecta la nueva protección asistencial tiene como base la cifra de castellanos y leoneses que perciben una prestación. De acuerdo con los últimos datos disponibles, correspondientes a marzo de este año, 35.384 desempleados perciben el paro en la región, 33.246 el subsidio y 3.327 la Renta Activa de Inserción (RAI). Es a estos dos últimos grupos a los que favorece la modificación, de ahí la cifra de alrededor de 36.000 beneficiarios (que sube hasta casi un millón en el conjunto de España). Se trata de un cálculo provisional, porque puesto que no tiene carácter retroactivo, hasta que no se despliegue en su totalidad no se verán sus efectos.

«Hay una cuestión que está pasando desapercibida y es que se van a destinar 600 millones de euros a políticas activas de empleo para los colectivos con mayores dificultades», añade el secretario general de UGT en Castilla y León, que desconfía de cómo serán ejecutadas por la Junta. Y en concreto por el departamento que tiene las competencias, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo –en manos de Vox, dentro del acuerdo de coalición con el PP–, con la que las organizaciones sindicales son habitualmente muy críticas. «La gestión va a corresponder a las comunidades autónomas y vamos a ver lo que pasa aquí», sentencia Temprano, quien lamenta que «nos tienen acostumbrados a que el dinero que se recibe para esto se devuelve casi siempre porque su gestión ha sido nefasta».

El dirigente sindical también afea su actitud a la CEOE, que a su juicio no se ha sumado «exclusivamente por temas políticos, porque estas cuestiones no tienen ningún coste económico para la patronal» e incluso «van acompañadas de ayudas a las empresas para que puedan contratar». Y en términos muy parecidos se expresa el secretario de Políticas Públicas y Diálogo Social de CC OO, que recuerda que «por ideología o por lo que sea», «la patronal siempre tiene una reticencia especial cuando se mejoran prestaciones a los trabajadores. Es así de solidaria».

Como ejemplo de esto último Fernández pone la falta de respaldo de los empresarios a la reforma de las pensiones, «que también son prestaciones a trabajadores que dejan de trabajar» o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Y llama la atención sobre la necesidad de revisar al alza el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el que se emplea como referencia para la concesión de subvenciones y, precisamente, el subsidio de desempleo.