La reforma de la discordia: 3.669 consultorios, 247 centros de salud y 1.100 médicos a punto de jubilarse

Castilla y León tiene en servicio una red de 3.669 consultorios locales, en pueblos, y 247 centros de salud que llevan años sufriendo carencias de personal. Los puestos de las zonas rurales son, en su mayor parte, de difícil cobertura en toda la comunidad. Encontrar médicos para zonas como Sanabria, el Bierzo, el noreste segoviano o la montaña palentina es casi misión imposible. Incluso especialistas para hospitales como el de Ponferrada, pero esto último no entraría en el ámbito de la reforma de la Atención Primaria. Ese déficit de personal se acentuará en el próximo lustro. 1.100 médicos de Familia están a las puertas de la jubilación en cinco años siguientes.Es la cifra que ha dado Francisco Igea este martes.

La cosa no es de ayer. Durante la anterior crisis el Gobierno del PP suprimió el servicio de urgencias en varias zonas rurales, la mayor parte de ellas en el extrarradio de la comunidad. El Ejecutivo de Juan Vicente Herrera dio marcha atrás para acordar la reforma de la ordenación del territorio en 2013. Fue la condición que le puso el PSOE. Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca, se sentaba en la bancada del PP en las Cortes.

El acuerdo de 100 puntos en el que se sustenta el contrato firmado por PP y Cs para cogobernar Castilla y León no incluye expresamente la reforma de la Atención Primaria, pero sí varios compromisos que van en esa línea. Del punto 39 al 42 se comprometen a integrar al personal médico y de enfermería de área en los equipos de Atención Primaria, a llegar a dotar a la Atención Primaria con el 20% del presupuesto de Sanidad, a impulsar las consultas de alta resolución para pacientes que estén a más de 50 kilómetros de su hospital de referencia y a dotar de medios diagnósticos y servicios de telemedicina y TIC a los médicos de Familia de los centros de salud.

La Consejería de Sanidad presentó en noviembre de 2019 el «Nuevo Modelo de Asistencia Sanitaria en el Medio Rural». Se puso en marcha, de manera piloto, en la comarca zamorana de Aliste a principios de 2020. Envuelto en polémica. Trasladaba a la asistencia sanitaria la filosofía de los Colegios Rurales Agrupados (CRA), que comparten profesores que itineran por varias escuelas, y creaba el Consultorio Rural de Agrupación (CRA, también). Concentraba la atención médica en un número pequeño de consultorios locales y se prestaba a la población «bien a petición de los usuarios o bien, por iniciativa de los profesionales». A través de «cita previa», como en los centros urbanos.

«La actividad del médico de familia se concentrará fundamentalmente en el centro de salud o en el consultorio rural de agrupación. Se desplazará al consultorio de proximidad, con la periodicidad que se establezca en cada caso, siempre y cuando exista una necesidad asistencial sentida por las personas interesadas (cita previa a demanda) o detectada por el profesional, médico o de enfermería (cita concertada)», recoge el texto oficial que describe ese plan de reforma.

El calendario de extensión al resto de la comunidad del Plan Aliste se lo llevó por delante la pandemia. O, en parte, no. La cita previa telefónica se impuso de manera general por el coronavirus.

El fin del confinamiento no devolvió las consultas de Medicina Familiar al momento prepandemia. Centros de Salud y consultorios han ido abriendo progresivamente sus instalaciones a los pacientes en situaciones muy concretas. En algunos casos, sobre todo en el medio rural, ni eso. Técnicamente no están cerrados, pero operativamente sí, porque no va personal médico ni de enfermería. «El problema es de falta de médicos», ha justificado el presidente de la Junta, que ha apoyado hasta la semana pasada, en el inicio de septiembre, a la consejera Casado.

La Junta ha presentado recientemente un borrador para reordenar la sanidad rural en Segovia. El presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en esa provincia, Miguel Marina, reprochó a los responsables de la política sanitaria que planteen «un plan de centralización de la asistencia rural diaria con una amortización de médicos, sin tener en cuenta la dispersión, ni el envejecimiento ni las posibilidades de transporte público». «Hablan de una asistencia a demanda, pero no cuentan cómo transportar a los pacientes», incide Marina.

La consejera Verónica Casado avanzó el viernes 3 de septiembre que la planificación en la que trabaja su departamento prevé que ningún médico de Atención Primaria tenga cupos inferiores a 400 tarjetas sanitarias. Eso implica, necesariamente agrupar localidades desde el punto de vista asistencial. Tanto Casado, como el vicepresidente Igea y el presidente Mañueco han recalcado que todos los ciudadanos, con independencia de donde residan, tendrán asignado un médico y una enfermera de Familia.