La 'redefinición' del Diálogo Social, objetivo de Empleo para septiembre

Los agentes sociales empiezan a pensar que el Diálogo Social está de tregua forzosa. Que lo estará, al menos, hasta septiembre, visto que agosto es un mes poco propicio para negociaciones de despacho. Y fuentes de la Consejería de Empleo confirman que ese mes, quizá más templado después del tempestuoso bimestre junio-julio, será el que marque el inicio de esa «redefinición» del Diálogo Social que anunció la consejera, Ana Carlota Amigo.

«Estamos sorprendidos por la ausencia de contestación sobre la reunión. No tiene ningún sentido que le pidamos al presidente [Alfonso Fernández Mañueco] tres reuniones y no conteste, y que la consejera [Ana Carlota Amigo] diga que está dispuesta a negociar y no nos llame, o que diga que no queremos hablar con ella. ¿Cómo no vamos a querer hablar con ella? Por supuesto que queremos. Pero el problema es que aquí no responde nadie, ni ella ni el presidente ni nadie», señalaba ayer Vicente Andrés, secretario general de CCOO.

En el mismo sentido se pronunciaba Evelio Angulo, vicesecretario general de UGT. «Todavía no hemos recibido contestación a la tercera petición por escrito al presidente», lamentaba. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, ejerce a su vez como presidente del Consejo del Diálogo Social, órgano en el que están presentes los consejeros de Empleo (Ana Carlota Amigo, Cs) y Hacienda (Carlos Fernández Carriedo, PP), así como UGT, CCOO y la patronal, Cecale.

Para Angulo, que Amigo piense ya en septiembre «traslada cuál es el criterio», y recuerda que es «Empleo quien coordina el Diálogo Social».

En la Consejería se ha puesto el foco en modificar algunas cuestiones que han sido objeto de recelo por parte de terceros, como las academias de enseñanza, que denunciaron ante el Tribunal Superior de Justicia los criterios en el reparto de las subvenciones para formación. El Tribunal les dio la razón y estimó parcialmente el recurso. El Consejo de Cuentas ya explicaba en 2015 que no veía razón para el «tratamiento diferente entre los distintos tipos de solicitantes de la subvención», dado que «las acciones formativas financiadas y el destinatario de las actuaciones, son los mismos para las subvenciones concedidas a los centros de formación en general y a las organizaciones empresariales y sindicales». Así que, concluía el Consejo de Cuentas, quedaba alterado «el procedimiento de libre concurrencia, según el cual, todos los interesados en acceder a la subvención deben poder hacerlo en condiciones de igualdad».

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, se apropió esas palabras cuando dijo en diciembre del año pasado que «los agentes sociales no deben elaborar las bases de las ayudas a las que ellos mismos concurren». Y eso era lo que ocurría, explicó entonces, según un informe elaborado por la Inspección de Servicios Generales a petición de la Consejería de Transparencia que él mismo dirige.

Desde Empleo se admite que la capacidad de estas organizaciones para realizar cursos de formación es más que adecuada, pero corregir estas cuestiones será la base de la negociación en septiembre.

Mientras tanto, Evelio Angulo recordaba que en sus reuniones de la semana pasada con los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León encontraron el apoyo, incluso, de Cs, partido al que pertenecen Igea y Amigo. «Su portavoz, David Castaño, nos dijo que no habían incluido el Diálogo Social dentro de los 100 puntos del pacto de Gobierno con el PP porque entendían que está bien y que hay que profundizar en él». De hecho, abundó, «cuando la consejera habló de 'redefinir', su partido opinaba que no era necesario y que esa afirmación era un error».