Recursos Contractuales tumba el convenio del servicio de ambulancias

La renovación y mejora del servicio de ambulancias en Castilla y León era uno de los compromisos y de los contratos del año para la Junta. Hace dos meses, su Portavoz, Carlos Fernández Carriedo, anunciaba tras un consejo de Gobierno la contratación del nuevo servicio por valor de 736 millones de euros para los próximos seis años.

Pero el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCYL) acordó este miércoles suspender el procedimiento de adjudicación tras asumir la petición de suspensión cautelar presentada por el sindicato CGT.

El nuevo contrato que se iba a realizar con el actual prestatario, el consorcio Ambuibérica, suponía un incremento del 87,52% respecto al anterior acuerdo, con un gasto anual de 119 millones de euros. Fernández Carriedo justificó este aumento por el incremento de cien ambulancias (de 605 a 706) y la actualización del nuevo convenio colectivo de los casi 2.000 trabajadores de este servicio.

Sus trabajadores habían logrado fuertes mejoras después de meses de gran conflictividad y protestas. Y ahora, la ley exige que quien asuma en contrato se subrogue las nuevas condiciones.

Pero es precisamente en las prestaciones laborales donde está la clave de la suspensión del contrato que ahora decreta el TARCYL. En los fundamentos de derecho, CGT denuncia que en el acuerdo no se contempla «cumplir la legislación vigente en materia de medios personales, debiendo dimensionar el personal necesario».

Se refiere al cumplimiento de una sentencia del TSJ de Castilla y León, confirmada por el Tribunal Supremo el pasado mes de febrero, que exige que «se computen como horas extraordinarias aquellas que superan la jornada anual de 1.800 horas previstas en el convenio colectivo».

El sindicato reclamó que se computaran los horarios de los equipos sanitarios, con un sistema de 24 horas al día continuadas (y 72 horas de descanso). Hasta ahora, estas unidades realizan una jornada «entre 1992 y 2016 horas anuales», según los cálculos de esta central. Un exceso de jornada que nunca han cobrado.

Esta realidad provoca que «la previsión de dotación que hace el pliego (del contrato) no es ajustada a real necesidad de servicio». De hecho, CGT calculó que dicho personal «debiera incrementarse en al menos un tercio con respecto a la actual plantilla que trabaja en Castilla y León».

Una derivada de esta demanda es el elevado número de pleitos pendientes sobre reclamaciones económicas de las plantillas, algo que «incide de forma directa en la subrogación del personal y la eventual responsabilidad económica de la adjudicataria entrante», argumenta la central.

El recurso que ha tumbado el acuerdo de transporte sanitario que regirá sus condiciones hasta 2028 incluye otros argumentos como la presencia de contratos de alto coste sin justificar. En uno, el 'personal de apoyo al hospital' tendría un salario anual de 107.640 euros al año. También aparece un director de área en Valladolid con un salario de 145.741,56 euros. Ninguno de ellos figura en los listados de puestos del convenio colectivo.

El presidente del Comité de Empresa de Ambuibérica en Valladolid, Raúl Arnáez, cree que es el momento de que la Junta de Castilla y León «se plantee gestionar de forma pública este servicio para corregir su mala gestión y calidad».

Por su parte, fuentes de Ambuibérica mostraron su confianza en que «este recurso sea desestimado» y lamentaron que «su presentación suponga el retraso en la aplicación del nuevo convenio colectivo que mejora las condiciones de los trabajadores».

La Consejería de Sanidad considera que la resolución del TARCYL «no afecta para nada a la prestación de este servicio sanitario, que seguirá plenamente operativo en las mismas condiciones a tal y como se viene prestando actualmente». Desde el departamento que dirige Alejandro Vázquez, creen que esta decisión «no entra a valorar el fondo, a la espera de una decisión futura sobre el asunto», informa Ical.

El Tribunal de Recursos Contractuales justifica su decisión «en una regla de prudencia» , por que la continuación del procedimiento produciría, de estimarse el recurso, «un perjuicio no sólo a las empresas recurrentes, sino también a los licitadores que hayan podido concurrir a la licitación, así como al interés público». Contra este acuerdo no cabe recurso, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

Este no es el único recurso contra este convenio. De hecho, otras organizaciones sindicales como la UGT han presentado recursos ante la sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Este acuerdo lleva mucho meses bajo la lupa de la oposición en las Cortes. Recién nombrado, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, tuvo que reconocer que se reunió varias veces con los directivos de Ambuibérica cuando estaba gestándose un acuerdo de unos 800 millones de euros. Unos encuentros que fueron 'combustible' en la campaña electoral regional de febrero. Y que llevaron a la oposición tras firmarse el acuerdo por 736 millones a preguntar «¿dónde están los otros 80 millones que faltan?».

La gestión del servicio de ambulancias terrestres en Castilla y León está en el debate político desde hace mucho. La anterior consejera de Sanidad, Verónica Casado, ya informó en un pleno en las Cortes regionales en junio de 20121 que Ambuibérica «afronta diez expedientes por incumplimientos» en el servicio, algo que «podría acarrear la imposición de penalidades». Entonces, Casado se comprometió a una «profunda revisión» en el contrato en 2022.

Este consorcio también ha sido acusado de que facturar a la Junta hasta 840 horas diarias de servicio comprometido, «aunque la empresa no realice en ocasiones más que la mitad de ellas y use la ambulancias para servicios privados externos».

A ello se añaden las crecientes quejas por el estado de los vehículos, algunos con más de 500.000 kilómetros de uso, y con precarias condiciones.

Un usuario, Alberto Velasco, relataba hace unos días la odisea para trasladar a su madre desde Cantabria a Valladolid tras sufrir una lesión de cadera y fémur. «Los cinturones de la camilla y los de la ambulancia estaban estropeados y hubo que hacer un nudo con cintas para sujetarla», relata Velasco. También denunció «el uso del móvil e incluso la toma de notas en una libreta» del conductor y sin ningún dispositivo de manos libres.

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