Vox recurre ante el TSJ la prohibición de celebrar manifestaciones en coche en Castilla y León

Así lo han señalado fuentes de Vox en un comunicado recogido por Europa Press, tras la respuesta de los representantes del Gobierno en las distintas provincias que han «prohibido la celebración» de las manifestaciones en coche convocadas por la formación de derechas en todas las capitales de provincia el sábado 23.

Vox ha añadido que ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León todas las prohibiciones y está a la espera de las resoluciones en otras regiones, han recordado, ya ha habido comunicaciones de subdelegaciones del Gobierno «sin objeciones o silencios administrativos».

Los representantes de Vox Castilla y León en el Congreso de los Diputados, Pablo Sáez (Valladolid); Georgina Trías (Ávila); Pablo J. Liste (León); Víctor González (Salamanca); Rodrigo Jiménez (Segovia); y Pedro Jesús Requejo (Zamora), y el procurador Jesús García-Conde, reclaman el derecho de los castellanos y leoneses a manifestarse.

En el caso de la Comunidad las razones expuestas por las subdelegaciones, según Vox, «carecen de sentido teniendo en cuenta que se trata de manifestaciones en forma de caravana de vehículos, donde los ocupantes tienen que mantener forzosamente las distancias de seguridad con los viandantes y el resto de los manifestantes sin posibilidad de contacto».

Del mismo modo, consideran están protegidos por la cabina del propio vehículo y mascarillas con las que el partido pide que se cubran en las convocatorias.

Todos los representantes recuerdan que «en el estado de alarma declarado, no se pueden suspender los derechos constitucionales de los españoles, entre ellos, el derecho de recogido en el artículo 21.1 de la Constitución española, en el que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas».

El ejercicio de este derecho, defienden, «no necesitará autorización previa».

Asimismo, los parlamentarios de Vox coinciden en que «los castellanos y leoneses no son ciudadanos de segunda y tenemos los mismos derechos que ciudadanos que viven en otras comunidades autónomas a quienes si permiten manifestarse».

No obstante, insisten en que si la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no fuera favorable, la acatarían y cumplirían como aseguran que «siempre» han hecho.