Recuperar las 35 horas debería suponer la contratación de al menos 4.000 funcionarios

De esta manera, según apuntaron desde el sindicato, se cubrirían las 2,5 horas semanales que dejarían de hacer los empleados públicos actuales al recuperar las 35 horas, ampliadas a 37,5 hace más de 10 años por el Gobierno de Mariano Rajoy. Por sectores, Sanidad sería el que más nuevos empleados públicos necesitaría, con un mínimo de 1.600, seguida por Educación, donde el sindicato cifró los nuevos funcionarios necesarios en 1.300, y Servicios Sociales, con en torno a 1.100.

No obstante, y debido al momento del anuncio, que como recordaron desde UGT en declaraciones recogidas por Ical, se produce apenas tres meses antes de las elecciones municipales, desde el sindicato mantienen la «duda» sobre la posibilidad de que «en octubre las vuelvan a denegar», somo sucedió en 2019.

Además, el secretario general de la sección de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, avisó de que no consentirán que el anuncio realizado por la Junta sirva como pretexto para privatizar determinados servicios públicos: «Las 35 horas deben servir para reforzar lo público, no para aprovechar la falta de personal para intentar privatizarlo».

Urueña fue el primero en tomar la palabra ante la prensa para explicar que, tras la llamada «sorpresiva» de Carnero el lunes para anunciar la devolución de las 35 horas «en dos plazos», uno a partir del 1 de junio «no sabemos cómo» y el otro a partir del 1 de octubre, ahora toca «cumplir las muchas expectativas» dadas con el anuncio en las reuniones de trabajo y en los acuerdos con los distintos sectores de la Administración pública, ya que «las 35 horas no son levantarse una mañana y cambiar el Bocyl, sino que implica más cosas que hay que negociar».

Tras realizar un repaso por los «incumplimientos» de la Junta al respecto en los últimos años, especialmente el de octubre de 2019 cuando «Mañueco denegó las 35 horas tras firmarlas» por el 'no' del «entonces todopoderoso y hoy olvidado Igea», Pérez Urueña volvió a mostrar su temor a que «vuelva a pasar lo mismo» y, para evitarlo, instó a los responsables de la Junta a «reunirse con los tres sindicatos que firmamos el acuerdo», en relación a UGT, CC OO y CSIF.

Además, el secretario general de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León apuntó que, para contratar a los profesionales necesarios para la recuperación de las 35 horas, es necesario que la Junta «se ponga al día también en cuestiones retributivas», puesto que «los docentes y sanitarios de Castilla y León son los que menos cobran de España», lo que hace que se vayan a otras comunidades donde «les pagan más y trabajan menos» por tener ya recuperadas las 35 horas.

«Eso se lo tiene que mirar el señor Mañueco», concluyó Pérez Urueña, al recordar las declaraciones de ayer del presidente de la Junta para atraer inversiones a la comunidad: «Si dice que si se suben impuestos se van las empresas, si se paga menos se van los trabajadores». «Castilla y León forma muy bien a sus profesionales, pero luego se van a desarrollar profesionalmente a otros sitios porque cobran poco», concluyó.

Para explicar la problemática de cada sector público, tomaron la palabra los diferentes secretarios de Enseñanza, Sanidad y Administración Autonómica de la sección de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León. Así, Beatriz García, de Educación, recordó que con los recortes educativos de Mariano Rajoy, «se redujo drásticamente la inversión» en todo el país, si bien «en otras comunidades se ha recuperado y en Castilla y León no» para los cerca de 35.000 empleados públicos del sector que existen en la comunidad.

«Ahora, después de once años sin ningún tipo de negociación, nos dicen que nos van a devolver algo que nos corresponde por derecho, las 35 horas, pero esto no es llegar y dar a un botón», señaló García, quien pidió a la Junta y, de manera personal, el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que «si realmente hay dinero, porque antes decía que no lo había, se den prisa porque en Educación ya estamos preparando el curso que viene y, si no, se volverá a quedar excluida de este anuncio preelectoral de recuperar los derechos perdidos».

Por su parte, el secretario de Sanidad de UGT-SP en Castilla y León, Miguel Holguín, criticó la «imprecisión» de la Junta al realizar el anuncio «en campaña electoral, como en 2019» sin que haya habido «ninguna negociación previa». Y es que, como explicó, en Sanidad «tiene sus condicionantes» la recuperación de las 35 horas «tanto por el coste económico como por la necesidad de profesionales para llevarlas a cabo».

Así, y pese a que de los 33.500 profesionales aproximados con los que cuenta la Sanidad de la comunidad, la medida afectaría principalmente a 21.655, «se necesitarían 1.600 trabajadores de las distintas categorías de atención hospitalaria para implementar las 35 horas» porque esta medida «no supone trabajar menos, sino recuperar los recortes en plantilla desde 2012 que han impedido dar una atención sanitaria de calidad». Pidió asimismo «claridad» con los números de la cuantía económica necesaria para llevar a cabo esta medida porque «las 35 horas no se pueden compensar con días libres».

Por último, el secretario de Administración Autonómica del sindicato en Castilla y León, Carlos Arenas, reconoció que en la administración general es «donde menos problemática deberíamos tener» con la recuperación de las 35 horas, aunque sí apuntó hacia dos sectores, Servicios Sociales y el operativo de incendios, en el que se verían afectados en torno a 7.500 empleados públicos.

En este sentido temió que la Junta vaya a compensar a los trabajadores por las 2,5 horas «con días u horas» pero «sin reducción del exceso de jornada que van a hacer». Por ello, como sus compañeros, llamó al Gobierno autonómico a «sacar a oferta pública las plazas extraordinarias» para no tener que «compensar» lo que se van a convertir en horas extra y ante las que UGT mostró su «oposición rotunda».