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Con la recuperación de la economía todavía con bastante camino por recorrer y con un mercado laboral de hábitos muy arraigados, las empresas se están apoyando de forma especialmente intensa en la contratación temporal a la hora de apuntalar la salida de la crisis del ... coronavirus. En el caso de Castilla y León, puede decirse que la actividad remonta a golpe de empleo temporal, con un crecimiento que es doce veces mayor que el del indefinido. Además, cerca del 70% de los contratos «eventuales por circunstancias de la producción» que se firman en la comunidad son de menos de un mes de duración, mientras que los de más de seis meses apenas suponen el 2% del total. Un empleado con contrato temporal gana de media el 27% menos que uno fijo.
En la reforma laboral que se ha comprometido a enviar a Bruselas en los próximos meses, el Gobierno pretende acabar con lo que considera un abuso en la concatenación de contratos temporales. Es algo que los sindicatos llevan años criticando: la utilización de este tipo de contratación «para atender trabajos vinculados a la actividad normal y permanente de la empresa», cuando en realidad el contrato eventual está pensado «para atender incrementos ocasionales e imprevisibles de la actividad empresarial que no puedan ser cubiertos por la plantilla habitual».
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La intención del Ministerio de Trabajo, que de momento prioriza la búsqueda de un acuerdo bajo el paraguas del diálogo social, es castigar a las empresas que abusan de la temporalidad declarando nulos aquellos despidos que se produzcan tras una ristra de contratos temporales.
El panorama de la contratación en Castilla y León (un calco en esto del conjunto de España) es el siguiente: cada día de lo que llevamos de año, hasta el cierre de julio, se han firmado en las nueve provincias 2.500 contratos diarios, de los que 250 han sido indefinidos y los 2.250 restantes son temporales, por obra o servicio o por una interinidad.
Si 447.000 contratos formalizados en lo que va de año parecieran muchos, además hay que tener en cuenta que suponen casi 120.000 menos de los firmados en los siete primeros meses de 2019, un retroceso de 20%. En el presente ejercicio, ese 90% de contratos no indefinidos se reparten así: 235.700 son eventuales por circunstancias de la producción; 129.000 son contratos por obra o servicio; y los otros 33.600 son para trabajadores interinos.
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Un vistazo a la evolución que ha seguido el empleo desde el golpe inicial asestado por la pandemia hasta la más reciente tendencia de recuperación pone de manifiesto que la incertidumbre y la costumbre favorecen la contratación temporal, esa precariedad intrínseca del mercado laboral que tan nefasta resulta tanto para los jóvenes que buscan la emancipación como para los más mayores, tan necesitados o más de estabilidad vital. Un tercio de los contratos temporales son, por otro parte, a jornada parcial.
Un año atrás, en el segundo trimestre de 2020, la comunidad tenía 162.000 asalariados con contrato temporal, es decir, el 21,5% del total, según datos de la Encuesta de PoblaciónActiva (EPA) del INE. Doce meses después, el colectivo ha ganado 27.600 integrantes y lo forman ya 189.600 personas, el 23,9% de empleados castellanos y leoneses. El incremento porcentual, del 17%, contrasta con el experimentado por los asalariados con contrato indefinido, que suman 600.700 tras subir el 1,4%, esto es 8.400 personas.
Las mujeres son objeto del 55% de las contrataciones temporales –suponen 104.900 de los 189.600 asalariados eventuales– y este tipo de contrato crece en la región más entre ellas que entre ellos en el último año:el 18% frente al 15,8%.
Otra de las características que definen la contratación temporal es la brevedad temporal de su vigencia. De los 235.662 contratos eventuales firmados en la comunidad, 160.791, es decir más del 68% del total tienen una duración inferior a un mes y otros 43.786, que suponen más del 18%, entre uno y tres meses. Apenas 5.327 de ellos, el 2%, se prolongan por más de seis meses, si bien un buen número de los anteriores van concatenándose.
En otro orden de cosas, los asalariados con contrato temporal presentan una ganancia media anual (con datos del INE de 2019) de 17.177 euros, frente a los 23.641 de los empleados de carácter indefinido. es decir, el 27% menos.
En la mesa de diálogo social, CC OO de Castilla y León considera necesario «reformar las modalidades de contratación laboral para simplificar la normativa y favorecer la estabilidad en el empleo, con auténticas medidas disuasorias para las empresas que utilizan la temporalidad como política de recursos humanos».
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Desde la patronal lamentan «la desconfianza y la sospecha hacia la empresa» y la «asimilación de temporalidad y precariedad». «La temporalidad es un elemento intrínseco a muchas actividades de carácter estacional y reducirla a un fenómeno residual perjudica la empleabilidad de muchas personas, en especial de las que carecen de cualificación y los jóvenes», señalan en la CEOE, organización que asegura compartir «la necesidad de actuar contra la temporalidad irregular y no causal».
Las infracciones en materia de relaciones laborales y empleo, Seguridad Social, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, así como en materia de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias, así como las infracciones por obstrucción a la actuación inspectora cuentan con sanciones que pueden llegar a superar los cien mil euros. En concreto, las leves están sancionadas con multas de hasta a 625 euros; las graves, con multas de hasta 6.250 euros; y las muy graves, con hasta 187.515 euros.
Además, el Gobierno dio luz verde recientemente a una reforma normativa para la actualización de la cuantía de las sanciones por infracciones en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El incremento del importe aprobado es del 20% y la actualización entrará en vigor el próximo 1 de octubre mediante la modificación de la Ley sobre infracciones y sanciones. El ministerio explica que este tipo de multas «no se habían actualizado desde 2007, lo que había mermado la capacidad disuasoria de las infracciones».
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