Castilla y León tenía en el último trimestre del año pasado 220.500 ocupados en el sector público, casi 5.000 más que en el trimestre anterior; cerca de 20.000 más que un año antes y 25.000 más que en el cuarto trimestre ... de 2019, en vísperas del estallido de la pandemia. Se trata de la cifra más alta de la serie histórica de la EPA y también de la tasa más elevada con respecto al total del empleo –el 21,74% del millón largo de ocupados cobran su nómina de alguna de las tres Administraciones–, ya que el empleo asalariado del sector privado tocó techo en el verano y el número de trabajadores autónomos sigue una senda descendente.
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La mayor parte de lo que tuvo de positivo el mercado laboral de la comunidad en 2022 fue fruto del comportamiento del empleo público. De los 25.700 ocupados más que refleja la Encuesta de Población Activa del INE en el conjunto del año, 18.500 fueron nuevos ocupados del sector público (el 72%) y 7.200 del sector empresarial (el 18% y la práctica totalidad de ellos, del sector servicios).
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También el conjunto del país registró en el cuarto trimestre del año pasado la cifra récord de 3,52 millones de ocupados en el sector público, si bien con un incremento de contrataciones por parte de la Administración bastante menor. Los datos revelan que en 2022 los ocupados por el sector público se incrementaron el 1,4% en todo el país y el 9,1% en la comunidad autónoma.
La EPA no regionaliza la ocupación por Administraciones y, a nivel nacional, el incremento interanual es de 11.200 personas en la Central, de 11.100 en la Autonómica y de 35.700 en las Entidades Locales, que son las que concentran y gestionan buena parte de los planes anuales de empleo que activan las comunidades.
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De hecho, las fluctuaciones que se producen en el colectivo de ocupados del sector público aluden a empleos con fecha de caducidad, que puede ser más o menos larga. El empleo público que mide la EPA comprende todas las personas que perciben un salario de empresas públicas o de las Administraciones Central y Territoriales, incluidos tanto los trabajadores que cotizan al régimen general de la Seguridad Social como los adscritos a Mutualidades.
Exactamente un tercio de los asalariados del sector público (33,4%) tienen un contrato temporal, una tasa que escala desde el 30,6% de un año antes y desde el 28,7% del cuarto trimestre de 2019. Un camino totalmente contrario al que sigue el empleo del sector privado, más aún desde la reforma laboral que suprimió el contrato por obra o servicio. La tasa de asalariados temporales de las empresas ha caído desde el 24,5% de hace tres años o el 21,8% de hace un año, al 12,2% actual.
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Mientras tanto, la nómina de personas que componen el cuerpo de funcionarios de carrera, personal laboral e interinos apenas ha variado en los últimos años. El último Boletín de Personal al Servicios de las Administraciones, difundido en julio con datos de enero de 2022, sitúa éste en 167.065 personas, cuando diez años antes era mayor de 171.769. Las restricciones fijadas para la reposición de plazas de funcionario han afectado a este colectivo, algo que sí ha cambiado en el último año tras las recientes convocatorias de oposiciones en diversos sectores.
El desempleo bajó en 15.600 personas en 2022 en Castilla y León, según la EPA difundida el pasado jueves, lo que supone un descenso anual del 13,6% respecto a 2021, que fue acompañado de un incremento de 25.700 en el número de ocupados (2,6% más), datos ambos mejores que los del conjunto del país. La tasa de paro de la comunidad se situó en el 8,83%, cuatro puntos por debajo del 12,87% de media nacional. Tres provincias, Segovia, Burgos y León, registran las tasas de paro más bajas del país, con el 7,23%, 7,41% y 7,78% respectivamente. Sin embargo, la comparación con el trimestre anterior pone de manifiesto que algunas cosas se están torciendo: la ocupación desciende en 7.700 personas, el 0,75%, frente al 0,40% de toda España.
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El hecho de que el incremento de la ocupación se sustente mayoritariamente en el sector público con esa relación de 7 a 3 con respecto al privado tiene también su perspectiva de género:el colectivo de asalariados empleados por las Administraciones es mayoritariamente femenino y su crecimiento es mayor entre ellas que entre ellos. De esos 200.500 ocupados del sector público, 126.200 son mujeres y 94.300, hombres. Estos últimos se incrementado en 5.900 en el último año, mientras que el de mujeres lo ha hecho en 12.600, más del doble.
Entre los funcionarios y el personal laboral también ganan las féminas, aunque con algún matiz. De los 167.065, son mujeres 95.823, por 71.242 hombres. Ellos son más en el Sector Público del Estado (23.400 frente a 10.300) y, por poco, en el Sector Público de la Administración Local (19.200 frente a 18.700). Las mujeres son amplia mayoría en la Junta: 66.700 frente a 28.400.
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