Mañueco apoya tramitar en las Cortes la Ley de Derechos al Final de la Vida que aprobó con Cs

Francisco Igea, ahora procurador único naranja, planteaba en el hemiciclo retomar la tramitación del texto, que refuerza el derecho a la información de pacientes y familiares, impulsa el testamento vital que recoge las voluntades finales de los ciudadanos y rearma los servicios paliativos. El proyecto fue frenado en seco por el adelanto electoral de diciembre de 2021 y tendrá ahora una segunda oportunidad. Y así será, tras una votación que se saldó con 68 síes y 13 noes. Estos últimos de la bancada de Vox.

Paloma Vallejo puso voz a la posición del PP en el hemiciclo y a ese apoyo «por convicciones». Reconoció la dificultad del debate y recordó que a dos socios en una coalición les unen unas cuestiones y les separa otras y que eso debe verse sin drama en algo que «no afecta al programa de gobierno» suscrito con Vox. La parlamentaria popular defendió el derecho a la vida, pero también «a fallecer dignamente» y con el «mínimo sufrimiento físico y psíquico», garantizando «unos buenos cuidados paliativos», antes de centrar el terreno de juego que abría la votación: el inicio del debate en las Cortes en un trámite en el que el texto que impulsaron en su día PP y Cs se puede «mejorar» con enmiendas. Vallejo lamentó que a nivel estatal se haya impulsado una ley que regula la eutanasia, a la que su partido votó en contra, y no una norma que refuerce los cuidados paliativos, que es el área que aborda la proposición autonómica que ha retomado el camino en Castilla y León.

Este proyecto de ley fue el primero cuya tramitación impulsó el Gobierno de Cs y PP. Inició las consultas en julio de 2019. «No hablamos de eutanasia», destacó Francisco Igea. «Se trata de derechos, de plenos derechos hasta el último día, hasta el último aliento», remarcó el exvicepresidente de la Junta, que insistió en la necesidad de garantizar por ley ese derecho a recibir una información clara y veraz que permita al ciudadano decidir, por ejemplo, si sigue con un tratamiento de quimioterapia o sobre una sedación ante una situación terminal que implique sufrimiento a la persona.

Vox se opuso a la tramitación, entre otras cosas, porque entendía que la norma «abría la puerta a la eutanasia», apostaba por «la cultura de la muerte»y relegaba el derecho a la vida . «¿Qué hay de malo en que el paciente en esta situación se ponga en manos del médico?», se preguntó el procurador Javier Teira Lafuente. Fueron los únicos. El resto de los grupos apoyaron retomar esa regulación, en un pleno en el que el PP había votado antes en contra de medidas que sus socios planteaban sobre energía. La bancada que encabeza Alfonso Fernández Mañueco votó en contra de exigir a Pedro Sánchez un Plan Nacional de Soberanía Energética «exento de toda imposición climática por parte de organismos supranaciones» y matizó mediante enmiendas las cuestiones más polémicas del resto de las propuestas de los de Juan García-Gallardo.

Fue una sesión en la que el PSOE anunció que llevará ante el juzgado la gestión de la Junta en los incendios de la Sierra de la Culebra, como ya han hecho, entre otras organizaciones el sindicato CC OO. «No darán explicaciones aquí, pero las darán en los tribunales», manifestó Ana Sánchez, vicepresidenta segunda de las Cortes procuradora socialista por Zamora, que tildó la actitud de los socios de «omertá», término con que se define el silencio impuesto por la mafia. Fue la reacción de la bancada de Luis Tudanca ante la oposición del PP, con el apoyo de Vox, a la creación de comisiones de investigación sobre los incendios en Zamora de este año y en Ávila, el verano pasado, que se unió al rechazo a reabrir la comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia que había echado a andar en abril de 2021.

El debate fue contundente en extremo y los grupos de la oposición pusieron el foco en Vox. Más concretamente en el cambio del sentido del voto de los de Abascal, que en la legislatura pasada apoyaron la investigación de las residencias en dos ocasiones. «¿Por qué hace un año sí era necesario y ahora sorprendentemente los que votaron a favor hacen lo contrario de lo que decía? No se trata de buscar culpables, sino de ver lo que falló y plantear soluciones. Les aseguro que en todos los años de profesión no he visto nada igual», manifestó Pedro Pascual, procurador de Por Ávila, al referirse a los geriátricos y la gestión de la covid-19, que él vivió en primera línea como médico de Emergencias. Nuria Rubio, procuradora del PSOE, recordó que en las residencias han fallecido por la pandemia 4.466 personas diagnosticadas, «a las que se suman aquellos que ni siquiera se contabilizaron» y aseguró que el voto de Vox les convierte en «cómplices» del PP.

El portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Menéndez, justificó que su formación se opusiera a la creación de una comisión que había apoyado desde la oposición en el hecho de que todas las denuncias presentadas ante la Fiscalía y los juzgados, entre ellas las que su partido había registrado, o no se han admitido a trámite o se han sobreseído. «Vox siempre se opone a comisiones de investigación por hechos que se encuentran judicializados», subrayó el portavoz. Esta decisión, en la práctica, se convierte en un escudo que salvaguarda del escrutinio parlamentario la gestión del PP, en coalición con Cs en el caso de la residencias, y en alianza recién estrenada con Vox en los incendios recientes de Zamora.

Al criterio de la judicialización sumó Menéndez otro enarbolado semanas atrás desde el PP: el cobro de dietas por participar en las comisiones por parte de los procuradores que no tienen sueldo en las Cortes. Miguel Ángel García Nieto, del PP, subrayó que en el caso de las residencias «no se necesita investigar lo que ha sido claro, transparente y público desde el primer día» y añadió que, además de para «cobrar dietas», las comisiones solo sirven «para molestar a un montón de gente» a la que se cita a comparecer en la Cámara. «Quédese con la mía», les replicó a los oradores del PP y Vox el abulense Pedro Pascual.

«Vox está con los castellanos y leoneses desde el sentido común», concluyó Menéndez, que animó a los impulsores de las comisiones a acudir de a la Justicia. El PSOE recogió el guante, en un pleno en el que hasta entonces había habido unanimidad para volver al reclamar, una vez más, al Gobierno de la nación las medias de fiscalidad diferencias y desgravaciones en la Seguridad Social para Soria autorizadas en enero de 2021 por las autoridades europeas y aún inactivas.