Escaño 82: El rastro de los daños

El dolor y la conmoción por la pérdida van de la mano con la indignación por lo ocurrido en muchas residencias de mayores convertidas, y perdonen la expresión, en morideros. ¿Cuántas? No hay confirmación oficial, porque la Ley de Protección de Datos ha jugado a favor de los centros privados más luctuosos y ha mutualizado el daño reputacional. Se han escondido tras ella, como tras un cristal velado que ha tratado por igual a los geriátricos limpios de covid que a aquellos en los que los médicos no daban abasto a firmar certificados de defunción. La Junta ha facilitado cifras generales, pero no ha señalado.

El coronavirus ha matado ancianos en 266 residencias de Castilla y León hasta sumar 2.544. Según el parte oficial, en 129 hay más de cinco fallecidos. Ese corte de cinco víctimas aporta una visión muy parcial. Sabemos que en la Asistida de Segovia o Los Royales de Soria, gestionadas ambas por la Gerencia de Servicios Sociales, ha habido 58 y 39 muertos. Son datos oficiales de la Junta sobre sus centros. No los hay de los privados y hay geriátricos que superan los 40, 50 y 60 fallecidos. Pero todo extraoficial, deducido por los grupos de whatsapp de familiares y por el trasiego de furgones fúnebres.

Ese aluvión de abuelos fallecidos en soledad ha propiciado un goteo de denuncias en la Fiscalía y va a generar reclamaciones contra la Junta. Por la gestión directa de sus residencias o por el deber de vigilancia que debía ejercer sobre los centros privados.

Lo estarán viendo venir en el Consejo Consultivo de Castilla y León, órgano que dictamina las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, en las que los ciudadanos exigen una reparación económica al considerar que la gestión negligente de una Administración les ha causado un daño.

La reclamación se presenta ante la Administración supuestamente dañina. En el Consultivo arbitran ese conflicto si la cuantía demandada supera los 6.000 euros, en el caso de la Junta, y los 3.000 para otras administraciones, y emiten un dictamen que no es de obligado cumplimiento, pero investido de la autoridad de su argumentación jurídica. Solo el año pasado firmaron 487. La mayoría por daños sanitarios. El fallo a favor del ciudadano, más allá de la indemnización, conlleva la reparación moral de probar que la Administración erró.

El Consejo Consultivo, que preside Agustín Sánchez de Vega, es un órgano de control de calidad en el ámbito jurídico autonómico. Nació en 2003 y el último consejero en incorporarse ha sido el expresidente Juan Vicente Herrera. Los máximos responsables de la Junta pueden sentarse en el Consejo hasta que cumplen los 75 años, en iguales condiciones que los tres consejeros elegidos por las Cortes, retribuciones incluidas: 78.010,76 euros anuales. Esa posibilidad de retiro, que la institución comparte con organismos hermanos del mapa español, le valió el apelativo de cementerio de elefantes. Frente a esa crítica están quienes defienden la visión de comunidad que aporta al Consejo quien ha lidiado con la gestión regional.

Antes que Herrera fueron consejeros los socialistas Demetrio Madrid y José Constantino Nalda. Juan José Lucas y Jesús Posada cumplieron los 75 años en la política activa en los madriles y a José María Aznar se le queda pequeño no el Consultivo, Castilla y León. Las Cortes aún esperan que tenga a bien recoger la Medalla de Oro que le concedieron en 2007.

De vuelta 2020 y al Consultivo, el tapón de operaciones y pruebas sanitarias suspendidas para hacer frente al coronavirus será también campo abonado de reclamaciones venideras. Al tiempo.

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