El Procurador del Común pide Internet y telefonía para los consultorios rurales

«La evolución de las necesidades asistenciales asociadas al proceso de envejecimiento poblacional origina año tras año demandas ciudadanas reclamando nuevos esfuerzos», dice el informe firmado por Tomás Quintana. Y este año sus recomendaciones han cobrado interés renovado a la vista de lo ocurrido durante la primera ola de la pandemia, principalmente. Ya antes de la llegada del virus pedía «el establecimiento de inspecciones periódicas obligatorias en las residencias para personas mayores de nuestra Comunidad Autónoma y su realización por equipos multidisciplinares». Las quejas en este sector se recrudecieron en 2020. Se recibieron 69 por el funcionamiento de las residencias de mayores, 39 de ellas relacionadas con la covid-19.

La Junta de Castilla y León prepara una nueva ley para los centros sociosanitarios. Y en esa ley el procurador del común pide incorporar algunas cuestiones relevantes, dado lo ocurrido durante la pandemia, cuando la Consejería de Familia ha denegado ofrecer los datos de mortalidad desglosados de las diferentes residencias privadas, por ejemplo. Así, pide que la normativa permita «hacer públicos los criterios de inspección, las actas levantadas por los técnicos inspectores de las visitas realizadas a los centros residenciales de mayores (públicos o privados) -resalta- y su resultado». Y utiliza un argumento contundente. «Estamos convencidos de que los sistemas opacos siempre benefician a los incumplidores, por lo que frente a una mala praxis, la transparencia es el mejor antídoto».

Quintana expone unos datos, en la adenda sobre las quejas relacionadas con la covid-19, que avalan la necesidad de esa transparencia que reclama. «En las residencias de titularidad pública, con una ocupación inicial de 10.886 plazas, el volumen de contagios fue a 30 de junio de 2020 de 2.063 residentes. En las residencias de titularidad privada, 6.025 residentes contagiados en relación con la ocupación inicial (31.973)».

En el caso de las residencias, y asumiendo que nadie estaba preparado para afrontar una pandemia de estas características, el procurador del común hace ver que «la falta de planes de contingencia al inicio de la crisis, como medio de conocimiento de las condiciones reales de los centros y de las respuestas asistenciales adecuadas, tuvo efectos devastadores tanto en contagios como en fallecimientos».

En relación a los propios centros, señala que «las limitaciones infraestructurales de los centros, bien por el tamaño de los inmuebles o el diseño arquitectónico, también dificultaron la organización de la respuesta a los brotes epidémicos», con el aislamiento por zonas, por ejemplo, inviable en algunos de los centros. Y eso coincide con otra petición que hacía al referirse a la necesidad de adecuar la normativa a las nuevas necesidades y modos de atención geriátrica: que se establezca «como requisito legal indispensable para las nuevas residencias que se instalaran en esta Comunidad contar con espacios al aire libre, con una superficie expresamente determinada en función de las plazas autorizadas en cada centro».

La recomendación final de Tomás Quintana, tras analizar todas estas cuestiones, es rotunda. «Debemos insistir en la necesidad de no demorar en el tiempo el replanteamiento de un nuevo sistema de atención residencial para personas mayores».

«Una corta distancia (por ejemplo, 5 kilómetros) puede resultar insalvable para algunas personas para las que sin duda resulta de extraordinaria utilidad la existencia de los distintos consultorios locales», decía el procurador del común antes de conocer la polémica por el desplazamiento de los mayores en el medio rural para poder vacunarse, y las palabras del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, al respecto: «Cualquiera con un poco de sentido común entiende que es más fácil que las personas vayan al centro de vacunación a que el centro de vacunación vaya a las personas». A lo largo de su memoria anual, Quintana hace referencia en varias ocasiones al esfuerzo económico que ha supuesto para muchos ayuntamientos pequeños adecuar sus consultorios locales, cerrados por la pandemia y en estado de revisión tras la puesta en marcha por parte de la Consejería de Sanidad del Plan Aliste en febrero de 2020, poco antes de que eclosionara la pandemia en Castilla y León.

La llegada del virus ha endurecido las dificultades, con líneas telefónicas colapsadas, falta de facultativos -pedía el procurador que se arbitraran «sistemas de control de la asistencia de los profesionales» para evitar ausencias sin justificar y confusión en los pacientes- y escasez de atención presencial.

Sin embargo, Tomás Quintana ya había reflejado la «necesidad de abordar adecuadamente la forma en que se presta la asistencia sanitaria en el mundo rural, especialmente en este momento de pandemia pero no únicamente». Un ejemplo era el expediente sobre el control de coagulación y dispensación del Sintrom en un municipio leonés. Las dosis de este medicamento, que toman unas 700.000 personas en España, se regulan en función de los niveles de coagulación que presenta el paciente, que deben medirse con frecuencia. «Esta cuestión se ha visto agravada con el cierre de los consultorios locales por la pandemia, si bien no hemos calificado el expediente como tal porque la problemática es mucho más profunda», explica. El ejemplo se daba en Villamoratiel de las Matas (León), «cuyos vecinos habían de acudir unos días a Mansilla de las Mulas y otros a Matallana de Valmadrigal, lo que provocaba importantes problemas para personas de avanzada edad, como son la mayoría de los usuarios de esta prestación».

Mientras el 5G empieza a expandirse por las ciudades, el medio rural aún padece agujeros en la cobertura y dificultades para acceder a los servicios digitales. La oficina del Procurador del Común lo ha reflejado en otras ocasiones, pero esta vez las peticiones, centradas sobre todo en Educación o en Sanidad, se han visto acompañadas por el aumento de la «población flotante». «Muchos ciudadanos, una vez levantado el confinamiento, acudieron a segundas residencias, si no se habían instalado ya en ellas para gozar de más espacio o de contacto más estrecho con la naturaleza durante el período de confinamiento forzoso, lo que hizo que se aumentase en muchas localidades la llamada población flotante», refleja el informe.

Quintana intervino ante las consejerías de Sanidad o de Educación para reclamar que se garantizase, por ejemplo, la conectividad de los consultorios rurales o la de los estudiantes en el trimestre final del curso 2019-2020. Y aclaraba, eso sí, «con independencia de la necesidad de resolver el problema de fondo de la ausencia de línea ADSL en sus localidades». En este caso alertaba de la brecha educativa que podía abrirse entre estudiantes con acceso a Internet rápido y estudiantes sin él. Una desigualdad que ya se sufre, advierte. «La ausencia o insuficiente calidad en el acceso a los servicios de internet y telefonía móvil atenta así contra la propia igualdad de los ciudadanos, enfrentados cada vez más en estos enclaves rurales a las dificultades que suponen no solo la despoblación y el envejecimiento poblacional, sino también a las derivadas de los obstáculos añadidos por la ausencia de unas condiciones adecuadas de acceso a dichos servicios, indispensables, por otra parte, para el desarrollo de cualquier actividad económica», enfatiza la memorial anual. Y recuerda que la Ley de Procedimiento Administrativo Común obliga en muchos casos a utilizar medios electrónicos «para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo». Lo cual es inviable sin la conectividad adecuada. Hace constar el caso de los trámites bancarios, con un acceso «cada vez más complejo e inaccesible en el ámbito rural ante el elevado cierre de oficinas y sucursales financieras».