Pymes y autónomos de Castilla y León, entre los mejores pagadores de España

El periodo máximo de pago es de 30 días para las Administraciones Públicas y de 60 para el sector privado después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios. No obstante, la ley también establece que el plazo puede ampliarse siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. Teniendo en cuenta que el plazo medio pactado por las empresas en el primer trimestre fue de 80,05 días, el periodo medio de pago se situó en España en 95,49 días y en Castilla y León, en 93.

El retraso medio en los pagos supera los 15 días en España por primera vez desde finales de 2021. El año pasado mejoró por las inyecciones de fondos y avales. En el caso de Castilla y León, en el cuarto trimestre de 2022 se encontraba en 11,64 días, uno de los más bajos de la serie.

Los sectores Extractivo y de Transportes registran las mayores subidas en los retrasos, mientras que la Administración (un retraso de 28,50 días) y la Hostelería (24,12) son los sectores con los plazos más dilatados en el primer trimestre, en el que las microempresas son el segmento que sufre el mayor repunte. Los sectores con los retrasos más cortos son Industria (12,07 días) e Industrias extractivas (12,20). También por debajo de la media de 15,45 están la Sanidad (15,34 días), la Educación (15,13), el Comercio (14,09) y las Comunicaciones (14,05).

La proporción de pagos puntuales se reduce en España en el primer trimestre y se sitúa en un 42,45%, con una disminución de 1,90 puntos con respecto al trimestre anterior. En Castilla y León pagan según marca la ley el 46,40% de las empresas, mientras que otro 46,60% se demoran hasta 30 días. El 2,64% tardan entre 31 y 60 días; el 1,18%, entre 61 y 90 días y otro 1%, entre 91 y 120 días. Hay un 2,18% de empresas que pagan las facturas en un plazo que excede los 120 días.

El presidente de la Plataforma contra la Morosidad, Antoni Cañete, recuerda que «en un contexto de incremento de la inflación, encarecimiento de la financiación y subida del tipo de interés de demora en las operaciones comerciales, se hace necesario erradicar la morosidad, una lacra arraigada en la cultura de nuestro país»,

«No nos informamos de nuestros derechos y continúan los abusos de posición dominante que, en cierta manera, aceptamos por miedo a perder el cliente». Según la plataforma, el 94% de los proveedores no exigen la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago lo que, para Cañete, «demuestra la inutilidad de una ley que no sanciona su incumplimiento».