Cada punto de subida salarial para 2023 supondrá a la Junta 44 millones de euros

Es el Gobierno central, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el que marca el tope de incremento salarial al resto de administraciones. Eso está sin concretar. En este momento, la revisión de las retribuciones tiene un peso en la confección de las cuentas mayor que en ocasiones anteriores. En el caso de la Junta de Castilla y León, un ejercicio como los de años atrás, con una inflación que no excedía del 2% el incremento sobre una partida de 4.405 millones de euros resultaba manejable. Con un IPC que supera el 10%, se puede desmelenar. Cada punto son 44 millones de euros.

La horquilla de oscilación es considerable. En un plano teórico, podría ir desde la nada previsible congelación salarial, el no incremento, a los 10 puntos o más. De la subida cero de la partida a un recrecimiento de 440 millones de euros.

El proyecto de presupuesto autonómico para 2022, al que la disolución de las Cortes por el anticipo electoral dejó a las puertas de ser aprobado a finales de diciembre pasado, consignaba 4.404,8 millones de euros para personal. Esas cuentas quedaron en papel mojado y se prorrogaron las de 2021, que reservaban para retribuciones 4.214 millones de euros, pero el Gobierno en funciones, ya solo con consejeros del PP, tramitó un decreto ley para aplicar al personal de la Junta (y a los altos cargos) el incremento retributivo que contemplaba el presupuesto 'nonato', del 2%.

Eso situó el capítulo de personal por encima de los 4.400 millones, que es el 'suelo' del que se parte para las cuentas de 2023.

Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, avisó días atrás, ante el retraso de la Junta en presentar el techo de gasto para 2023, que debe remitirse a las Cortes para su aprobación y es un paso indispensable para tramitar luego el presupuesto autonómico para el próximo año, de la dificultad de cuadrar gastos sin tener certeza del margen de actualización de las retribuciones de los empleados autonómicos.

Las miradas convergen en Madrid. El Gobierno de Pedro Sánchez afronta esta semana que entra una negociación con las centrales sindicales que representan a los empleados públicos. El planteamiento de partida de estos últimos es que arrastran un acumulado de pérdida de poder adquisitivo por los recortes de la crisis de 2008 a los que se suma ahora el efecto de una inflación galopante. Y piden soluciones.

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) citó a empleados públicos de toda España ayer, en Madrid, en demanda «una actualización salarial en 2022 que compense la inflación y un acuerdo plurianual que devuelva el poder adquisitivo perdido desde 2010». Los que se desplazaron desde Castilla y León (unos 4.000, según el sindicato) consideran que en la comunidad hay más razones para aplicar esa exigencia. «Hay que tomar medidas cuando la inflación en nuestra comunidad es casi dos puntos más que la de la media nacional, o el salario bruto es 500 euros menos mensuales, que en la media nacional», argumenta Benjamín Castro presidente autonómico de CSIF. El IPC anual se sitúa en el 10,5% en España y sube al 11,8 en Castilla y León.