167 pueblos se autoexcluyen del control de las aguas de consumo de Salud Pública en la región

La inmensa mayoría de los municipios de la comunidad, hay más de seis mil núcleos, está bajo el paraguas directo de Sanidad;pero hay 167 correspondientes a 65 ayuntamientos que se han autoexcluido de dicho control. Algo que es legal y que no implica que sus aguas sean insalubres; pero, evidentemente, la vigilancia no es la misma. Fuentes de sanidad indican que estas localidades, menores de 50 habitantes y algunas solo con cinco o quince vecinos, están excluidas oficialmente «pero cuando los inspectores van por la zona no suelen dejarlos fuera de ruta y les miran la cloración. Además, son pueblos que tienen un histórico de buena calidad de agua cuando dejan de controlarla. La mayoría lo hacen ellos mismos. Otra cuestión son los contaminantes químicos; pero son pueblos sin industrias, en realidad ni siquiera tienen bares», destacan las fuentes sanitarias.

Y ¿cuál es el problema para que no lo dejen en manos de la Junta? Pues sencillo, de recursos económicos. La inspección de Salud Pública obviamente, como toda su vigilancia sanitaria, es gratuita para estas localidades. Pero «el control del abastecimiento no discrimina, la normativa es igual para unas infraestructuras pequeñas que moderadas o grandes. Esto implica que una pedanía tiene que costearse personal, aplicaciones informáticas, mantenimiento de tuberías o fuentes... de toda la infraestructura porque tiene la obligación además de registrar en el SINAC, el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo, todas las mediciones y datos. Si no hay control, no hay gastos».

La única labor que realizaba la Administración, en esos casos, es tomar nota de estas bajas, deja de supervisar las actuaciones municipales en esta materia y únicamente comprueba que se informa de esta circunstancia a la población abastecida mediante bando, información que debía reiterarse, según señalaba, cada cuatro años. Así lo recoge un informe del Procurador del Común tras estudiar estas situaciones de descontrol o baja vigilancia.

Además, la autoexclusión de alguna de estas localidades debería haberse rechazado por disponer de alojamientos de turismo rural y otras por encontrarse «en zonas con alertas reiteradas por la presencia de nitratos, ni de otros contaminantes como arsénico o las que han sufrido recurrentes episodios de presencia de bacterias coliformes», destaca dicho estudio.

La Administración autonómica considera que «la salud colectiva en los ámbitos territoriales en los que existen varios abastecimientos no sometidos a vigilancia está garantizada por la información que se proporciona a los ciudadanos afectados», indica. No obstante, pone de manifiesto que, en algunos de estos municipios, «los ayuntamientos siguen realizando la desinfección del agua de consumo y efectuando los controles correspondientes».

La cuestión es que son pedanías o pueblos tan pequeños que el gasto es inasumible; pero, a la par, la falta de garantías y de servicios lleva a la despoblación precisamente de los pueblos, esa España vaciada. Son pequeños pero suman más de cuatro mil habitantes, sin considerar

Además, no afecta por igual a toda la comunidad. La desigualdad no solo se limitaba a vecinos de un mismo municipio o de estos con los colindantes, sino que pone de manifiesto desequilibrios territoriales; dado que hay provincias como Ávila, Segovia y Valladolid en las que ningún municipio ha solicitado la baja y, sin embargo, afecta intensamente a las provincias de León, Soria y Zamora.

El Procurador del Común destaca que «la solicitud de autoexclusión nunca debería propiciar la perdida de garantía sanitaria en un suministro público, de recepción obligatoria, implantado con fondos públicos y por el que habitualmente se abonan las correspondientes tasas y que por el solo hecho de que lo proporciona una administración pública genera una mayor confianza en su calidad y en su adecuación a criterios técnicos –en el tratamiento y desinfección– y sanitarios –que no existen contaminantes que puedan afectar a la salubridad del agua–. Garantía que, en estas localidades, a partir de este momento, ya no se ofrecería», indica.

Además, en la mayoría de estos lugares la población es muy mayor y, por lo tanto, más vulnerable y no cuenta con posibilidades de acudir a suministros alternativos con suficiente garantía. Es más, destaca este defensor del pueblo «se da la paradoja de que con la regulación actual y en el caso de que la localidad tenga que suministrarse mediante cisternas y depósitos móviles, por un episodio de sequía, por ejemplo, el ayuntamiento tendría la obligación de garantizar la salubridad y la desinfección del agua así proporcionada», garantía que perderían los vecinos en el momento en el que el agua se volviera a recibir a través de los grifos de sus domicilios. Tras las resoluciones del Procurador del Común, solo anunciaron que volverían a darse de alta.

Así, instó a todos los ayuntamientos a retomar las labores de desinfección del agua que suministran, «ya que dicha desinfección resulta imprescindible para evitar riesgos y enfermedades». Algo que considera imprescindible para garantizar el servicio público.

Deficiencias

Segovia, Palencia y Valladolid son las provincias con mayor porcentaje de clorimetrías iniciales con resultado adecuado, oscilando entre el 94% y el 98%, lo que las convierte en las provincias con las redes mejor desinfectadas de la comunidad, en la primera visita de inspección. Por otra parte, Soria, con solo el 71% de sus mediciones de cloro adecuadas desde el primer momento, es la provincia donde se han detectado mayores deficiencias.

En Castilla y León, durante el año 2018, la mayoría de los análisis (85,4%) calificaron el agua como apta para el consumo. Otros 3.600 resultaron válidos pero con un 'no conformidad'; lo que representa el 7% del total. Esto supone que se puede beber sin daño para la salud pero no es de óptima calidad, según los estándares normativos establecidos. La calificación menos frecuente en todas las provincias (0,2% del total) fue la de agua no apta para el consumo con riesgo para la salud.