![El PSOE hace palanca con el Diálogo Social y redobla su ataque al Gobierno PP-Cs en Castilla y León](https://s2.ppllstatics.com/elnortedecastilla/www/multimedia/202103/02/media/cortadas/tudancads-k0DI-U1306991527093cD-1248x770@El%20Norte.jpg)
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El Diálogo Social, o sus tres patas principales, UGT, CCOO y CEOE de Castilla y León, es uno de los órganos que peor ha digerido el cambio de Gobierno en la comunidad autónoma. La decisión de Ciudadanos de modificar algunas de sus estructuras se llevó ... por delante al ex consejero Germán Barrios, que mantenía buena relación con todos ellos, con la aquiescencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Desde entonces, los roces entre el Ejecutivo regional y el Diálogo Social han sido constantes, especialmente con la Consejería de Empleo e Industria que dirige Ana Carlota Amigo (Cs).
El último ha sido la decisión de suprimir la Fundación Anclaje y de modificar la financiación del Servicio de Relaciones Laborales (SERLA). El PSOE ha encontrado en esta fisura devenida grieta el sitio exacto en el que colocar la cuña que le permite redoblar el ataque al tándem de Gobierno PP-Cs. El acercamiento cada vez mayor se escenificó ayer con una rueda de prensa en la que participaron Vicente Andrés (CCOO), Faustino Temprano (UGT), Santiago Aparicio (CEOE) y Luis Tudanca (PSOE). Anclaje y Serla eran los motivos. «Suprimir Anclaje es una cortina de humo para tapar que quieren dejar todo como está, la administración paralela, esa trama de fundaciones con más de 600 nóminas que ha demostrado poca utilidad y mucho oscurantismo», lanzó Tudanca.
Los demás actores apoyaron la crítica sin ambages. «Vamos a pedir a PP y Cs, que suscribieron este documento, que retiren esa propuesta firmada el otro día», apuntó Vicente Andrés. Que volvió a incidir en el punto de la conflictividad excesiva que se ha creado con el Diálogo Social. «De los 16 entes en cuestión, 14 son entes en los que la administración tiene capacidad de decisión exclusiva, no necesitan consenso con nadie. Pero hay dos que solo pueden suprimir si gozan del apoyo y unanimidad de los que estamos presentes. Donde no pueden, intentan hacerlo. No podemos sacar otra lectura que la de que se trata de un ataque directo al Diálogo Social».
Faustino Temprano advirtió de que en la «pasada crisis» el Diálogo Social fue «un baluarte». Algo que ahora, a su juicio, ha cambiado. «Ahora se atenta contra el Diálogo Social poniendo problemas a fundaciones que han funcionado bien, que han sido rentables para la comunidad autónoma. Que han buscado el mantenimiento de empresas y empleo y que haya paz laboral».
Y Santiago Aparicio puso el colofón resumido. Habló incluso de «persecución». «No sé si desde la Consejería de Empleo saben lo que representamos UGT, CCOO y CEOE Castilla y León. Es una ignorancia total y absoluta», espetó el representante de la patronal.
La palanca se la brindaron, con prudencia, a Tudanca cuando se les preguntó por cómo valorarían una moción de censura de los socialistas. «No nos corresponde», dijeron Temprano y Andrés, pero el de CCOO aclaró: «Hay un clima insoportable en esta comunidad autónoma y eso sí lo hemos hablado. El Gobierno de Castilla y León no puede gobernar contra los ciudadanos». Para Andrés se requiere «un cambio de actitud, si no de personas, de actitud». Y Santiago Aparicio se limitó a replicar que «siempre» colaborarán «con el Gobierno que esté en cada momento al frente de la comunidad».
El viceconsejero de Empleo, David Martín, aclaró ayer los términos de la subvención a Agroávila y su papel en una de las empresas fundadoras de esta asociación que agrupa a sesenta firmas, después de que Juan Saborido, de la Confederación Abulense de Empresarios, pidiera su dimisión por entender que beneficiaba a una empresa en la que trabajó. «La subvención es para el Plan de Fomento, es una ayuda directa a una asociación agroalimentaria con más de 60 empresas», explicó Martín. Se trata de un dinero destinado a la construcción de una plataforma logística. Martín prestó servicios como abogado, «dos o tres meses», en cuestiones laborales, para la empresa Addit, una de las seis que fundaron la asociación en 2018. Junta, Diputación y Ayuntamiento aportarán 2 millones a esa infraestructura.
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