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La palabra es «isocrona». Que en la RAE solo existe como «isócrona» y que quiere decir, en el anteproyecto de ordenación territorial, que es la distancia, medida en tiempo, que debería existir, como máximo, entre cualquier núcleo rural y los servicios generales, que el mismo documento define en un breve listado: «atención sanitaria de nivel primario, educación infantil y primaria, prestaciones sociales esenciales, transporte público de viajeros, sobre todo en relación con los servicios anteriores, acceso a Internet y a redes de telecomunicaciones».
Esa «isócrona» se traduce a 30 minutos en el anteproyecto de ley. Y Virginia Barcones, procuradora socialista, lo convierte a su vez en kilómetros, «unos 40 ó 45». Bastante, asegura Barcones, como para que este documento sea «la llave para cerrar muchas puertas de servicios públicos en nuestra comunidad». «Según nuestra estimación implica acabar cerrando 40% de los centros de salud y la mayoría de los consultorios. Piensen dónde tendrían que situarse para estar a 30 minutos de los servicios. Es un límite abierto a discrecionalidad absoluta, sin garantía de mantenimiento de los servicios públicos esenciales que se están prestando», asegura.
La división en áreas funcionales urbanas y rurales, con los matices que incluye el anteproyecto, tiene su traslación gráfica a mapas. Sin embargo, la procuradora socialista asegura que no se ha mostrado ni un solo mapa que indique cómo se van a prestar los servicios y en qué áreas. El documento sí habla, por ejemplo, de que en una determinada área funcional pueden tener cabida municipios de diferentes provincias y luego encarga a las diferentes delegaciones territoriales «el estudio previo para la delimitación inicial de las áreas funcionales rurales», las más polémicas por la dificultad de aunar los servicios en zonas con densidad de población escasa, «en colaboración con las entidades locales, los agentes económicos y sociales, las asociaciones y otras organizaciones o agrupaciones relacionadas o interesadas en el desarrollo rural en el ámbito de la provincia».
La respuesta del PSOE llegará «desde abajo», según Barcones. «Esta mañana, a petición de la Ejecutiva Autonómica, se ha convocado el consejo de alcaldes para el viernes 28 en Burgos, donde todos juntos marcaremos la posición que llevará el grupo parlamentario en las Cortes en defensa del medio rural». En esa posición cobrará fuerza la oposición frontal a que se modifique la mayoría de dos tercios que se estableció como necesaria para poder aprobar la ley de ordenación del territorio, y que Ciudadanos y PP abogan por reducir a mayoría absoluta.
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