La aplicación de la eutanasia podrá solicitarse en Castilla y León desde el viernes

Esa urgencia permite «la supresión de los trámites de consulta previa y participación». Con el calendario encima, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobará este jueves la creación de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia.

Este órgano será el centro neurálgico que regulará la aplicación del polémico acto médico. Se aprobará una semana después de que Sanidad creara el Registro de Objetores para que los sanitarios puedan rechazar participar en su aplicación. Un orden de prioridades que ha llevado a colectivos médicos a afirmar, desde un prudente anonimato, que «se está animando a la profesión médica y de enfermería a que objete».

Esa Comisión de Garantía estará formada por 17 profesionales que nombrará la Gerencia Regional de Salud. El texto establece «un adecuado equilibrio entre médicos y juristas», ya que habrá siete de cada perfil. Los otros tres serán otros profesionales sanitarios con «formación en bioética y ética asistencial». A todos ellos se les pedirá cinco años de experiencia profesional.

Se da entrada a dos médicos de la medicina privada, algo que ha provocado el rechazo y las alegaciones de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que lleva 36 años luchando para que entre en vigor esta opción.

Cuando se abra una petición, «la tarea de verificación inicial recae en un equipo formado por un profesional médico y un jurista de la Comisión», establece el decreto. Los 17 elegidos deberán ser refrendados por la Comisión de Bioética de Castilla y León por «el componente ético de las decisiones clínicas y la complejidad de la situación física y emocional en que se encuentran las personas en el momento de tomar la decisión de solicitar la prestación de ayuda a morir», afirma la Memoria del proyecto.

Los informes de la Junta aseguran que la práctica de la eutanasia no «conlleva incremento de gasto público», ni organizativo. De hecho, ninguno de los miembros de esa Comisión de Garantía cobrará nada por participar.

Las fuentes consultadas confirman que el Sacyl espera la ayuda de la Comisión Interterritorial de Salud (que reúne al Ministerio y a las regiones) para que les surta en los próximos días de un Manual de Buenas Prácticas y de los modelos de documentos necesarios para cumplir la norma.

En la clase médica hay 'expectación sorda'. «Es un 'impasse' hasta que se ponga en marcha. Todos pensamos que no ha habido mucho plazo. Pero, si hay que poner en marcha la maquinaria, se hará», resume el presidente de la Comisión Deontológica del Consejo de Colegios Médicos de Castilla y León y expresidente de la Comisión de Bioética de Castilla y León, Antonio Blanco Mercadé.

No lo tienen tan claro en DMD Castilla y León. Son los únicos que están presentando una alegación tras otra. «Tendría que haber ya un mínimo de gente entrenada para tramitar. Ni siquiera las medicaciones a aplicar están distribuidas en España. El plazo se vence y faltan demasiadas cosas», explica el portavoz de DMD en Castilla y León y médico de Atención Primaria, Fernando Sanz.

La entrada en vigor del derecho a la eutanasia ha adelantado al proyecto de Ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida, uno de los empeños de la Junta en esta legislatura y que podría recibir recibir un acelerón en las próximas semanas. «Si una ventaja podría tener la eutanasia es que se impulsen más los cuidados paliativos -reflexiona la doctora y miembro de DMD Valladolid, Cristina Miner-. Nosotros defendemos ambas, al igual que el testamento vital. La eutanasia solo debe ser un aspecto más para que el final de la vida sea lo más digno posible».

Además de la Comisión de Garantía y Evaluación, la 'arquitectura' legal para la regulación de la eutanasia incluye un Registro de Profesionales Sanitarios Objetores. Este último, permitirá negarse a aplicar esta prestación, una decisión que «podrá ser revocada en cualquier momento». También establece que solo podrán acceder a este registro los «gerentes de Atención Primaria» y «los titulares de los centros privados donde se realice la prestación». Este registro es uno de los aspectos que más molestan a la clase médica. «No estamos muy de acuerdo pero, como está en la ley, hay que aceptarlo», contemporiza el presidente de la Comisión Deontológica regional, Blanco Mercadé.

Entre los facultativos ha provocado sorpresa el que la Comisión se gestione desde la Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria, mientras el Registro de Objetores será controlado por Sanidad Pública. «Es un disparate porque Sanidad Pública no gestiona nada sobre prestaciones del Sacyl. Y este proceso no va a funcionar bien si no hay una estructura bien coordinada», indican desde DMD.

Los defensores de la eutanasia miran con temor el ejemplo del aborto, un derecho desde hace 35 años pero que la amplísima objeción desde la sanidad pública ha derivado de forma casi exclusiva hacia los centros privados. «En este caso -advierte el médico y defensor de la eutanasia, Fernando Sanz- la objeción en bloque no debería ser posible porque se antepondría a un derecho de las personas. Aquí hay que hacer un esfuerzo de planificación».

Una persona mayor de edad y «en plena capacidad de obrar y decidir», siempre que sea de forma autónoma, consciente e informada. Español, con residencia legal o empadronado al menos un año en España.

Personas con un sufrimiento físico o psíquico intolerablepor padecer una enfermedad grave o incurable. Si no están en uso de sus facultades, deberán haber firmado antes unas instrucciones previas, un testamento vital o equivalente.

El paciente formulará dos solicitudes voluntarias y por escrito con una separación de 15 días. Tras la primera, su médico (en un plazo de dos días) realizará con él una deliberación sobre el diagnóstico, terapias y posibles cuidados paliativos. El proceso se repetirá tras la segunda solicitud. El enfermo podrá desistir en cualquier momento. Si persiste en su solicitud, su médico deberá darle traslado a la Comisión autonómica.

Confirmada la demanda de eutanasia, el médico tiene tres días para poner el caso ante la Comisión de Garantía de Castilla y León, que determinará qué dos de sus expertos (un médico y un jurista), ajenos al caso, examinarán la petición.

Los expertos tendrán siete días para emitir un informe que se hará llegar al médico responsable. En caso de rechazo, podrá recurrirse por vía contencioso-administrativa.

Tras firmar el consentimiento informado, el paciente comunicará al médico responsable cómo quiere recibir la ayuda para morir: que se la administren los facultativos o se la faciliten y se la pueda autosuministrar. Podrá ser en un hospital o en su domicilio.

La LORE deja abiertos aspectos clave como quien administrará el medicamento letal.