La Red de Protección de la Junta atendió en 2017 a 190.539 personas, un 3,3% más que en 2016

García, que ofreció estos datos en Valladolid antes de participar en una jornada técnica sobre el proyecto europeo PACT de innovación en servicios sociales, destacó que esta Red de Protección se consolidará y ampliará gracias a la ley que en estos momentos se tramita en las Cortes de Castilla y León.

El pasado año fueron 110.945 las personas atendidas a través de prestaciones de subsistencia, 1 por ciento menos que en 2016. Los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía cayeron un 4 por ciento, hasta las 36.643, mientras que el mayor descenso, un 14 por ciento, se experimentó en el servicio de entrega de alimentos, que pasó de 27.013 a 23.145 usuarios.

Por el contrario, las prestaciones profesionales se incrementaron un 20 por ciento, hasta superar las 59.000. En este apartado se incrementó un 25 por ciento el uso del servicio de información y orientación laboral a personas desempleadas, que atendió a más de 13.000 personas, y la utilización del apoyo técnico para personas vulnerables, que alcanzó los 29.120 usuarios (+6 por ciento).

Por su parte, las prestaciones destinadas a favorecer el empleo se incrementaron un 2 por ciento, con más de 20.000 personas apoyadas. En este apartado destacan los contratos de inserción, que permitieron la contratación de 5.570 personas, un 13 por ciento más que 2016.

Además, también aumentaron las medidas dirigidas a favorecer el acceso a la vivienda, que alcanzó las 10.643 personas (16,7 por ciento), o las ayudas para afrontar el pago de la luz o el agua, que pasaron de 8.916 a 10.076.

Por otra parte, Alicia García destacó la importancia del programa PACT -Modelo de gestión proactiva del caso-, ya que se trata de una iniciativa vinculada al programa europeo de empleo e innovación social y que ha sido seleccionada entre más de 1.300 solicitudes. En Castilla y León, este proyecto de investigación está liderado por la propia Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de León, Salamanca y Valladolid, la Diputación de Valladolid, EAPN Castilla y León y la Universidad de Valladolid.

Según resaltó García, el objetivo de esta iniciativa es poner en marcha un sistema más «inteligente y más predictivo», capaz de detectar los riesgos y oportunidades antes de que sucedan. En este sentido, la consejera recalcó que estas investigaciones son muy importantes ya que la información acumulada en el sistema de servicios sociales unido al uso de ingenierías de tratamiento de datos, podría en un futuro permitir saber con antelación en qué momento una persona necesita ayuda.

En el proyecto, cuyos primeros datos no se tendrán hasta finales de año, están trabajando en la actualidad un centenar de profesionales.

Por su parte, el presidente de EAPN Castilla y León, Daniel Luque, mostró su satisfacción por la puesta en marcha de este proyecto, ya que supone un «cambio de mentalidad y sitúa en el centro a la persona que necesita ayuda». Luque puso en valor la figura del gestor de caso, que se convierte en un acompañante y destacó que se trata de un modelo que pone al alcance de todas las personas las mismas herramientas.