Castilla y León

La prórroga del presupuesto priorizará pagos: nóminas, intereses de deuda...

La prórroga es automática cuando no hay cuentas. Lo establece así el artículo 89.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que garantiza que no haya ruptura en la gestión de los servicios públicos. El pago de los intereses de la deuda y el ingreso de las nóminas de los más de 91.000 empleados públicos que conforman la plantilla de la Junta son prioritarios. Pueden ralentizarse obras nuevas y líneas de subvenciones.

La normativa establece limitaciones a los gestores públicos cuando se tienen que valer de una prórroga presupuestaria, porque se considera una situación excepcional. Los presupuestos facilitan la aplicación de nuevos beneficios fiscales que sin ellos se demoran hasta que se aprueben o se tramiten en una ley por separado, que implica más tiempo. Esta es una opción que el actual gobierno tomó en 2022 para suprimir las tasas de caza y pesca al no haber cuentas autonómicas. Algo similar ocurrió en 2019, cuando Juan Vicente Herrera optó por prorrogar el presupuesto. Eso dejó sin efecto la decisión de rebajar entonces las tasas universitarias.

El decreto que regula la prórroga puede declarar indisponibles para gasto partidas de las cuentas cuya vida se alarga para evitar que se descontrole el gasto. No es previsible que la Junta utilice este mecanismo en este momento. Se prevé una prórroga con medidas suavizadas, 'blanda', pero que reforzará las atribuciones del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, para controlar ese gasto. Las consejerías están obligadas a justificar cada obra, iniciativa o línea de subvenciones nuevas. Mientras no haya presupuesto que consigne partidas para ellas, la financiación de esos proyectos requerirá el visado del equipo de Fernández Carriedo.

Obras en marcha, subvenciones aprobadas y pensiones y subsidios (caso de la Renta Garantizada de Ciudadanía) con beneficiarios con derecho reconocido a 1 de enero no se verán afectados. Tampoco las partidas que pagan el funcionamiento cotidiano de centros escolares, sanitarios, sociales, sedes de oficina y demás. La incertidumbre sobre cómo iba a funcionar la Administración autonómica que generó la prórroga con la que Castilla y León estrenó 2012, en plena crisis, se despejó ese año y los varios que llegaron después sin presupuesto efectivo: 2019, 2020, 2021 y ahora 2023.

El uso ha quitado hierro a la excepcionalidad de gestionar sin presupuesto aprobado y con una prórroga. Es algo que se ha normalizado en Castilla y León. El presupuesto estrenado en 2018, último de la etapa de Juan Vicente Herrera, aguantó 2019, volvió a prorrogarse en 2020 y a reprorrogarse para encarar el inicio de 2021. El gobierno entonces de PP y Cs sacó adelante el presupuesto de ese año en febrero y esas cuentas volvieron a estirarse durante todo el 2022, porque el adelanto electoral impidió aprobar el presupuesto que habían confeccionado entonces Mañueco y Francisco Igea y la pretensión inicial del popular de repescar las cuentas tras las elecciones se frenó en seco al asociarse con Vox.

La Junta siguió en modo prórroga hasta que en diciembre pasado se aprobó el presupuesto para 2023, no sin polémica por el error de los socios al votar que demoró la entrada en vigor de medidas fiscales al tener que retramitar la ley.

Castilla y León vuelve al modo prórroga. La previsión inicial es que no se alargue todo el año y sea por unos meses. Carriedo ha insistido en que el proyecto de presupuestos para 2024 está avanzado, pero que faltaban datos como el objetivo de déficit y las entregas estatales a cuenta que el Gobierno ha facilitado oficialmente este mes. La decisión de no presentar presupuesto ha generado críticas desde la oposición. Entienden que otras comunidades han elaborado presupuestos con datos provisionales, que los tienen listos para evitar los lastres de gestión que conlleva la prórroga y que eso podía haber hecho el Gobierno de Castilla y León.