Al menos 31 procuradores presentan fuera de plazo o tramitan erróneamente su declaración de bienes

Los procuradores están obligados a comunicar mediante esta declaración las actividades remuneradas que desarrollan y los bienes, como inmuebles, vehículos, depósitos bancarios, acciones, incluso hipotecas, que sean de su titularidad.

Apenas un par de días después de efectuar esta consulta, al final de esta semana, buena parte de los que tenían pendiente presentar o solventar fallos se habían puesto al día. Desde la Secretaría General de las Cortes contabilizaron este viernes como pendiente la falta de 5 declaraciones de bienes y de 7 declaraciones de actividades. «El resto está todo registrado, va sobre ruedas», remarcaba el letrado mayor y secretario general del parlamento autonómico, Marcos Martínez-Tutor.

A falta de información concreta sobre los procuradores que han presentado en plazo la documentación y los que no, las únicas que se pueden consultar abiertamente en el portal web de las Cortes son las de los 28 procuradores del PSOE, disponibles desde hace días, y dos de parlamentarios de Vox que se han incorporado este viernes: la declaración de bienes y actividades del portavoz, Carlos Menéndez, y la del leonés Miguel Suárez Arca. En los próximos días se irán sumando a la ficha abierta del resto de procuradores sus declaraciones de actividades y de bienes, a medida que los funcionarios de las Cortes tramiten las mismas, salvo que alguno de los interesados se oponga a que se pueda consultar esta última. Lo habitual es la publicación.

Los procuradores de Castilla y León «deben formular personalmente declaración detallada de todas las actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, así como de sus bienes patrimoniales», recoge una resolución de las Cortes, que amplia el Reglamento de la Cámara tras la puesta en marcha. La declaración de actividades es pública, pero la que refleja los bienes patrimoniales puede no serlo si el procurador así lo decide.

Este doble tratamiento de los datos implica que el Registro de Intereses de las Cortes se articule en dos secciones con dos libros diferenciados. El secretario general, como custodio de las declaraciones, inscribe en la primera sección las actividades declaradas por los procuradores y en la segunda los bienes que conforma su patrimonio. «El contenido de la primera sección será público», recoge la ampliación del Reglamento, que prevé como fórmula de acceso la solicitud por escrito de quien esté interesado, aunque en el caso de los 30 parlamentarios cuyas declaraciones están ya operativas en la web de las Cortes son datos abiertos al público.

La demora en la presentación de las declaraciones y su presentación fuera de plazo no implica sanción alguna para los rezagados. Desde la Secretaría General circunscriben esta situación a despistes y confusiones con los formularios web que deben emplear los parlamentarios para facilitar estos datos a las Cortes.

Hacer públicos estos datos sobre actividades y patrimonio es norma común en los parlamentos nacionales y autonómico y entre responsables públicos que se dedican a la gestión. Los altos cargos de la Junta de Castilla y León también están obligados a presentar sus declaraciones personales. Entra dentro de las iniciativas de transparencia y regeneración política porque facilitar visualizar si existen conflictos de intereses entre la actividad privada y la pública o si se produce un enriquecimiento del parlamentario o alto cargo que pueda considerarse de origen ilícito. Es un documento no muy extenso, más bien sucinto y articulado, en el caso de las Cortes de Castilla y León, en formato de ficha. Los procuradores reflejan también las deudas que tienen.

Un caso práctico de aplicación de esta medida se dio con el viceconsejero Rafael Delgado, que se sentará en el banquillo por delitos de corrupción a cuenta del cobro de comisiones para expedir autorizaciones de parques eólicos y por la compraventa del edificio de Arroyo de la Encomienda conocido como Perla Negra y los terrenos del polígono fallido de Portillo. El exalto cargo del PP presentó su declaración de bienes en 2009, como secretario de la Consejero de Economía y Empleo. Desde la Junta se cotejaron datos en 2015 y no hallaron «enriquecimiento ilícito» o «desmesurado». La Agencia Tributaria apuntaba entonces la recepción de más de medio millón de euros de origen desconocido procedentes de Suiza.