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El Procurador del Común de Castilla y León da un toque de atención al Gobierno autonómico de coalición de PP y Vox y le requiere que «proceda a la convocatoria anual de las ayudas o subvenciones por nacimiento o adopción» contempladas en la legislación autonómica, ... con el objeto de «apoyar económicamente a quienes decidan ampliar el número de miembros de la familia y de contribuir a la reactivación de la natalidad».
Tomás Quintana firma esta resolución, que ha hecho llegar a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, tras culminar una investigación de oficio sobre el apoyo autonómico al fomento de la natalidad en Castilla y León en la que ha constatado que la Junta lleva desde 2008 sin convocar este tipo de ayudas económicas. La normativa vigente en la comunidad obliga a la Administración autonómica a publicar convocatorias anuales. Algo que no ha ocurrido «ni en este ejercicio de 2022 ni consta que se haya convocado desde 2008», recoge la resolución del Procurador del Común, por lo que urge a corregir esa situación.
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Quintana llama la atención sobre la situación demográfica de Castilla y León. Subraya que es una comunidad que sufre un «especial envejecimiento de la población, al que contribuye la dispersión geográfica, que actúa en detrimento de las poblaciones con menor número de habitantes, el aumento de la esperanza de vida, y una cada vez más baja natalidad». Ese descenso de partos es algo que constata año tras año el Instituto Nacional de Estadística, cuyas cifras arrojan «una previsión de futuro poco alentadora» para Castilla y León.
«La natalidad es un beneficio para todos, de forma que ayudar a las familias a soportar las indudables cargas que supone el nacimiento o adopción de un hijo es una medida de indudable interés público y social», manifiesta el Procurador del Común.
La Consejería de Familia, que dirige Isabel Blanco (PP), trasladó a Tomás Quintana las líneas que habían convocado en 2022 como apoyo a la natalidad. En concreto, cuatro: el Programa Crecemos, con la red de centros infantiles de 0 a 3 años en municipios rurales; el Programa Conciliamos, para cuidado de escolares en periodo de vacaciones; las ayudas por excedencia y reducción de jornada par cuidado de menores y dependientes, y las ayudas por gastos de conciliación en hogares con niños de menos de 3 años, conocida como Bono Concilia.
«Sin restar importancia alguna a la aplicación de estas líneas de apoyo, el fomento de la natalidad no puede descansar únicamente en las mismas», argumenta el Procurador del Común, que recuerda al equipo de la Consejería de Familia que existe un decreto de 2001 en el que se recogen ayudas económicas por nacimiento y que la Ley de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León, aprobada por las Cortes en marzo de 2007, incrementó su cuantía en caso de bebés con discapacidad y para partos o adopciones múltiples.
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