El Procurador hace responsable a la Junta de la gestión del transporte sanitario

La patronal mantiene que la huelga es ilegal y los trabajadores reclaman el cumplimiento salarial y de protección laboral y otras cláusulas del contrato y llevarán estos «incumplimientos» a los tribunales.

Y Sacyl se despreocupa del conflicto generado, tal como ya declaró ante el anuncio de los paros el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, en Palencia: «Nosotros no somos la empresa para la que trabajan los trabajadores, por lo tanto, eso es un problema entre la empresa y ellos. Nosotros tenemos un contrato que pagamos escrupulosamente y las condiciones laborales las tienen que negociar los trabajadores y la empresa».

Sin embargo, el Procurador del Común no admite que la Junta se desentienda de la gestión del transporte sanitario. Es más la insta a que, como contratadora, vigile y controle el servicio prestado e, incluso, los medios y las condiciones laborales de los trabajadores porque pueden influir en la calidad del servicio.

Así en una resolución del pasado día 5 de julio y en respuesta a los «presuntos incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria del contrato de transporte sanitario terrestre», insta a la Consejería a implicarse. Estudia así la queja de la CGT y analiza que la situación, en vez de solucionarse entre los trabajadores y la empresa inicialmente, ha dado lugar a diferentes movilizaciones e, incluso, a un paro indefinido por parte del sector de las ambulancias de Castilla y León.

Indica la oficina del Tomás Quintana que el servicio de ambulancias se ha adjudicado a empresas pertenecientes al Grupo HTGROUP, el servicio es público, de titularidad pública, y por ello «la responsable última de la prestación del servicio a favor de los ciudadanos es la Administración sanitaria». Es más, recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público dispone que en estos casos de concesiones «la Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate».

Insiste a lo largo de toda la resolución en la importancia de que el órgano de contratación debe controlar, vigilar la correcta ejecución del contrato; incluso, especifica, sin obviar «los posibles efectos que las cuestiones laborales pueden tener sobre la correcta prestación del servicio».

Así que establece, en base a la legislación vigente y tras repasar otras muchas actuaciones de esta Procuraduría por problemas con el transporte sanitario tanto de pacientes como de profesionales, que «la Consejería de Sanidad debe asumir su papel de responsable de la gestión del servicio público y actuar en consecuencia, adoptando las medidas oportunas para mejorarlo, llevando a cabo las necesarias tareas de supervisión y vigilancia para determinar la posible existencia de deficiencias en el servicio, realizando los requerimientos y las visitas de inspección que sean necesarias para garantizar la prestación del servicio en las condiciones pactadas». Es claro Tomás Quintana en un resolución insistente y muy crítica.

Así que concluye con dos puntos su resolución. El primero sobre que la Junta vigile y compruebe que el contrato se cumpla, «llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre posibles incumplimientos» y, el segundo, que la Consejería de Sanidad está obligada a resolver expresamente cuantas solicitudes y reclamaciones sean presentadas» a este respecto por los ciudadanos, en atención a los oídos sordos que, repasa el Procurador del Común, suele hacer al Junta en cuanto a este transporte se refiere.

Por su parte, Ambulancias Rodrigo (de dicho grupo) ha presentado una solicitud de mediación en el SERLA (servicio regional de relaciones laborales) para que se declare la huelga como ilegal. Será la segunda vez que se celebre este encuentro, el primero fue infructuoso al no llegar a acuerdo alguno con la CGT.