El Procurador insta a agilizar los próximos 87.000 bonos térmicos de Castilla y León

El acceso abierto para familias numerosas con independencia de la renta de esos hogares puso en marzo esta ayuda en la picota de la polémica al hacerse público su cobro por parte de dirigentes políticos sueldos elevados.

Quintana analiza las «dificultades» que ha tenido la Junta para tramitar esta ayuda orientada a paliar la pobreza energética y que tiene como finalidad que se puede conectar la calefacción, acceder a agua caliente o usar la cocina en hogares con bajos ingresos o situaciones de vulnerabilidad y apunta que pueden volver a repetirse en la próxima convocatoria de estos apoyos. Esas 'dificultades' en la tramitación, recoge la resolución del Procurador del Común, «se traducen en el retraso de su abono, lo que supone un problema considerando las necesidades de los beneficiarios, al tratarse de personas afectadas por un bajo nivel de renta». Es una ayuda que se paga a las personas que tienen concedido el bono eléctrico. El bono térmico ha repartido en Castilla y Léon 52,8 millones de euros, según el dato oficial de la Junta.

Tomás Quintana ha recabado información sobre la tramitación del bono térmico de 2022 por parte de la consejería que dirige Isabel Blanco. Desde Familia e Igualdad de Oportunidades explican que las comercializadoras eléctricas facilitan los listados de los beneficiarios del bono eléctrico, como un primer paso al que sigue otro en el que se cruza su catalogación de 'vulnerable' o 'vulnerable severo' con la dirección del domicilio para «determinar la zona climática» en la que residen y fijar el importe que recibirán por el bono térmico.

Después se envía una comunicación a los beneficiarios, dando un plazo por si desean renunciar a la ayuda o para que comprueben si el número de cuenta que han facilitado la comercializadora para ingresar el pago es correcto. Todo lo anterior se incorpora a unas bases de datos que la Junta trabaja de forma compartimentada por cada una de las nueve provincias de la comunidad. La ayuda se abonó en dos tandas: en mayo unas provincias y en junio otras, cuando la regulación estatal indicaba el abono con marzo como fecha límite.

El bono térmico implica una tramitación laboriosa. Al trabajo de «depuración» de los datos con ese volumen de beneficiarios, de partida más de 87.000, se ha sumado un número de comunicaciones «muy numerosas» y un elevado número de llamadas de los posibles perceptores (en muchos casos porque habían renunciado sin darse cuenta a la ayuda, por error, al entender que el primer plazo de 10 días que les concedía la Junta era para aceptarla) han complicado la tramitación pese a que la Consejería de Familia incorporó personal a este cometido: cuatro personas más a tiempo completo a las que se sumaron otras tres para atender llamadas y revisar bases de datos «en los meses con mayor carga de trabajo».

Todo lo anterior se ha traducido en una demora en el pago de este bono social térmico, que el Procurador del Común entiende que se puede atajar con la puesta en marcha de un procedimiento de tramitación adaptado a las peculiaridades de esta ayuda que ya han puesto en marcha «diversos gobiernos autonómicos» para «clarificar los trámites y agilizar el cobro por los beneficiarios». Es el caso de Madrid o de Andalucía.

Tomás Quintana alerta de que, si no hay cambios en la gestión, las «circunstancias» que han demorado este año el ingreso de esta ayuda para combatir la pobreza energética «previsiblemente se repetirán en el próximo».