Castilla y León

El Procurador achaca falta de «empatía» a Educación con una profesora con una hija dependiente

La docente imparte materia en ciclos de Formación Profesional y la entrada de la niña en el centro al que acude es a las 10:00 horas. La profesora y madre planteó a la Dirección Provincial de Educación de León y a la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería que se retrasara el inicio de las clases que se le habían asignado por «necesidades de conciliación». A eso sumaba que las horas lectivas semanales que tenía en su jornada eran 21, por encima de las 17 del horario ordinario. La petición no fue atendida y ha llevado esa denegación ante el Defensor autonómico.

En la investigación de la queja, desde Educación argumentan que los horarios se asignan por antigüedad y rango mediante una «rueda de petición» en la que la docente ocupaba el tercer escalafón. Por delante de ella elegían los funcionarios con destino definitivo en el centro, con preferencia para los catedráticos de Educación Secundaria, seguidos de los funcionarios con destino provisional y, por último, los profesores interinos, caso de la profesora afectada, que se quedan con los descartes horarios de los anteriores. A eso sumaban los responsables de Educación el hecho de que la docente podría haber optado por un turno de tarde, frente al de mañana.

Desde la consejería defienden también la ampliación de horas lectivas en el horario de la profesora (21 semanales frente a 17), excepcionalidad que amparan en una regulación que permite concentrar horario en unos trimestres que se compensa con tiempo dedicado a cuestiones complementarias o en los trimestres siguientes. Añaden, además, que «la docente no alegó ninguna causa personal que le impidiera realizar su actividad laboral en el turno diurno elegido por ella».

Así las cosas, cuadrar grupos, asignaturas y docentes se convierte en un puzle de compleja confección cada principio de curso en los centros escolares, sobre todo en los institutos, y cualquier modificación posterior afecta a profesores y alumnado.

El Procurador del Común se muestra crítico con esa argumentación de la consejería en la resolución con la que concluye su investigación y que ya ha remitido al departamento que dirige la consejera Rocío Lucas. Recuerda Quintana que la Constitución Española impone como deber la protección de la familia y que la Ley de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León establece que la Junta deberá tomar medidas en todos sus centros y servicios para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laborar de sus empleados con responsabilidades familiares.

Tomás Quintana defiende que la situación expuesta por la profesora para retrasar su horario de clases con el fin de dejar en el colegio especial a una hija con dependencia severa «exige actuar con empatía y sensibilidad». En el caso del incremento a 21 horas asignado a la docente, el Procurador precisa a la Consejería de Educación que es facultad del profesorado, no de la Administración, solicitar esa concentración de periodos de docencia, por lo que «no cabría la imposición».

Todo ello lleva a Quintana a recomendar a los responsables de recursos humanos que planteen a la profesora la posibilidad de cambiar al turno de tarde por si ella estuviera interesada y a estas alturas del curso fuera compatible con los intereses de sus compañeros y del alumnado.