El Procurador del Común urge a la Junta medidas para acabar con los colegios gueto de Castilla y León

Hay en el entorno de una centena de centros con alta concentración de niños de familias de minorías étnicas o que viven en hogares con desventaja socioeconómica en Castilla y León y el Procurador del Común, insta al Gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Mañueco a actuar sobre el proceso de admisión de alumnos en centros que sostiene con fondos públicos la Consejería de Educación. Aquí entran también los concertados. Plantea la necesidad de actuar, más allá de las meras declaraciones de intenciones.

Quintana propone la implantación de «proporciones máximas de alumnado vulnerable» o la «configuración de procedimientos separados para la admisión de este alumnado», además de la reserva de plazas, la limitación de la oferta de plazas vacantes, la creación de ofertas singulares para la «desegregación» de centros y la integración y el cierre de centros públicos en los supuestos necesarios. En Ponferrada se cerró por este motivo el colegio público Luis del Olmo. Todo esto recoge en la resolución que ha remitido a la Junta de Castilla y León.

Tomás Quintana recomienda también a la Consejería de Educación medidas para que el coste de las actividades extraescolares y servicios complementarios de determinados centros «no sean determinantes a la hora de ejercitar el derecho a la elección del centro educativo». Y pide que los centros gueto «en tanto existan» cuenten con un refuerzo de profesionales docentes, de educadores y trabajadores sociales y también, en el ámbito de la salud, como psicólogos y logopedas.

El Procurador del Común defiende que se puede «hacer compatible el derecho a la libertad de elección de la escuela con la distribución equitativa entre centros escolares de los alumnos en situación vulnerabilidad socioeducativa». y que eso exige una estrategia autonómica que marque un rumbo.

Tomás Quintana recuerda que todos los centros sostenidos con «fondos públicos» deben cumplir una función social, y que la acción de la Junta de Castilla y León no puede limitarse a actuar sobre los colegios e institutos que «puedan presentar evidente problemas de segregación por concentración de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa».

El texto de la resolución del Procurador, que desgrana sus argumentos a lo largo de más de 50 páginas,recoge que la propia Junta contabilizó en la legislatura pasada más de cien centros susceptibles de necesitar intervención para eliminar o prevenir el avance de la segregación escolar. Tomás Quintana se hace eco de un reciente libro del exconsejero y de Educación y experto en Derecho Constitucional, Fernando Rey Martínez, que profundiza en la segregación escolar, situación que define como «una verdad incómoda» que «debilita radicalmente» las «expectativas laborales y la capacidad para participar activamente en la vida social y política» de los niños que sufre esa falta de «inclusión educativa»

La propia Junta de Castilla y León contabilizó más de 100 centros susceptibles de necesitar intervención para eliminar o prevenir la segregación escolar en la legislatura pasada.

El Procurador del Común ha solicitado información a los 23 ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, por el papel que tienen en el control del absentismo escolar. 17 respondieron y algunos trasladaron preocupación por situación de colegios o institutos. Es el caso de León y Zamora capital o Benavente. Otros como Aranda de Duero, Astorga, Miranda de Ebro, Ponferrada, Salamanca o Soria no informaron.

En Valladolid, atraviesan esta situación, entre otros, lo colegios Giner de los Ríos, con 54 alumnos todos gitanos, el Gabriel y Galán, el Miguel Íscar o el Jorge Guillén, recoge el informe del Procurador. Otros históricos con concentración de minorías étnicas en la capital pucelana son el Allúe Morer y el Cristóbal Colón.

Si en una misma zona los niños de familias de minorías étnicas o socioeconómicamente desfavorecidad suponen más del 25% del alumnado de un colegio y en otros del entorno no hay ninguno escolarizado «cabría preguntarse el motivo por el que únicamente uno de los centros es el que acoge alumnado de un perfil perfectamente caracterizado, puesto que la respuesta, seguramente no vendría dada por una razón meramente circunstancial», recoge la resolución.

En buena parte de los casos se trata de niños de familias gitanas o de países como Marruecos, Rumanía, China Colombia o Venezuela. Estos últimos representan el 11,6% del alumnado en centros públicos y el 6,6% en los concertados y privados, según datos del Ministerio de Educación.

La segregación escolar también puede deberse a la desigual distribución de alumnos de familias con menos recursos, «con independencia de que no pertenezcan a minoría étnica o cultural», advierte Tomás Quintana tras su investigación.