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Solo hay 114 camas de atención sociosanitaria para toda la comunidad. Son plazas en residencias que incluyen un seguimiento médico y cuidados de enfermería para personas que ya no precisan de un hospital pero que tampoco pueden volver a sus domicilios durante un tiempo ... al estar convalecientes. Fue en 2018 cuando se selló en el Acuerdo del Diálogo Social sobre dependencia el progresivo incremento de tal dotación. Y, de nuevo, a finales de 2019, se recogía en un acuerdo con Sacyl que establecía el compromiso de aumentar el 60% las plazas, a un ritmo del 20% cada año desde 2018 a 2020, es decir, que tendrían que haberse incrementado ya en 68 plazas. Algo que nunca se ha hecho. Además, según denuncian la Federación de Asociaciones de Vecinos y la Plataforma Social de Valladolid, el acceso a estas plazas es «absolutamente arbitrario» y «deja fuera a personas que realmente lo necesitan obligándolas a pagarse tal asistencia en una residencia privada». Por ello, recurrieron al Procurador del Común. En su resolución, Tomás Quintana reclama a la Junta aumentar las plazas del Servicio de Estancias Temporales para personas mayores; crear nuevas Unidades de Convalecencia Sociosanitaria en centros de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales e incrementar el número de plazas. Establece asimismo que, «en caso de no ser posible desarrollar la oferta pública en centros de la Administración autonómica por el grado de ocupación o por otros motivos justificados, se recurra a su creación en otros centros públicos o concertados con la privada, garantizando siempre que las instalaciones, medios técnicos y humanos reúnen las características exigidas para poder prestar una atención adecuada a las necesidades sociales y sanitarias de los usuarios».
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Asimismo Quintana insta a la Consejería de Familia a analizar y determinar la situación actual del modelo de atención residencial temporal «para valorar las necesidades reales y las previsiones existentes y, conforme a las mismas, aumentar los servicios de forma continua para adaptar la oferta a la demanda» y comprobar los resultados obtenidos de la evaluación de la planificación estratégica en relación con la cobertura de este tipo de asistencia. También pide «la regulación del sistema de acceso a los recursos» para que haya condiciones de igualdad e se indique el procedimiento o trámites necesarios, «garantizando una mayor objetividad y seguridad jurídica».
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid, Margarita García, destaca a este respecto que esta institución «nos ha dado la razón en todo; pero ya tenemos la desagradable experiencia de otras resoluciones de que la Junta termina por ignorar todo dado que no son vinculantes. Por ello, nos preocupa que se materialice realmente en la creación de plazas que son tan necesarias y la objetividad en el acceso».
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