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«Estamos trabajando a pleno rendimiento», ha asegurado Tomás Quintana, Procurador del Común de Castilla y León. A la institución que se ocupa de investigar las quejas de los ciudadanos sobre el trato que reciben de las administraciones de la comunidad han llegado ya las ... primeras quejas que tienen su origen en la declaración de estado de alarma para luchar contra el coronavirus.
Y no son pocas. El equipo de Quintana ha dado trámite a 60 expedientes en los últimos días, entre los que destacan las primeras quejas de pacientes a los a que Sacyl ha suspendido citas, pruebas e intervenciones programadas para atender la emergencia sanitaria del Covid-19. «Todas las quejas relacionadas con el estado de alarma y la emergencia sanitaria las vamos a tramitar con absoluta prioridad», explica el Procurador del Común.
Coronavirus en Castilla y León
Junto a las sanitarias, el equipo de asesores de Tomás Quintana tramita expedientes sobre los cambios o supresión de prestaciones de atención a personas dependientes o la forma en la que se presta la ayuda a domicilio ante el riesgo de contagio tanto para el beneficiario como para la trabajadora (por norma son mujeres) que asea, asiste o limpia la casa del primero, generalmente una persona de edad avanzada y mayor riesgo ante el coronavirus.
Quintana, jurista experto en Derecho Administrativo, ha decidido abrir una investigación de oficio para analizar la regulación de este servicio por parte de la Junta y las disposiciones organizativas del mismo por parte de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales que, a través de empresas o con personal contratado directamente, prestan la ayuda a domicilio. Analizará lo que hacen, lo que deben hacer, en qué condiciones y cómo se debe mantener el servicio si se debe seguir prestando.
Preguntas y respuestas
Óscar Chamorro rodrigo parrado
Elena Martín López
Las quejas sobre los riesgos laborales que implica un trabajo de relación «muy intensa» y de cercanía máxima entre la persona que facilita la ayuda y la que la recibe, proclive a facilitar la infección, atañe a la labor de la Inspección de Trabajo, departamento que depende del ministerio. Eso excede las competencias autonómicas y el Procurador del Común ha trasladado esos expedientes al Defensor del Pueblo.
Lo mismo ha hecho en el caso de la situación en la que desarrollan su labor los empleados de los centros de atención telefónica, los 'call center'. Quintana ha recibido al menos una queja sobre el incumplimiento de las medidas higiénicas y de distancia para evitar contagios. «Es algo que atañe a la Inspección de Trabajo, que es Administración del Estado y no lo podemos abordar nosotros directamente, por lo que hemos dado traslado al Defensor del Pueblo», remarca.
La declaración del estado de alarma conlleva la paralización de todos los trámites administrativos, lo que resulta contraindicado para casos como el de la Renta Garantizada de Ciudadanía, prestación económica autonómica de lucha contra la pobreza. Quintana ha decidido abrir una investigación de oficio sobre este aspecto concreto y ha solicitado información a la Consejería de Familia e Igualdad, departamento autonómico que tramita este pago, al tiempo que invita a la Junta a obviar en ese caso la paralización de los plazos y continuar con los trámites sin dilaciones.
El Covid-19 ha dado un vuelco a la rutina de administraciones y ciudadanos y eso se nota en los asuntos que llegan al Procurador del Común. Las quejas de temas habituales, de urbanismo o servicios municipales, siguen llegando, pero a un ritmo menor. El equipo de Tomás Quintana tramita una queja múltiple sobre horario escolar continuado o partido que afecta a centros de Soria. Lo que se ha demorado es el registro del informe anual sobre 2019 que iba a haberse registrado la semana pasada en la Cortes. Y eso deja en el alero la defensa del documento en un pleno autonómico fijado para el 21 de mayo. Tiene todas las cartas para aplazarse.
El Procurador ha recibido estos días quejas sobre la obligación de docentes y personal auxiliar y administrativos de acudir a los centros educativos pese a no haber clases presenciales. Educación acabó con esa situación el lunes, al decidir que trabajaran desde casa salvo para cuestiones puntuales para garantizar la docencia a distancia.
El departamento que hace las veces de Defensor del Pueblo autonómico teletrabaja desde el lunes 16 de marzo, gracias, en buena medida, a la sede electrónica que la institución puso en marcha hace un año. «Me gustaría transmitir a los ciudadanos que estamos plenamente operativos y que la forma más sencilla de contactar con nosotros es entrar en la página web, allí está el teléfono. Si ellos descuelgan y llaman, les vamos a atender», invita Quintana, que recuerda que se pueden hacer llegar quejas o consultas a su despacho por correo convencional, correo electrónico o a través de esa sede electrónica. Lo único que no es posible es la atención presencial. Ni en León, donde está la sede oficial del Procurador del Común, ni en el resto de provincias, al haberse suspendido temporalmente las visitas periódicas que programaban.
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