Las presuntas corrupciones familiares que han sacudido Castilla y León

La denuncia por parte de PP e IU de irregularidades en la gestión de la entonces empresa municipal que gestionaba los tributos del Ayuntamiento, CIRA, generó dolor de cabeza al entonces alcalde de Valladolid, Tomás Rodríguez Bolaños, a quien tras 16 años al frente del Consistorio y a punto de concurrir ese año a las que resultaron sus últimas elecciones como candidato, los populares le acusaban de haber favorecido a la empresa de trabajo temporal Alta Gestión, en la que trabajaba su mujer, Irene Santamaría. El PP pidió la dimisión del alcalde pero el caso no saltó a los tribunales.

En plena campaña de las autonómicas de junio de 2003, se conoció una denuncia sobre la supuesta actividad en una sociedad de valores del candidato de Partido Popular a la Presidencia de la Junta, Juan Vicente Herrera, en 1992, cuando ya se había incorporado a la vida pública como alto cargo en la Consejería de Economía. Herrera documentó la renuncia a su cargo como vocal de la sociedad Renta 4 Burgos S.A., dirigida por su hermano, quince días antes de tomar posesión como secretario general de la Consejería de Economía, según constaba en el Registro de la Propiedad Mercantil número 2 de Burgos. Las acusaciones de su oponente socialista, Ángel Villalba, en las que le acusaba de haber compatibilizado ambos cargos, fueron rechazadas por el PP, que presentó a los periodistas el documento en el que se reflejaba que la renuncia de Herrera se formalizó sin haber comenzado a trabajar en la Junta.

La sociedad de valores y bolsa madrileña constituyó una sucursal en la capital burgalesa gestionada por uno de los hermanos de Juan Vicente Herrera, el economista Francisco Javier Herrera, quien le pidió, a la hora de conformar el Consejo de Administración, que participara en la sociedad como vocal, aunque no en calidad de socio, propuesta aceptada por el actual candidato popular, quien siguió ejerciendo su labor profesional como abogado. El caso no tuvo más recorrido.

La recalificación como «suelo urbanizable no delimitado» de dos parcelas de 32,5 hectáreas que figuraban como «suelo rústico de entorno urbano», a las afueras del norte del casco urbano de la ciudad, fue denunciada como «el mayor pelotazo urbanístico de la historia de Salamanca» por el grupo socialista en el Ayuntamiento. La propiedad del 10% de esos terrenos correspondía a la esposa y cuñados del entonces secretario general del PP en Castilla y León y consejero de Presidencia del Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco, que negó cualquier trato de favor.

Fernández Mañueco insistió en que «es absolutamente falso» que se hubiera producido un «pelotazo urbanístico» como sostenía el PSOE y explicó que el terreno motivo de la polémica son tres hectáreas que su suegro adquirió en 1970, que había venido explotando desde entonces como un terreno agrícola y que cedió hace unos años a sus hijos, «como hacen todos los agricultores de la Comunidad». Por ello, continuó el consejero, a su esposa le correspondería una de las tres hectáreas de su padre. El titular de Presidencia y número dos del PP regional señaló además que en el sector donde se encontraban las tierras de su suegro «hay bastantes propietarios, algunos vinculados al PSOE, a los que se han impuesto las mismas condiciones».

El Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid dictó en julio de 2008 auto de sobreseimiento del caso de presuntas irregularidades destapado por el Partido Socialista a finales del 2006 cuando denunció la adjudicación «a dedo» a familiares de cargos del Partido Popular, entre ellos a un hijo y una hermana del alcalde, de viviendas de promoción pública (VPP) en el Plan Parcial Villa del Prado. El caso, bautizado como Villa Gaviota, dio lugar a las diligencias previas incoadas por el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital, que, de conformidad con la petición de la Fiscalía, fueron sobreseídas al entender que los hechos no son constitutivos de ilícito penal, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La denuncia fue interpuesta por la Asociación en Defensa de la Vivienda Pública -el PSOE no acudió a la vía judicial- y fue sobreseída, fundamentalmente, debido a que cuando se produjo la adjudicación de viviendas en el referido Plan Parcial Villa del Prado, calificado entonces por los socialistas como 'Villa Gaviota' o 'Torre Gaviota', la normativa en Valladolid permitía a las promotoras seleccionar a los adjudicatarios sin pasar antes por el trámite de publicidad y sorteo ante notario.

En Segovia, en 2013, el PSOE a través del Portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, José Luis Aceves, denunció «apaños» para la contratación de Justino Clemente, hermano de la entonces consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente como técnico de dinamización económica de la Diputación Provincial. Aceves explicó que el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, comunicó a la Diputación Provincial en febrero de 2013 la concesión de una subvención para la contratación de siete técnicos de dinamización económica durante el plazo de un año con un valor de 189.000 euros, teniendo la Diputación que aportar 60.000 euros de costes empresariales a la Seguridad Social. El portavoz socialista consideraba que dichas bases, aprobadas por la Junta de Castilla y León, eran «injustas, sectarias y profundamente subjetivas lo que conduce a la arbitrariedad, ya que sobre un total de 25 puntos de valoración, el curriculum personal de los aspirantes se debía valorar hasta un máximo de 10 puntos y la entrevista personal hasta un máximo de 15 puntos». Para Aceves, era llamativo que Justino Clemente Municio hubiera superado la selección en el séptimo puesto (último de los aceptados) con una puntuación en el curriculum igual o inferior que otros aspirantes que han quedado como reservas y que haya obtenido bastante puntuación en la entrevista personal, lo que ha sido determinante para obtener el puesto.

Además, la que fuera presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, fue acusada de favorecer a empresas de su suegro con subvenciones cuando era consejera de Agricultura y Ganadería, si bien desde el gobierno regional defendieron que la consejera no participaba en las votaciones en las se vieran afectados familiares de ningún tipo.

La Audiencia de Valladolid acordó en noviembre de 2013 condenar al alcalde Arroyo de la Encomienda, el independiente José Manuel Méndez, por delitos de cohecho y prevaricación por el denominado 'Caso Arroyo', y resolvió absolver de todos los cargos al exdelegado de la Junta y exedil y diputado del PP, Jesús García Galván, con la salvedad de que se considera probado que este último cometió un cohecho, ya prescrito, al recibir un chalé gratis en Mugardos (La Coruña). Entre los condenados figura igualmente el arquitecto municipal de Arroyo, Buenaventura Conde Salazar, cooperador necesario de un delito de prevaricación que le reportará siete años de inhabilitación -fue absuelto de otro delito de idéntica naturaleza-, mientras que han quedado libres de todos los cargos el exdelegado de la Junta y exedil y diputado del PP, Jesús García Galván; el también socio de Mahía, José Presas Zobra, y la apoderada de dicha mercantil en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández, hija del que fuera alcalde de Pedrajas de San Esteban por el PP, vicepresidente de la Diputación de Valladolid y alto cargo de la Junta Dionisio Miguel Recio.

Y para dejar constancia del 'run run' sobre supuestos casos en los que familiares de representantes políticos se han visto favorecidos con una colocación en cualquier instancia de la administración, en 1994 el entonces procurador socialista en las Cortes de Castilla y León Leandro Martín Puertas enumeró casos como el del puesto de auxiliar en Ávila para la esposa de Sebastián González, presidente de la Diputación de Ávila, una jefatura de negociado en Soria para la hija del jefe del Servicio de Cultura, un puesto de técnico en Ávila para el ex alcalde del PP en Arévalo, otro en Sanidad para la hija de Jesús Terciado, ex senador del PP, de interina: Hermana del alcalde de Fontiveros del PP. En Zamora, un puesto de nivel 14 para la hija del procurador Luis Cid, ex presidente de la Diputación de Zamora. Una jefatura de sección de hospitales en Benavente: Hija de constructor, presidente local del PP. Una jefatura de negociado en Valladolid: Marido de la secretaria del consejero de Fomento. Auxiliar en Valladolid para la hija del senador por Valladolid Juan José Unceta. De técnico de gestión en Fomento en Valladolid: Mujer del compañero de despacho de Tomás Villanueva y representante de candidaturas del PP en Valladolid y un largo etcétera.