El 3,4% de los presos en Castilla y León tiene un trastorno mental grave sin psiquiatras y pocos médicos

El problema de carencias y desigualdades asistenciales entre rejas es similar en toda España. Aunque Castilla y León, en general, se sitúa en términos medios nacionales, sufre importantes carencias de recursos para responder a las importantes necesidades en este sentido. Así se desprende del 'Libro Blanco sobre la Atención Sanitaria a las personas con trastornos mentales graves en los centros penitenciarios de España', que expertos de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal (SEPL) han hecho público y en el que se analizan los recursos para la atención sanitaria psiquiátrica en las cárceles. La población reclusa en España asciende a 55.180 personas, de las que 44.394 cumplen su condena en cárceles situadas en comunidades sin las competencias penitenciarias transferidas -es decir, todas menos Cataluña, País Vasco y Navarra.. El Libro Blanco pone en evidencia la falta de psiquiatras en las cárceles –solo en Madrid II hay 1,4 por cada mil reclusos– de toda España. Ninguna de las demás dispone de estos especialistas en plantilla. No obstante, según datos del cerrado 2022, 62 de los 66 centros penitenciarios ordinarios ofrecían atención psiquiátrica proporcionada por los servicios públicos autonómicos a su población interna.

La Organización Mundial de Salud (OMS) estima para la región europea una ratio de referencia de 1,3 médicos psiquiatras por cada mil internos. La atención especializada en salud mental en los centros penitenciarios se lleva a cabo mediante médicos psiquiatras que actúan como interconsultores con diversas formas de vinculación contractual.

En el año 2022, el 95% de las cárceles brindaban a su población judicializada asistencia especializada en Psiquiatría, que en el 61% de los casos estaba prestada por especialistas vinculados a los servicios públicos. En el 53% , las consultas se realizan en la misma cárcel y en el 32%, en los servicios sanitarios autonómicos correspondientes, es decir, en el exterior, mientras que el 15% se presta a través de telemedicina. Esta última práctica es ajena a Castilla y León –al menos a la hora de redactar el estudio, porque ya se empieza a disponer de ella para las guardias–, donde el 97% de las consultas se llevan a cabo en prisión por profesionales externos y el 3% restante en el exterior. De acuerdo con las recomendaciones del informe que el Comité Europeo de Prevención de la Tortura realizó en 2021, tras su visita a varios centros españoles, la dotación psiquiátrica para cada prisión debería ser el equivalente a una dedicación de tiempo completo de al menos un psiquiatra. Las tres horas semanales de las interconsultas están muy lejos de esto.

Otro dato revelador es que el dinero destinado a fármacos neurolépticos se ha incrementado en más del 50% entre 2016 y 2021, a pesar de que tanto el gasto farmacéutico anual correspondiente a las compras centralizadas de la Administración Penitenciaria como la población penitenciaria tienden a disminuir.

Desde el punto de vista psiquiátrico, la patología dual y los trastornos psicóticos son los diagnósticos más habituales y es frecuente que coexistan el consumo de sustancias y patología psiquiátrica.

Destaca este estudio que los reclusos que cumplen los criterios diagnósticos de esquizofrenia u otros graves necesitan un abordaje psiquiátrico «especializado, intensivo y específico por la complejidad del cuadro, que es comúnmente agravado o distorsionado por el consumo abusivo de sustancias y por la desestructuración social y afectiva».

El abordaje psiquiátrico especializado «es necesario para reducir la probabilidad de reincidir en la comisión de delito una vez cumplen su condena y salen en libertad». En este sentido, señala el informe de esta sociedad científica, «debe considerarse que las personas con diagnóstico de esquizofrenia u otras psicosis son encarcelados con el doble de probabilidad que aquellas con otros diagnósticos, mientras que las personas con patología psiquiátrica que tienen ingresos previos en prisión en el año anterior tienen también diez veces más probabilidades de ser encarceladas de nuevo».

En cuanto al número de camas de enfermería, las cárceles de la comunidad se mueven entre el mejor dato, el de Ávila, con 11 por cada cien reclusos, y el peor, el de Soria, con seis, seguida de la de Valladolid, con 6,4.En hospitales, en las unidades de acceso restringido, solo hay un 1,2% en la región, aunque supone el doble de la media nacional y la tercera comunidad mejor posicionada tras las autonomías de Cantabria y La Rioja.

Porcentualmente, los problemas de boca –odontología y estomatología– son los que más demanda asistencial provocan por parte de los presos, el 40% de las consultas. Le siguen los psiquiátricos, con el 15%, y ya bajan el 6% los de traumatología, óptica (4%) y las cirugías, que suponen un 3%.