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Una cuidadora atiende a un mayor. Gabriel Villamil
Castilla y León

Un servicio para mayores en el hogar pasa de 170 euros a 1.300 sin avisar

Varias familias recurren al Procurador del Común al tener que pagar ocho veces más por el cambio de modelo 'A gusto en mi casa'

Ana Santiago

Valladolid

Jueves, 16 de noviembre 2023, 00:06

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades puso en marcha en 2018 el proyecto 'A gusto en mi casa' para atender a personas mayores dependientes y con discapacidad del medio rural en su propio domicilio. Aquella experiencia piloto se desarrolló en cinco municipios de ... Ávila (Hoyo de la Guija-Peguerinos, El Hoyo de Pinares, El Tiemblo, Navalperal de Pinares y Las Navas del Marqués) hasta 2020 y pretendía ser una alternativa a la residencia que se extendería al resto de la comunidad. Cien usuarios de la zona entraron en el plan que desarrollaría la gestora del sector Pronisa. Tras la finalización del pilotaje, en enero del 2021, la entidad gestora comunicó a las familias incluidas en el programa la continuación del proyecto, revisando el plan de apoyo provisional de cada usuario y el copago que debía realizar a partir de ese momento. De aquel centenar, este verano solo permanecían cinco familias dado «el cambio sustancial en las condiciones económicas al incrementarse en algunos casos hasta el 400%», denuncian los afectados.

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Según su relato y la documentación remitida al Procurador del Común, las familias han visto incrementos considerables incluso cada mes. Y, si inicialmente pagaban 170,44 euros, actualmente el copago alcanza los 750 pero el próximo será ya de 1.301,69. Lo que supone multiplicar por más de cuatro en solo tres años el copago y sin avisos previos ni nuevos contratos. Las subidas además nunca fueron anunciadas y, «de vez en cuando, nos encontrábamos con un pago alto del que nos avisaba el banco porque entrábamos en números rojos», explica Maite Blázquez, del municipio abulense Hoyo de Pinares, que se encarga de su madre de 92 años. A primeros de 2023 se le subió de 543,11 a 717,05 y dos meses más tarde, en abril, a 748,63, por poner un ejemplo.

En todo este recorrido donde además critican las dificultades para lograr ver las facturas y sus detalles y en las que encuentran «irregularidades», la desinformación ha sido la línea general tanto desde la empresa adjudicataria como desde la Gerencia de Servicios Sociales, según coinciden en señalar. E indican que el pago es tan alto que «dejan a tres mujeres mayores de 90 años y a sus familiares en una situación de absoluta vulnerabilidad teniendo en cuenta el alto grado de dependencia de las afectadas y la dificultad para encontrar cuidadoras en un contexto rural que sufre las consecuencias de la despoblación».

El mismo nombre sin el posesivo

Después de un largo recorrido en busca de información y explicaciones tanto de Pronisa como de la Junta «terminamos por enterarnos que habían cambiado de programa. Y de aquel 'A gusto en mi casa' se ha pasado al de 'A gusto en casa', solo cambia el 'mi' en el nombre y justifican el precio al alza en un nuevo cálculo de la aportación del usuario porque la asistencia personal cuesta 2.192 euros y la subvención no alcanza tanto. «Nos habían pasado de un proyecto a otro sin decirnos nada de cambios de condiciones, sin adhesión mediante un nuevo contrato, sin saber nada y cobrando el cuádruple por las mismas horas y servicio». Incluso «me cobraron el mes de agosto en el que no tuve servicio», se queja Maite.

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Tres mujeres son las más perjudicadas al solicitar la Junta que «el abono sea superior al 30 % de su renta computable«

De las familias afectadas, tres mujeres son las más perjudicadas al solicitar la Junta que «el abono sea superior al 30 % de su renta computable, sin incluir en esa renta ninguno de los gastos básicos ineludibles como comida, luz, calefacción...», apuntan.

Los familiares afectados, señalan que «este cambio unilateral en las condiciones firmadas y con unas condiciones económicas inasumibles les deja en una situación de incapacidad para poder seguir cubriendo las necesidades de sus madres que se encuentran en una situación de elevada dependencia».

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Localidad abulense Hoyo de Pinares. El Norte

Desde septiembre, esta familia debería pagar, según la Junta, los 1.300 euros al mes; pero «se ha retrasado a noviembre porque hemos insistido en todo esto». Además, denuncian al Procurador del Común que, finalmente, «cuando nos explicaron la causa de la subida nos dijeron que había habido una intervención y se vio que faltaba dinero, que Pronisa había cometido un error y estaba facturando mal y que diéramos las gracias porque no iban a hacernos pagar ni a Pronisa ni a nosotras con carácter retroactivo. Me quedé muy impactada», recoge el uno de los relatos remitidos a la oficina de Tomás Quintana.

En cuanto a las opciones para mantener un coste pagable para estas personas facilitadas por Familia aseguran que «son alternativas inaceptables porque no dan atención suficiente ni cobertura de horas ni copago soportable», añaden.

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Familia justifica el incremento del coste por el cambio de programa

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades reconoce que hay un importante incremento del copago que justifica por la diferencia entre un plan piloto y el nuevo programa a la hora de valorar el patrimonio e ingresos de los mayores dependientes. Explica este departamento que «en Castilla y León tenemos 120.000 dependientes que reciben 165.000 prestaciones en función de su capacidad económica y grado de discapacidad» y que las mismas «se revisan periódicamente porque las circunstancias y los ingresos de las personas pueden cambiar. Así se asegura el mismo tratamiento a todos los usuarios».

En cuanto al caso concreto de estas tres personas mayores «habían sido incluidos en un programa piloto, financiado por la Unión Europea y que arrancó en 2018. El proyecto establece la participación económica del usuario para los apoyos recibidos en función de la capacidad económica»;pero «cuando finaliza el programa piloto, la propia Dirección General de Personas Mayores habla personalmente con las tres familias para explicarles que la cuantía económica que estaban abonando por los servicios incluidos en su plan de apoyo, no se ajustaba a las reglas de copago del proyecto en la actualidad. Un proyecto que afecta a 2.186 personas en Castilla y León y que debe prestarse en igualdad de condiciones para todos los usuarios del mismo». Por ello, añade «estas personas han estado aportando desde el año 2021 como participación en el gasto una cantidad notablemente inferior a la que les correspondía en función de su capacidad económica».

Asimismo, la Junta destaca que se ha incrementado, de media, en el último año un 10% la cantidad mensual que reciben estas personas para hacer frente al copago de estos servicios. Y en algunos casos este incremento es muy superior a ese 10%, para poder abordar, entre otros, este programa, con todas las garantías» y que «en cualquier caso, estas tres personas tienen asegurado un Plan de apoyo que se ajuste a sus necesidades».

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