Era domingo, 29 de noviembre de 2020. 14:30 horas. En la localidad palentina de Ventanilla, perteneciente al término municipal de Cervera de Pisuerga, se estaba celebrando una de tantas batidas autorizadas en la Montaña Palentina. A esa hora, uno de los cazadores abatió a ... una osa de 90 kilos al confundirla –justificaron– con un jabalí. Era una de las doce hembras reproductoras de la parte oriental de la Cordillera Cantábrica, según precisó en su día la Fundación Oso Pardo (FOP). Uno de los cerca de medio centenar plantígrados que habitan en la zona.
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Matar un animal protegido (como era este ejemplar) constituye un delito cuyo coste varía en función de la comunidad autónoma donde tenga lugar. Castilla y León es, en este sentido, una de las regiones donde más 'barato' resulta que alguien acabe con la vida de especies preservadas como linces, osos pardos, águilas o halcones, entre otras. Así se desprende del informe 'Valoración del impacto económico de delitos contra la fauna silvestre', elaborado por SEO BirdLife a partir de la normativa existente en la actualidad en cada comunidad autónoma.
«Las infracciones a la legislación ambiental son uno de los principales factores que amenazan el estado de conservación de la fauna y la flora; es el segundo delito más lucrativo del mundo, únicamente sobrepasado por el narcotráfico, según las cifras que manejan Interpol y el programa para el Medio Ambiente de la ONU», justifican fuentes de la organización sin ánimo de lucro, que también señalan que las regiones que cifran el importe de la responsabilidad patrimonial en caso de atentado a las especies de fauna protegida son, además de Castilla y León, Andalucía, Asturias, Cantabria, Extremadura, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra, Canarias, Murcia y La Rioja.
El informe también desvela que las especies más perjudicadas son las aves (23%) y los mamíferos (27%), aunque el «desastre», como lo califican, no le es ajeno a reptiles (12%) y anfibios (9%). Antes de nada, es preciso destacar que estos baremos están orientados a «mejorar la efectividad y eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos contra el medio ambiente», sostienen fuentes de la entidad, si bien es un juez quien determina la condena atendiendo al Código Penal, teniendo presente cuestiones como «la extensión geográfica de la contaminación, el número de animales afectados y el precio de su reemplazo».
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En el caso de los osos, disparar o envenenar a un ejemplar conlleva una responsabilidad –desde el punto de vista económico– muy distinta en función de la autonomía donde se ejecute. Tal y como desvela SEO BirdLife, el valor económico de este acto en Castilla y León es de 9.015 euros, misma cifra que en la Comunidad de Madrid y Murcia, aunque muy por debajo de la penalización que establecen otras zonas como Navarra y Cantabria (60.000 euros) o Asturias (18.000).
Este mamífero encabeza el listado de especies más valoradas en territorio castellano y leonés, seguido del lince (6.010 euros) y de otras como la cigüeña negra, el águila imperial, el buitre negro o el elanio azul (2.404 euros).
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Asimismo, la evaluación de los animales protegidos está fijada en función del peligro de extinción de cada una, de acuerdo a una normativa de septiembre de 1985 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes por la que se actualizan las valorizaciones de las especies cinegéticas y protegidas en tierras castellanas y leonesas. Esta 'tasación', no obstante, está en pesetas, una muestra –explican desde SEO BirdLife– de la antigüedad de estas normas.
En este sentido, fuentes de Patrimonio Natural y Política Forestal –dependiente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente– precisan que la valoración de las especies cinegéticas sí se ha derogado a través del desarrollo de la Ley de caza (2015), pero no el de las protegidas. Por ejemplo, ejecutar a un lobo en terreno castellano y leonés conlleva una indemnización de 9.261 euros, frente a los 90 de regiones como Cantabria, Navarra o Comunidad Valenciana o los 18.000 de Castilla-La Mancha.
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Sale relativamente barato matar, por ejemplo, a una cigüeña blanca en comparación con otras zonas del país. En Castilla y León, acabar con la vida de este ave acarrearía una multa de 600 euros, frente a los 6.000 de Extremadura, los 2.000 de Cataluña, los 1.800 de Cantabria o los 1.000 de Castilla-La Mancha, entre otros. En el caso de otras como el lince ibérico, en la comunidad implicaría una 'multa' de 6.010 euros, frente a los 90.000 de Castilla-La Mancha o Extremadura o los 90 de regiones como Cantabria o Navarra.
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