PP y Vox descartan incorporar más personal para tramitar las ayudas de alquiler

El PSOE ha vuelto a llevar al parlamento autonómico una iniciativa en la que reclamaba el refuerzo de personal en la Dirección General de Vivienda para atajar esos retrasos. «Hablamos de familias vulnerables», ha insistido el procurador Fernando Pablos, al explicar que la propia Junta se autoimpone un plazo de seis meses que incumple por sistema y que las bases sumen en la «incertidumbre» a los solicitantes puesto que regulan que se desestiman las solicitudes si llegada esa fecha no se ha recibido la notificación de la resolución.

El atasco en la tramitación de la última edición llevó a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio a incorporar a 17 personas de refuerzo a través de la empresa pública Somacyl. El consejero Suárez-Quiñones aseguró el día que informó de la resolución, a finales de octubre, que era complicado sumar más personal.

La iniciativa ha contado con el apoyo del Grupo Mixto y de UPL-Soria ¡Ya!, pero no ha salido adelante al oponerse PP y Vox. El procurador popular Alberto Castro ha augurado que la incorporación como novedad de la opción de «renovación automática» en la convocatoria para ayudar a pagar el alquiler en 2023 simplificará la tramitación. Eso implica que quien ya tiene concedida la subvención y no ha sufrido cambios en su situación personal, de ingresos o de vivienda no se verá obligado a presentar toda la documentación de nuevo y los tramitadores no tendrán que revisarla de inicio.

El parlamentario del PP ha justificado la demora de este año y ha pedido disculpas a los ciudadanos. Castro ha explicado que los tramitadores han abordado «más de 25.000 solicitudes» (5.000 más que el año anterior) [han sido 24.721 peticiones, frente a las 21.562 de la convocatoria anterior] y ha sumado a ese trabajo la obligación de tramitar el bono joven de alquiler que puso en marcha el Gobierno central, para el que se presentaron 16.000 peticiones, de las que el dinero del ministerio dio para atender alrededor de 3.200. El trabajo con esa ayuda estatal no termina ahí. El pago es trimestral y los beneficiarios deben justificar cada tres meses que han abonado el alquiler y es el personal de la Junta quien debe comprobarlo.

En el caso de la ayuda de la ayuda autonómica se ha simplificado esa justificación porque los solicitantes presentar los recibos bancarios de pago con el formulario de petición de la ayuda.

Por parte de Vox, José Antonio Palomo, respaldó con rotundidad el trabajo realizado por el equipo de Juan Carlos Suárez-Quiñones con esta ayuda. «El compromiso de la consejería ha sido el correcto», remarcó, al tiempo que justificó su oposición al refuerzo de personal en que son los responsables de la Junta los encargados de cifrar cuántos son los empleados públicos «que estiman oportunos» para «prestar los servicios con eficiencia».

«En este caso el servicio no se ha ejecutado con eficiencia, por eso planteamos reforzar el personal», replicó Fernando Pablos al procurador de Vox. También el parlamentario del PP acotó cuestiones que surgieron en el debate. Pablo Fernández, de Unidas Podemos consideró «injustificable» que la Junta «incumpla sus propios plazos» para otorgar unas ayudas que calificó de «insignificantes». Ahí fue donde intervino Alberto Castro: «¿Pagar hasta el 75% del coste del alquiler es insignificante?», rebatió al parlamentario morado.

Los beneficiarios de las subvenciones al alquiler de la Junta para aminorar el coste del arrendamiento de la vivienda entre enero y diciembre de 2022 acaban de recibir este mes de noviembre un ingreso medio de 2.056 euros por hogar, con porcentajes que van desde el 50% de la renta de alquiler al 60% que paga la Consejería en el caso de jóvenes, que sube hasta el 75% para los jóvenes que viven en pueblo. La ayuda ha llegado a mil hogares menos, 14.227, pese a que se presentaron 3.159 solicitudes más. Se tramitaron 24.721 peticiones, frente a las 21.562 de la convocatoria anterior.

La Junta atiende todas las solicitudes que cumplen los requisitos. «Es un caso único y excepcional en el conjunto de España», remarcó Alberto Castro, en un debate en el que el socialista Fernando Pablos auguró nuevos retrasos para la convocatoria de 2023 recién publicada si el Gobierno autonómico persiste en no reforzar los medios.