El Gobierno regional quiere suprimir la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo

Trece personas forman parte de este ente que se fundó en 2010 y que se hizo especialmente famoso cuando arreciaron las fugas empresariales. Desde Lauki o Dulciora en Valladolid, hasta Nissan en Ávila o Puertas Norma en Soria.

«La Comisión considera que la actividad de formación debe revertir al ECyL con el fin de evitar duplicidades», dice el veredicto. «En cuanto a la parte de anclaje y/o permanencia de empresas, se recomienda la supresión mediante la integración de funciones en el Instituto de Competitividad Empresarial (ICE)».

La decisión ha provocado la reacción de sindicatos y patronal, escamados ya con el Gobierno autonómico a cuenta de las disputas con el Diálogo Social. Se les ha unido el PSOE, que ve aquí una nueva afrenta a la «paz social». Y la propia ex consejera de Hacienda, Pilar del Olmo (PP), ha explicado que fue un organismo muy útil en un momento difícil.

Un momento, por otro lado, que puede volver a repetirse en breve si este 2021 cumple con sus negras previsiones económico-pandémicas. El propio viceconsejero de Economía es consciente de ello, pero confía en que el plan de reorganización funcione. «La parte de Anclaje, para que las empresas permanezcan, puede tener importancia por las crisis que se pueden avecinar, pero el 'saber hacer', el conocimiento adquirido en este aspecto, se integra en el ICE. No es necesario tener una Fundación solo para crisis empresariales cuando se pueden crear grupos de trabajo 'ad hoc' en el ICE», justifica.

La ex consejera Del Olmo, ahora portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, considera que esa vertiente de la fundación era «interesante porque en una crisis empresarial pasan muchas cosas, desde personal que se queda desempleado hasta la necesidad de buscar alternativas». Un caso que se solucionó con una venta fue el de Dulciora, que Mondelez traspasó a otra factoría del sector, Damel. «Teníamos miles de reuniones con la fundación, sindicatos y patronal para intentar buscar alternativas. Sobre todo para intentar buscar esa nueva empresa que llegara. Y para el empresario alternativo era importante ver que los sindicatos estaban de acuerdo. Era una tarea que no requiere mucho gasto y sí mucho hablar y reuniones», señala Del Olmo.

La cuestión, como ocurrió con Lauki, es que otras veces no había solución porque algunas de las empresas que optan por deslocalizar la producción «no solo quieren cerrar, sino que no les hagan la competencia, que no se instale una fábrica igual . En el caso de Vestas una de las condiciones era que no fuera una empresa de su sector», recuerda la exconsejera.

La procuradora socialista Virginia Barcones considera que «lo que funciona hay que mantenerlo» y más cuando su coste es «irrisorio». «Se destina el 0,17% del presupuesto de la Consejería de Empleo, que es de 468,5 millones. A la Fundación Anclaje se van 802.849 euros. ¿Cuestionas la Fundación Anclaje y no la Fundación Siglo, que se lleva 27,5 millones, el 20% de los 140 de Cultura? ¿O el ICE, donde van 224 millones?», se pregunta.

Ante eso, el viceconsejero David Martín opone que no se trata de una cuestión de ahorro económico. «El año 2019 la principal fuente de financiación de Anclaje viene del Servicio Público de Empleo, que le ha dado 802.000 euros, y tiene unos gastos de personal de 623.000 euros. Anclaje es solo gastos de personal», dice.Y ese personal se va a mantener, solo que en otros puestos. «No se busca el ahorro. Esos trabajadores se van a dedicar a otras cosas», aduce, ya que se integrarán en la estructura del ICE, porque la formación para el empleo es una competencia que «debe regresar al ECyL».

El resto de las fundaciones y organismos se mantiene: Ente Regional de la Energía, Instituto para la Competitividad Empresarial, Agencia para la Calidad del Sistema Universitario, Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores, Fundación Provincial de Servicios Sociales de Burgos, Fundación de Acción Social y Tutela, Fundación del PatrimonioNatural, Fundación del Centro de Supercomputación, Sociedad Pública de Medio Ambiente, Fundación de Hemoterapia y Hemodonación, Fundación de Estudios de Ciencias de la Salud,Consejo de la Juventud, Servicio de Relaciones Laborales, Instituto Tecnológico Agrario y Fundación Siglo.

«En Castilla y León somos la duodécima comunidad en número de entes, tenemos seis veces menos que en Cataluña», presume David Martín. En el resumen ejecutivo de la Comisión paritaria se explica que en 2015 se eliminaron 32 entidades en las que la Junta tiene la mayoría en sus órganos de decisión. «Dicho esfuerzo supuso un ahorro de 121 millones de euros», dice el texto.

Algo que Virginia Barcones transforma en argumento en contra de la supresión. «Empresarios y sindicatos buscan soluciones para arreglar crisis empresariales, dar formación y que los trabajadores vuelvan a entrar en el mercado laboral. ¿Dónde está la duplicidad? No hay ahorro. Entonces, ¿dónde está la cuestión? En generar ruido atacando a una de las pocas cosas que funcionan en esta comunidad».

Sindicatos y patronal calculan que se ha intervenido en cincuenta empresas, con resultados positivos «cuando menos en un 70% de los casos», por lo que se han sumado a la crítica. Incluso advirtieron, en un escrito, de la «imposibilidad de realizar dicha supresión sin mediar la voluntad conforme de los dos tercios de su Patronato, lo que necesariamente requiere el acuerdo de las organizaciones, empresarial y sindicales, que lo componen», informaba Europa Press.Al margen, consideraban que la integración en el ICE va a entorpecer y ralentizar la labor de formación y de mediación de Anclaje, que se caracterizaba por su agilidad.

Respecto a la acusación de haberlo dejado todo como estaba, el viceconsejero de Empleo asegura estar satisfecho «porque el informe está equilibrado y hay medidas transversales a todos [los entes analizados]. Y lo que hacemos es una apuesta para que la administración se dedique en exclusiva a las actividades que no puede desarrollar con mayor eficacia o menos coste».