Pleno autonómico de desacuerdos sobre listas de espera, el lobo y el 'sí es sí'

El PSOE planteaba la elaboración de un nuevo plan de industrialización y medidas para recortar las listas de espera sanitarias y el PP, una iniciativa para volver al consenso de Pacto de Estado contra la Violencia de Género y urgir la reforma da la ley del 'solo sí es sí' para evitar la rebaja de condenas a agresores y la reclamación al Gobierno de la nación de los 8,8 millones pendientes de transferir a la Junta para pagar daños del lobo e implantar medidas preventivas de ataques. No ha habido acuerdo.

Sobre la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, Vox planteaba una enmienda para ir «más allá» de lo que proponía el PP, con lo que la votación que requería su reforma urgente ha mostrado en el hemiciclo el apoyo de PP, Por Ávila y Cs, la oposición de PSOE y Unidas Podemos y la abstención de Vox. «¿Cuántos agresores y violadores tienen que salir a la calle para que ustedes pidan responsabilidades?», ha preguntado Inmaculada Ranedo (PP) a la bancada socialista. El grupo mayoritario no ha aceptado incorporar la enmienda de Vox, por lo que los de Abascal no han votado a favor, pero tampoco en contra, tras un debate en el que Pablo Fernández, de Unidas Podemos, ha calificado la polémica norma facturada desde el Ministerio de Igualdad como una «ley sólida» y «rigurosa», equiparando al PP con las «hienas» por «sacar rédito político de las víctimas». Susana Suárez, de Vox, ha remarcado que la ley «está machacando a las víctimas», que las agresiones «van a quedar impunes» y que fomenta «la cultura de la violación».

Con el apoyo de todo el hemiciclo salvo PSOE y Unidas Podemos las Cortes instan a la Junta a reclamar al Gobierno de España a que deje sin efecto la normativa que impide el «control» del lobo y que ingrese los 8,8 millones que corresponden a Castilla y León para pagar indemnizaciones e impulsar medidas preventivas de ataques. «Aquí, a quien perjudica el Gobierno de España es a los ganaderos de Castilla y León», ha valorado, desde el PP, Ángeles Prieto. Todos los grupos de la oposición han coincidido en que la Junta tiene margen de mejora en lo sus competencia. «Siempre votan en contra de las enmiendas para mejorar las indemnizaciones», expresó Pedro Pascual, de Por Ávila. «Pueden ser más rápidos en las indemnizaciones y simplificar trámites», ha añadido el leonesiste Luis Mariano Santos. Juan Luis Cepa, del PSOE, ha incidido en las trabas que la Junta pone a los ganaderos para cobrar esas indemnizaciones. «A mí la Junta sí que me paga», ha rebatido la procuradora del PP, tras explicar que su familia vive de la ganadería y sufre al lobo.

PP y Vox han considerado que la Junta pone medidas efectivas para acortar las listas de espera. José María Sánchez Martín, parlamentario popular, ha recomendado a los socialistas a mejorar las demoras donde gobierna el PSOE porque son mucho mayores que las de Castilla y León, citando Aragón, Cantabria, Canarias y Extremadura y se ha preguntado si el PSOE piensa en llevar médicos rurales a las ciudades para bajar las demoras urbanas en los centros de salud. Jesús Puente, procurador del PSOE, ha remarcado la responsabilidad de la Junta en la gestión sanitaria. Más bien en lo que ha definido como una ausencia de planificación.

«Si dicen que se necesitan anestesistas, ¿tienen algún plan para retener, formar e incorporar profesionales a la plantilla?», se ha preguntado el parlamentario que ha facilitado un dato, el de los 433.618 ciudadanos de Castilla y León con un seguro sanitario privado, que son más del 20% más de los que había en 2016. «Eso es responsabilidad de ustedes», ha aseverado dirigiéndose a los populares. Una ausencia de gestión que se ve, según ha explicado Puente, en que hay profesionales que prefieren trabajar en la medicina privada aunque tengan un salario menor porque esas empresas les ofrecen contratos estables, fijos. La alternativa en Sacyl es «pulular de servicios en servicio» con contratos de hasta «dos días», encadenando contrataciones durante años. «No hay gestión», ha remarcado Puente.

La propuesta del PSOE incluía crear equipos quirúrgicos en turnos estables, equipos profesionales permanentes para las pruebas diagnósticas complementarias, aplicar la estrategia de reducción de temporalidad en el empleo público recogida por ley y cubrir las plazas vacantes, proponía que los usuarios de la Atención Primaria del Sacyl no esperen más de 48 horas y remitir a las Cortes una Ley de Plazos Máximos. Sucumbió en la votación.

Cerró el debate la ratificación de la ampliación de un convenio con Madrid para bonificar las tarifas de transporte a residentes en Segovia y Ávila que viajan asiduamente a la capital de España. Lo que se llama «viajeros recurrentes». Ahí hubo unanimidad, pese a que desde la oposición afearon a los socios de la actual coalición de Gobierno el voto en contra de iniciativas y enmiendas que habrían abaratado más los costes a los ciudadanos y extendido la medida a otras áreas geográficas. Francisco Igea, de Cs, y Ángel Ceña, de Soria ¡Ya!, han preguntado por qué no hay convenios similares para viajeros frecuentes de otras provincias. Todos coincidieron en que la medida, un ejemplo para PP y Vox e insuficiente para la oposición, ayuda a fijar población en Castilla y León.

La próxima semana vuelve a haber cita en las Cortes para el debate y la votación del primer presupuesto de PP y Vox, el de 2023.