La plataforma de reparto Glovo, entre las multas y la economía sumergida

Tenía cientos de multas en toda España por incumplir la legislación laboral, y este 2024 esa avalancha de sanciones ha terminado por sepultar a su CEO, Óscar Pierre, en un procedimiento penal. El Ministerio de Trabajo atribuye a Glovo hasta 267 millones de euros en cuotas impagadas a la Seguridad Social en toda España, fruto de la falta de regularización de alrededor de 61.000 repartidores que en algún momento han trabajado para la marca como falsos autónomos. Solo en Valladolid la empresa acumula 2,2 millones por esos conceptos, con 465 'riders' afectados, pero hay más actas de la Inspección en trámite que implican a otros 200.

Esta realidad ha sacado a la luz otra que no por estar escondida es menos real. El hecho de que la actividad de la plataforma de distribución de comida a domicilio pivota en gran medida sobre la economía sumergida. Porque es habitual que repartidores con cuenta en Glovo alquilen sus perfiles en la app a migrantes en situación irregular a cambio de un 30% de las ganancias, como ha denunciado el sindicato UGT y han confirmado los afectados.

Como muestra, un botón. En Valladolid los 'riders' de la firma son unos 300, en su mayoría venezolanos, de los que se estima que menos del 20% tendrían la documentación en regla. A la precariedad de su ocupación –la tarifa es de 3,20 euros, por envío, lo que deja en 2,24 sus ganancias–, sin descanso semanal ni vacaciones pagadas y obligados a aguantar las inclemencias meteorológicas, se ha sumado la incertidumbre respecto a su futuro: la firma anunciaba este diciembre «un nuevo modelo laboral» que pasa por contratar a los repartidores, lo que les dejaría sin empleo.

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