Plantean eliminar el distrito único de escolarización para reorientar 31 colegios gueto en Castilla y León

La Plataforma Social de Valladolid plantea al Gobierno de Castilla y León la intervención en el proceso de admisión de alumnos para prevenir la agrupación de escolares de minorías étnicas o de familias con condiciones de socioculturales desfavorecidas. Consideran que el distrito único para la matriculación ha contribuido a agudizar la segregación, algo que también ha impulsado, añaden, el sistema de bilingüismo. Algo «paradójico», argumentan, al señalar que el modelo del British Council ha provocado en la práctica «el vaciado de los centros públicos que lo aplican de alumnado de etnia gitana».

Los promotores de este informe consideran imprescindible que la Junta elabore un estudio detallado de los centros públicos y concertados en los que más del 30% del alumnado está en situación de vulnerabilidad socioeducativa. Rocío Lucas, consejera de Educación, reconoce en una respuesta oficial a las Cortes que al menos hay 31 centros (29 públicos y dos concertados) en Castilla y León considerados «de alta complejidad socioeducativa». Se sitúan en barrios deprimidos socialmente, lo que incide en el nivel cultural y la renta de los hogares de los estudiantes y suelen tener un mayor porcentaje de escolares que requieren apoyo educativo, más incidencias de convivencia y peores resultados académicos, con más tasa de repetidores, según explica, por escrito, Rocío Lucas.

Los responsables de la Plataforma Social de Valladolid proponen que para la escolarización de los próximos cursos haya comisiones de garantías, integradas por representantes de toda la comunidad educativa, que se encarguen de aprobar las admisiones. Estas orientarían a escolares de centros segregados hacia «centros públicos y concertados sin alumnado de estas características o con un porcentaje inferior al 5%».

También reivindican un refuerzo de los programas de lucha contra el absentismo y en la tutorización del alumnado más vulnerable, además de «la dotación de medios humanos y materiales necesarios a todos los centros escolares públicos y concertados, para compensar la situación de los escolares que tengan dificultades para alcanzar los objetivos educativos debido a su desventaja social». Inciden en la necesidad de garantizar que todos los alumnos «disponen de libros al inicio del curso». Las familias reciben becas, pero deben adelantar el dinero para la compra.