Los planes de empleo de Castilla y León apenas ayudan a encontrar un puesto de trabajo de calidad

La Junta se ​dirigió a la AIReF, en el marco del pacto al que llegaron el PP y Ciudadanos para gobernar juntos en la ya extinta legislatura, y solicitó al organismo que evaluase cuatro líneas de gasto público de la comunidad: las políticas activas de empleo, la de las becas y universidades, el gasto en comunicación institucional y la estrategia de promoción industrial.

La institución que preside Cristina Herrero ha hecho públicas sus conclusiones relativas a los planes de formación y empleo, en las que estima que las acciones de orientación y acompañamiento a la inserción para parados ​(FOD y OFI) «aumentan la empleabilidad entre 5 y 10 puntos porcentuales», por lo que aconseja reforzar los que incluyen orientación e inserción, que tienen «un impacto de entre 15 y 20 puntos» a la hora de mejorar la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo.

Por el contrario, los planes de contratación pública y directa (Elmin y Prorgan) destinados a desempleados de la minería «no consiguen facilitar el acceso al empleo después del programa», por lo que proponen combinarlos con programas de formación

El organismo cuyo objeto es velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, que fue creado en 2013 por el Gobierno a instancias de la Unión Europea, dictamina que el modelo de gestión de las políticas activas de empleo tiene «una elevada carga administrativa que conduce a programas generalistas, que buscan garantizar la ejecución de los fondos con los recursos disponibles en lugar de la calidad, pero que al mismo tiempo están muy compartimentados y presentan solapamientos y escasa coordinación entre ellos». Las políticas activas de empleo son competencia de la Junta y cada año se diseñan junto con los sindicatos CC OO y UGT y la patronal CEOE Castilla y León.

Además, los planes de empleo se caracterizan por una «ausencia de diagnóstico y tratamiento individualizado», así como una «escasa orientación a resultados». Adolecen también de «falta de recursos para un seguimiento y evaluación sistemáticos de los programas».

Entra las propuestas de la Autoridad Independiente, se encuentran la de avanzar hacia «un modelo de prestación de servicios más flexible que permita ofrecer una atención integral a los usuarios, mejorando la coordinación entre los programas». En este sentido, ve conveniente que para determinados colectivos se realicen proyectos piloto que permitan estimar su impacto y así decidir cuáles resultan más eficaces.

Encuentra débil la capacidad de orientación e intermediación de los servicios públicos de empleo, por lo que cree que se debería reforzar mediante la incorporación de personal propio que permita reforzar las acciones de orientación y acompañamiento a los desempleados, así como desempeñar un papel proactivo en la prospección del tejido empresarial.

El Servicio Público de Empleo de la Junta, el Ecyl, dispone de un elevado volumen de información, pero no lo aprovecha para «establecer objetivos medibles sobre un diagnóstico detallado y construir un sistema de seguimiento y evaluación estructurado y orientado al análisis de los resultados alcanzados por los programas que gestiona», lamenta la Airef.

Respecto al Programa de Formación para Desempleados (FOD), la AIReF señala en concreto que no incluye «hitos temporales cuantitativos ni cualitativos basados en un diagnóstico de las necesidades de formación de los destinatarios potenciales de estas acciones o de los sectores productivos». No es de extrañar, así pues, que se haya producido un «descenso importante del número de alumnos por curso», algo que refleja las dificultades que tiene el programa «para involucrar a potenciales interesados». La autoridad aprecia una «baja cobertura de colectivos prioritarios e importante presencia de participantes con estudios superiores en una oferta dirigida a personas de baja cualificación».

La oferta formativa resultante tiene dificultades para reflejar bien los cambios en las necesidades del mercado y está poco focalizada en áreas consideradas estratégicas o prioritarias para la región«, advierte.

En cuanto a los Itinerarios Integrados de Orientación, Formación e Inserción (OFI), el organismo independiente señala que tienen «poca orientación a resultados y sesgo hacia la formación en detrimento de la orientación y la inserción». Los objetivos no están asociados a la consecución de «hitos medibles basados en un diagnóstico previo de las necesidades» de trabajadores y empresas.

Asimismo, la información generada en las acciones de orientación y acompañamiento a la inserción no se incorpora a las bases de datos del Ecyl, con lo que ello conlleva a la hora de facilitar la contratación. «Los beneficiarios únicamente pueden ser entidades de formación y no se valora su capacidad de efectuar adecuadamente las acciones de orientación y de acompañamiento a la inserción», alerta, por lo que insta a «repensar y equilibrar los criterios basados en el desempeño de las entidades en convocatorias previas».