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132.352 personas se vacunarán en Castilla y León en la primera etapa, hasta el mes de marzo con 264.704 dosis. Las demás fechas dependerán de la disponibilidad de las vacunas tanto de Pfizer/BioNTech, que son las que ahora se están poniendo, ... como de otras futuras. Las previsiones apuntan a que la campaña se prorrogará hasta el mes de septiembre. La que se está poniendo requiere dos dosis para completar su efectividad existiendo un plazo entre la primera y la segunda dosis de 21 días; es necesario, por ello, una compleja organización, planificación y logística para poder aprovechar el máximo de unidades con la mínima pérdida por errores en la cadena de frío o el transporte de dosis.
Para el primer mes de vacunación está previsto, según el Ministerio de Sanidad, que a Castilla y León lleguen algo más de 126.000 dosis.
Estos grupos de población se han diseñado atendiendo a criterios técnicos y sanitarios basados en principios de riesgo de morbilidad grave o de mortalidad; riesgo de exposición; riesgo de impacto social o económico negativo, y riesgo de transmisión de la infección a otras personas.
La vacunación se organiza en cuatro grupos:
El primero, ya en marcha, afecta a 38.272 mayores y personas con discapacidad que viven en residencias y 17.972 cuidadores, según previsiones (aún están abiertas las listas).
El segundo: personal sanitario de primera línea, lo que supone ofrecérsela a todo el de Atención Primaria, con 8.493 profesionales, y de hospitales, con otros 33.953 trabajadores. En Atención Especializada se empezará con los profesionales de UCI, Urgencias, Medicina Interna, Neumología, Servicios de Prevención de Riesgos laborales o Admisión y de Emergencias Sanitarias.
El grupo tres está destinado a la cobertura vacunal del resto de personal de los hospitales, sanitarios de centros privados y el resto de trabajadores sociosanitarios.
El cuarto grupo son grandes dependientes: 33.662.
Mayores de 70 años y de 50 con riesgos de salud. También menores de dicha edad vulnerables, embarazadas, docentes de primera línea y profesionales de prisión.
Comenzando por el tramo de 40 a 50 años y resto de población adulta y docentes que falten. Así como el resto del personal esencial.
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