El plan anticrisis incluye medidas para 300.000 hogares de Castilla y León

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cifrado en 45.000 millones los recursos totales destinados desde marzo por el Ejecutivo a proteger a las familias y el tejido productivo ante aumento del coste de la vida, la energía y los alimentos, de los que unos 2.300 millones habrían llegado o llegarán a Castilla y León con esta última parte del plan.

En síntesis, las novedades tienen que ver con la prórroga del 2% de tope de subida al precio de los alquileres, un cheque 200 euros para familias con rentas inferiores a 27.000 euros anuales y un patrimonio no superior a 75.000 euros y rebajas del IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad y del 10% al 5% para el aceite y la pasta.

El jefe del Ejecutivo ha cifrado en 4,2 millones de familias, las que tienen rentas anuales inferiores a 27.000 euros, las que podrán acceder a la ayuda de 200 euros para hacer frente a la inflación. Un 5% de ellas serían castellanas y leonesas, es decir unas 210.000 (una de cada cinco), y recibirían más de 40 millones de euros.

Ya en junio pasado, las unidades familiares con ingresos inferiores a los 14.000 euros anuales a los que equivale el salario mínimo interprofesional (en torno a 100.000 hogares en la región) recibieron un cheque de 200 euros.

Además, para hacer frente al alza de los precios de los alimentos se suprime durante seis meses el IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad -entre ellos el pan, la leche, los huevos, las frutas y verduras y las legumbres- y baja del 10% al 5% el del aceite y la pasta.

Las arcas públicas 'pueden permitirse' esta bajada si tenemos en cuenta que la recaudación por el IVA se encuentra en cumbres históricas. Entre los meses de enero y noviembre ha batido todos los records y los 1.488 millones ingresados en Castilla y León suponen el 7,7% más que en el mismo periodo del año pasado, además de la cantidad más elevada de la serie histórica.

Hacienda gestiona el IVA y reparte entre las comunidades el 50% de la recaudación de cada territorio. Castilla y León no está entre las autonomías con un mayor nivel de consumo y el año pasado, el total ingresado por la Agencia Tributaria en la comunidad por el IVA representó el 1,9% del total nacional (excluidos País Vasco y Navarra), cuota en función de la cual se realiza el reparto.

El real decreto de ayudas para hacer frente a la subida de los precios prorroga la subida máxima del 2% de los alquileres hasta el 31 de diciembre de 2023 y extiende seis meses este mismo límite para los contratos que expiren antes del 30 de junio del próximo año. La medida ya está en vigor desde marzo de este año y también tiene un impacto significativo en Castilla y León, aunque menos que en otras partes. La costumbre de vivir de alquiler no está aquí tan arraigada como en otros lugares de España: mientras en el conjunto del país el 75,8% de los hogares tienen su vivienda en propiedad, con el 15,2% que viven de alquiler; en Castilla y León viven arrendados el 11,9% de los hogares, con una cuota de propietarios del 81,2%, según datos del INE de 2020.

Con un censo de un millón de hogares en la comunidad, el número de afectados por la prórroga del tope a la subida (en el 2%, cuando la inflación ronda el 8,5%) sería en torno a la mitad (los que revisen precio en el semestre) de esos 120.000 hogares que viven en régimen de arrendamiento.

Por otro lado, el nuevo paquete de medidas incluye la prórroga por otros seis meses, hasta el 30 de junio de 2023, de la suspensión de los desahucios y los lanzamientos de vivienda para los hogares más vulnerables. También prohíbe durante todo 2023 del corte de suministros esenciales y se mantiene el incremento del 15% del ingreso mínimo vital. Según las últimas estadísticas del Ministerio de Inclusión, 65.000 castellanos y leoneses son beneficiarios del IMV, el 4,6% del total nacional.

Las medidas incluyen una prórroga del descuento del 30% al transporte urbano e interurbano, que el Gobierno pagará solo a las comunidades que se comprometan a ampliar la bonificación al 50% del precio. Entre septiembre y noviembre, los tres primeros meses de funcionamiento de la bonificación, Renfe emitió más de 70.600 abonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia en Castilla y León; así como 18.600 abonos Avant (Media Distancia de Alta Velocidad), que disfrutan de un descuento del 50%. El corredor Avant Valladolid-Segovia-Madrid es el que más abonos aglutina, el 25,6% del total de los emitidos a nivel nacional.

Por otro lado, el Gobierno elimina la bonificación generalizada de 20 céntimos por litro de carburante y la mantiene solo para los profesionales, es decir transportistas, agricultores, navieras y pescadores. En particular para los agricultores, se fija una ayuda directa de hasta 20 céntimos por litro, mediante la devolución del impuesto especial de hidrocarburos, con un coste de 240 millones.

El decreto prorroga seis meses las rebajas fiscales destinadas a contener la subida de precios en la factura de luz y del gas (bajada del IVA del 10% al 5%; tipo impositivo rebajado del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad y suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica) y mantiene congelado el precio máximo de la bombona de butano en 19,55 euros.

El Ejecutivo también ha aprobado ayudas directas por un importe de 300 millones de euros a los agricultores en compensación con el incremento del precio de los fertilizantes.

Otras medidas de apoyo a la industria gas intensiva están dotadas con 950 millones: 450 en ayudas directas y otros 500 para el lanzamiento de una nueva línea de liquidez a través del ICO orientada a los sectores con alto consumo de gas. A todo ello se suma la aprobación de un nuevo PERTE para descarbonización industrial, que dispondrá de una dotación de 3.100 millones de euros.