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El sector fotovoltaico vive un momento dulce. La competitividad económica de los nuevos proyectos de placas solares tanto desde el punto de vista del abaratamiento de la tecnología como del precio de la energía generada y su papel en la lucha contra el cambio climático ... han propiciado que en el caso de Castilla y León en tan solo un año se haya incrementado en casi un 40% la potencia instalada.
En función de los datos facilitados por Unef (Unión Española Fotovoltaica) la región contaba en 2018 con 496 megawatios de potencia instalados y a cierre de 2019 la cifra se elevaba a 796 megawatios.
Hablar en estos términos puede resultar un tanto complejo, pero el dato se asimila de manera mucho más sencilla si esa energía generada por las instalaciones fotovoltaicas de la comunidad se traduce en número de hogares suministrados. El cálculo se hace multiplicando esa potencia por la producción media de horas que se estima en 1.700 kw, de donde sale la energía generada, 1.353.200.000 kilowatios hora. Si el consumo medio de un hogar tipo son 3.500 kwh/año, en la comunidad habría potencia suficiente para suministrar a 386.628 hogares. Dicho de otro modo, uno de cada cuatro hogares (hay un millón en Castilla y León)_podrían contar con esta renovable en su día a día.
El conjunto del país contaba a 31 de enero de 2020 con 8.928 megawatios de potencia instalados, con la particularidad de que Andalucía con 1.828 megawatios ha adelantado en esta carrera de fondo a Castilla-La Mancha que ya suma 1.725.
Para hablar de instalaciones hay que remontarse a los datos del informe de Unef de 2018 (publicado en 2019) en el que el número de instalaciones en la comunidad castellano manchega era de 11.596, y en Castilla y León de 5.504. Los objetivos del Gobierno de España para 2030 se han fijado en que las renovables deben representar el 42% sobre el consumo de la energía final.
Por otra parte, habría que diferenciar entre las grandes instalaciones de placas solares, que son un negocio en sí mismas, y a las que hacen referencia los datos citados, y aquellas de autoconsumo que tampoco han dejado de aumentar dado que desapareció el impuesto que gravaba a esos particulares y además, pueden dar salida comercial a su sobrante de energía.
José Donoso, director general de Unef, reconoce que en la actualidad hay «mucho movimiento» en el sector debido a que «ahora es muy competitivo, es la forma más barata de energía y esto nos da seguridad en el futuro porque producimos a la mitad de la media del mix eléctrico». Estas circunstancias hacen que haya «una necesidad de avanzar con nuevas inversiones para sustituir al carbón o al gas».
Sin subvenciones
Lo primero que viene a la mente es pensar en posibles subvenciones que hayan llevado la alegría al sector, pero Donoso responde rotundo: «No, no hay subvenciones, no las necesitamos», al tiempo que basa todo ese futuro en la competitividad: «Se va a dar energía más barata y esto dará competitividad a la industria española; el precio final para los consumidores bajará».
Desde que existe esta tecnología, el 2019 fue el año en el que más potencia se instaló y «es probable que para 2030 se sobrepasen los 30.000 megawatios» a través de instalaciones de todo tipo pues «es una tecnología muy escalable, encuentras instalaciones grandes de 400 megawatios u otras pequeñas de tres pero esa es la gran característica que es algo a lo que no solo pueden acceder los grandes».
Donoso aprecia que esta energía procedente del sol constituye una «oportunidad» para regiones como la castellano y leonesa con la posibilidad de generar tanto rentas directas como indirectas. «En Castilla y León por sitio no será. Hay sol y espacio que dan una ventaja competitiva y todo esto va a dar sentido a esa España vaciada porque se genera empleo». El sector agrario está apostando fuerte por esta energía utilizando esas placas para poder extraer agua o proporcionar alimento a los animales.
Tampoco se puede dejar de introducir otro matiz y es que el repunte de las instalaciones a lo largo de 2018 y 2019 es el resultado de las subastas que se efectuaron en los años 2016 y 2017 y cuyos proyectos tenían que estar finalizados en 2019.
Las subastas son «la forma más habitual de organizar el sistema eléctrico», aclara Alejandro Labanda, director de Estudios de Unef, «es una herramienta de la política energética y en el caso de las renovables ayuda a ir construyendo, a controlar el desarrollo para no hacer una burbuja».
El sistema se ha ido modificando pero la conclusión actual es que tras una subasta, el ministerio garantiza un precio mínimo por esa energía, aunque baje. Una parte de los ingresos se hace a través de la venta al mercado pero, si en las revisiones que se hacen cada tres años no se cumplen con las estimaciones de rentabilidad, el ministerio la asegura.
Terrenos agrícolas
Las ofertas para la instalación de placas solares en terrenos agrícolas han puesto el 'caramelo' en la boca a los propietarios. San Felices de los Gallegos, en la provincia de Salamanca, es uno de esos pueblos en los que en estos días están llegando ofertas de alquiler, «te ofrecen entre 1.300 y 1.400 euros y claro, si una cebada te va a dar 200 o 300 euros la hectárea y encima tienes que trabajar, la gente lo tiene claro», comenta una de las personas que ha firmado un precontrato en el que declara interés en el proyecto, «nada más, no sé lo que hará al final».
Las noticias que llegan desde Ciudad Rodrigo han revuelto el ambiente, con propietarios a favor y en contra de un futuro parque solar. «Yo había llegado a un acuerdo de 800 euros la hectárea porque para tener la misma rentabilidad prefiero alquilar toda la finca», dice otro propietario que no tiene claro lo que sucederá en el futuro.
Ante el auge de la instalación de parques solares la abogada especialista en derecho agrario, Celia Miravalles, detecta «una gran preocupación de los propietarios de las fincas porque aunque les ofrecen una alta rentabilidad por arrendarlas (actualmente entre 1.000 y 1.200 euros por hectárea), lo cierto es que los contratos son muy leoninos y recogen términos que muchas veces solo benefician a la empresa».
Aclara, en primer lugar, que en este caso «no es de aplicación la Ley de Arrendamientos Rústicos» por lo que «si lo que te ofrecen es un contrato de arrendamiento, las relaciones entre el propietario y el arrendatario (empresa solar) se regirán por lo establecido en el contrato y en lo no recogido, en el Código Civil».
En cuanto a la duración y prórrogas «lo normal es que la empresa que quiere arrendar nos imponga una duración amplia de unos 30 años para poder amortizar la vida útil de las placas».
Alerta la abogada sobre determinadas cláusulas y la conveniencia de asesorarse, «lo normal es que nos entreguen un contrato tipo», dice «y que nos den unos plazos escasos para firmarlo alegando la alta rentabilidad o renta a pagar».
Suele ser habitual, además, que se solicite la firma antes de contar con las autorizaciones administrativas para así poder entrar en la finca para hacer estudios. En este caso, «conviene indicar que se harán cargo de los daños que causen en el cultivo o en las fincas e incluso podemos solicitar que nos paguen alguna cantidad como reserva»
La experta va más allá: «Hay que recoger en el contrato que no coincida la fecha de recogida de cosecha con el inicio de las obras, se nos permita recogerla o en su caso se nos indemnice por la cosecha no recogida e incluso por la PAC si hay riesgo de no recibirla». En cuanto al desmantelamiento de la instalación se deber recoger «claramente» la propiedad de la empresa y que, una vez extinguido el contrato, sea por finalización del plazo o por otro motivo, deben retirarlas y dejar la finca apta para su uso agrícola. De igual modo, «hay que indicar en el contrato que la empresa solar es responsable del incumplimiento de cualquier normativa relacionada con la instalación fotovoltaica, y que debe tener contratados todos los seguros correspondientes».
En el contrato debe quedar claro la superficie «indicando en su caso que se abonará la renta por toda la superficie arrendada o la totalidad de la parcela aunque no se utilice en toda su extensión, al menos siempre que quede superficie agronómicamente inviable».
También hay que dejar definidos los gastos e impuestos
Las energías renovables también se han convertido en aliadas de agricultores y ganaderos que han encontrado una solución para aquellos puntos a los que no llegaba otro tipo de suministro.
Ángel Santiago García, un ganadero de charolés de la provincia de Salamanca, trabaja con una tolva inteligente en la que, como él mismo indica, «el misterio está en que lleva una placa solar que alimenta una batería y esta batería acciona un mecanismo para dosificar un programador que tiene registradas las horas concretas en las que debe suministrar comida».
Destaca que este sistema «supone una alimentación de forma racionada y, por otra parte, te evitas ir con el saco a repartir el pienso porque eso lo hace la tolva así que ahorras trabajo».
Tal y como sucede en su caso y en muchas otras fincas de extensivo, «normalmente te encuentras con que no llega la electricidad a la mitad de la finca pero sistemas como el de placas solares te permiten tener disponible esta tolva inteligente».
La idea surgió del propio Ángel que vio un sistema similar en Estados Unidos pero el desarrollo del proyecto llegó de la mano de la Universidad de Salamanca que cada año realiza diferentes proyectos con emprendedores y con el apoyo de las administraciones o entidades financieras. En opinión del ganadero, uno de los referentes de la cría de ganado charolés a nivel nacional, «esta opción puede ser mucho más práctica, está en prueba y puede ser una buena idea para la recría».
En cualquier caso, mantiene que «además del ahorro que supone en mano de obra, es una manera de aprovechar la energía del sol». Concluye que ya es «muy común» utilizar un sistema de placas solares para la extracción de agua a través de una bomba. «Pienso que el futuro está ahí, en ser autosuficientes y aprovechar los recursos que tenemos gratis», insiste Santiago.
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