Castilla y León

Piden la intervención de Sacyl con una enferma que atemoriza a la vecindad

La mujer, de una localidad que la resolución de la Procuraduría evita señalar por el derecho a la intimidad de la afectada, sufre un marcado trastorno mental con alto riesgo autolítico y para este Defensor requiere actuaciones más allá de la intervención policial y el amparo de la Justicia porque, considera, que hay que abordar el problema de base.

Se trata de «una conducta incívica y constantes alteraciones del orden, que se reflejan en faltas de respeto, insultos, roturas de enseres, amenazas, provocaciones, intentos de agresión y agresiones consumadas», recoge la resolución.

Sin embargo, este Defensor reclama una intervención con más miras y que no se ataje solo el problema de la alteración del orden, intervenciones policiales y amparo judicial a la vecindad y a al enferma. «Para su solución resulta imprescindible descender a su origen, que no es otro que una clara cuestión de salud pública que requiere una eficaz intervención sociosanitaria sobre la persona en cuestión. Sin embargo, según la información facilitada por la Diputación , abordada la cuestión en la correspondiente Comisión sociosanitaria, únicamente se ha procedido a trasladar comunicación al respecto a la Administración de Justicia».

Por ello, reclama que, con independencia de la protección judicial que corresponda aplicar, «hay que proteger de forma paralela la salud mental de la citada persona, como pilar fundamental para evitar las alteraciones conductuales causantes de posibles riesgos para sí misma y para terceros».

La paciente tuvo intentos de suicidio y fue derivada al hospital pero, según indica la Consejería de Sanidad, pero «no supuso la valoración y tratamiento de la conducta suicida por parte del Servicio de Psiquiatría, sino que solamente se valoraron como motivo del ingreso hospitalario las alteraciones del comportamiento de la paciente». Considera esta oficina que, por lo tanto, no hay una respuesta específica a las necesidades concretas generadas por el riesgo suicida ni generado o aplicado estrategias preventivas «para actuar sobre su vulnerabilidad, disminuir sus factores de riesgo y favorecer los dirigidos a su protección».

Reconoce no obstante, que la situación es «de difícil abordaje ante la aparente carencia de apoyos familiares y el expresado rechazo social generado por las propias conductas disruptivas de esa persona. Pero ello, no es motivo para no actuar en relación el caso».

Indica, en general, que «la adecuada detección, manejo y tratamiento de los trastornos mentales es, en concreto, una de las estrategias de prevención más eficaces en el abordaje de las conductas autolíticas, dado que se estima que el 90% de las personas que se suicidan presentan un trastorno mental, generalmente derivado de uno depresivo».

Por ello, resuelve que el abordaje de las conductas suicidas debe ser «global y coordinado», así como multidimensional y multidisciplinar y recomienda «proceder a la articulación de una intervención integral en relación a este caso, que comprenda la elaboración de un plan de protección y tratamiento de esta paciente con riesgo autolítico, desarrollando un conjunto de acciones de prevención y atención de carácter multidisciplinar e integrado con las que se dé una respuesta a las necesidades generadas por su situación y se garantice la continuidad de sus cuidados, asegurando la coordinación en la atención entre los diferentes niveles asistenciales del sistema sanitario y, si se considerase preciso, con los Servicios Sociales de zona para proporcionar el tratamiento que requiere su salud mental, orientado hacia el presente y futuro, y evitar, así, cualquier daño a sí misma y a terceros».