El CES pide estrategias para detectar dolencias graves aparcadas por atender la pandemia

«Esta crisis ha puesto de relieve las debilidades de los sistemas sanitario y social y exige una estrategia de reconstrucción justa, consensuada», defiende el documento. El CES considera necesario «planificar estrategias» que permitan «no perder oportunidades de detección precoz de patologías» graves, como el cáncer o enfermedades de circulatorias, que se han visto aparcadas por un sistema sanitario obligado a volcarse en la pandemia.

El presidente del organismo, el salmantino Enrique Cabero ha resaltado este miércoles que la covid-19 ha sometido a los servicios públicos a una «prueba de estrés» tal que salta a la vista todo aquello que no ha sido capaz de resistir. Ante esa situación, los fondos europeos son «una oportunidad» para impulsar infraestructuras y «acelerar reformas estructurales pendientes» aprovechando «las potencialidades» de Castilla y León en industria agroalimentaria, automovilística o ciberseguridad y en energías renovables, patrimonio o universidades para atraer y retener talento. Algo que debe hacerse, según plantea Cabero, sin que zonas del territorio queden fuera de los planes públicos y del desarrollo económico. Desde el CES conminan a lograr un consenso social y político dentro de Castilla y León para impulsar esas «estrategias» y un acuerdo entre administraciones.

Hay que «reconfigurar» la Atención Primaria. El CES constata que la ejecución de las inversiones en centros de salud y consultorios se queda en el 54% de lo que presupuesta la Junta y pide un esfuerzo «para dotar debidamente a la Atención Primaria». Con personal y tecnología. El organismo plantea una propuesta que genera controversia entre los sanitarios, como es que la enfermería «pueda resolver patologías cuando no sea necesaria la concurrencia del médico». El informe refleja el crecimiento de las listas de espera y reclama «buscar fórmulas de solución para evitar que el cuello de botella siga estrechándose». ¿Hasta que punto lo está? Las intervenciones quirúrgicas de prioridad 2, para las que se recomienda un plazo máximo de 90 días, se situaron al cierre de diciembre en 122 días de demora media. Una espera de tiempo que «casi se ha duplicado» respecto a 2019 para pruebas diagnósticas y primeras consultas con los especialistas.

El organismo cree preciso elaborar «un mapa de atención continuada» para garantizar la accesibilidad a la asistencia «diaria» en los consultorios y la atención de urgencias en el medio rural y plantea a la Junta que debe adecuar el servicio de transporte público. «Tras la experiencia sufrida en la comunidad con la covid-19, el CES considera importante que se establezca un nuevo modelo de atención sanitaria para los centros sociosanitarios y residencias de mayores». Coordinación efectiva. Real.

El informe anual llama la atención sobre el aumento de la carga de cuidados en el ámbito familiar que supuso el cierre de servicios de atención a personas dependientes. Plantea reforzar prestaciones como la ayuda a domicilio (con copago diferente según provincias), la teleasistencia y los centros de día y noche. Demanda más horas de ayuda a domicilio y con una condiciones que permitan incrementar «el atractivo del empleo», sobre todo en el medio rural. El CES alerta de que la covid ha puesto ante la puerta de los Servicios Sociales perfiles diferentes a los que atendían. Valora la Red de Protección de las Familias de Castilla y León, pero advierte de que cojea en la parte de evaluación de resultados. Eso impide acreditar su eficacia con agilidad y corregir medidas con las que se atiende a las «personas más vulnerables».

La puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal obliga, en opinión del Consejo, a adaptar la Renta Garantizada de Ciudadanía regional. Son prestaciones «coincidentes en sus objetivos», por lo que se debería «evitar la duplicidad de trámites de ambas prestaciones». El Consejo analiza la puesta en marcha del IMV. El Gobierno tramitó 43.664 solicitudes en 2020 en Castilla y León y concedió 7.903. «Los datos de gestión no permiten una valoración positiva de los primeros meses de la existencia», recoge el informe. Respecto a la Renta Garantizada, el 31 de diciembre había 5.671 titulares cobrando, frente a los 9.142 de 2019. De ellos, 220 eran mujeres víctimas de violencia de género.

Para el CES es urgente una estrategia de reindustrialización y también incorporar al diálogo sobre la política energética a las comunidades «excedentarias» en producción eléctrica. Es el caso de Castilla y León. Insta a «impulsar el debate sobre la repercusión en beneficio de nuestra comunidad que debería tener la aportación a la producción eléctrica nacional que realiza Castilla y León y que es muy superior a sus necesidades». El documento incide en el «impacto negativo» que el cierre de oficinas bancarias tiene en municipios rurales, generando una brecha más, la financiera. El Consejo subraya «un año más» que el ahorro que los ciudadanos de Castilla y León ponen en manos de los bancos debe servir a las autoridades para reclamar a las entidades financieras el mantenimiento de servicios en el territorio autonómico.

El CES subraya la necesidad de aprovechar los fondos que llegarán de la Unión Europea para reactivar la economía. Insiste en la digitalización a todos los niveles, social, educativa y también industrial y empresarial. Para eso hace falta el acceso a conexiones de alta capacidad. El informe constata el avance a lo largo de 2020. El último dato del índice de penetración de Internet mediante banda ancha por municipios (entendido como número de líneas por cada 100 habitantes) es de 2019. Creció en Castilla y León en relación a los resultados de 2018 (34,3 frente a 31,3).En el conjunto de España llegó al 33,3 en 2019.

El Consejo Económico y Social demanda a la Junta impulsar una Ley de Ciencia, para aprovechar al máximo el motor de la investigación, propone un pacto autonómico de lucha contra el fraude fiscal, impuestos favorables al medio rural y un impulso a la inversión desde las administraciones públicas. Considera «imprescindible» nombrar un Comisionado del Corredor Atlántico para no dejar escapar esa financiación europea y vuelve a hacer hincapié en la urgencia de reformar la financiación autonómica para sostener los grandes servicios públicos. Algo pendiente desde la recta final de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

El informe defiende que la «agrupación y reducción del número de municipios» facilitaría aprovechar las oportunidades de cada grupo de localidades «en torno a un núcleo central con capacidad tractora». El CES pide que el debate político se plasme en «aplicaciones prácticas» y no retrase medidas ante un proceso de pérdida de habitantes y envejecimiento que «avanza sin demora».

«Castilla y León debe enfocar sus políticas de dinamización geográfica hacia los inmigrantes». El Consejo insta a reforzar las actuaciones de integración de los pobladores que llegan de otros países y que han sido en la última década «un respiro» para el maltrecho padrón de la comunidad. Estas acciones deben complementarse con iniciativas para facilitar el retorno de emigrantes.