El PERTE para el vehículo eléctrico tendrá mejoras y más flexibilidad en la convocatoria de 2023

López, en declaraciones recogidas por Ical, señaló que «en estos momentos, se está trabajando en la convocatoria de 2023 del PERTE VEC» a través de dos líneas «en concurrencia simple» que están «mejoradas» con respecto a las anteriores convocatorias «en cuanto a conceptos financiables admitidos, garantías y plazos de ejecución».

Esa flexibilidad se incluye tanto en la línea para impulsar el ecosistema de baterías con incentivos, como en la que busca «apoyar proyectos individuales con impacto en los distintos eslabones de la cadena de valor» de los vehículos eléctricos y conectados. Todo ello dentro de un proceso de transformación del sector por la «mayor preocupación por los problemas medioambientales a escalas local y global», que implica «la sustitución de los vehículos actuales, de forma progresiva y lo más rápida posible, por otros de emisiones nulas o muy reducidas».

Reconoció en ese sentido que, por el momento, el parque de vehículos eléctricos «es aún muy reducido», pero destacó que «la curva de demanda de este tipo de vehículos está en constante crecimiento», por lo que incidió en que «es necesario seguir implementando y poniendo en marcha políticas y medidas que aceleren y faciliten su entrada en el mercado español».

En ese sentido, destacó el PERTE VEC como «un instrumento fundamental para promover la reindustrialización y hacer de España un referente global en el nuevo modelo de movilidad» para que se convierta en «foco de atracción de nuevas inversiones».

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que también intervino en el congreso organizado por Fàcyl, reclamó «inteligencia» y «negociación» para afrontar la transición en la movilidad por su impacto en el sector de la automoción. «Estamos a tiempo para enfocar mejor la transición», dijo, con el fin de que se adapte «a la realidad empresarial y cotidiana de la gente».

Mañueco se alineó con la posición que defiende la Alemania de Olaf Scholz, que consideró «muy razonable», y la tesis de la Italia de Giorgia Meloni, la que a su juicio más se aproxima a los intereses de la automoción de Castilla y León. «Vivimos un momento clave en el mundo, Europa y España para el futuro de la automoción», destacó, ante la «plena transición» hacia una nueva movilidad.

El director de Asuntos Públicos, Impacto Social y Comunicación de Renault Iberia, Jesús Presa, exigió, por su parte, una «legislación responsable» en España y Europa que apueste por una industria del automóvil «fuerte y protegida» frente a «intereses de fuera». Presa abogó porque «todos» defiendan las industrias automovilísticas en Castilla y León y en España, donde el sector genera el 10% del PIB (el 25% del PIB industrial en la comunidad).

En este contexto, advirtió de la puesta en marcha de la nueva normativa Euro7 así como la prohibición de los motores de explosión más allá de 2035. Presa recordó que países como Italia y Alemania están trabajando sobre estas propuestas, y recordó que la Euro7 estaba prevista en 2022, se ha ido retrasando, y se supone que saldrá a finales de 2023, con lo que los fabricantes «tendremos menos plazo para aplicarla», ya que entrará en vigor a mediados de 2025.

También el director general de Anfac, José López-Tafall, advirtió de que la aprobación de una normativa Euro7 «mal enfocada» puede tener impacto en el empleo ya que, tal y como está planteada la propuesta actual de la Comisión Europea, se genera una «discontinuidad» en las cadenas de producción que llevaría a parar la producción de los vehículos de combustión para adaptarla a una tecnología que «todavía» se desconoce.

En este sentido, pidió una «revisión profunda» de la normativa Euro7 y reclamó «una posición más ambiciosa» por parte del Gobierno de España, en sintonía con los planteamientos de Alemania y de otros países, en esa necesidad de revisar el actual planteamiento de la Comisión Europea.