Patronal y sindicatos tratan de acotar el impacto del estado de alarma en las empresas y el empleo

Desde los sindicatos mayoritarios se demanda a la patronal empresarial Cecale y a las empresas en particular, «que adopten las medidas necesarias para salvaguardar el empleo y la consiguiente actividad económica, aplicando todas las medidas de flexibilidad horaria, de conciliación y permisos, de excedencias y reducción de jornada, del uso extensivo del teletrabajo, etc, y apostar, en caso necesario, por medidas de suspensión de jornada o reducción a través de los Expedientes Temporales de Empleo, evitando por tanto la rescisión de los contratos y los despidos».

En una postura conjunta, las organizaciones sindicales consideran urgente que se habiliten ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) o reducción de jornada. Para universalizar los potenciales beneficiarios «se deben eliminar todos los requisitos de máximo de trabajadores, ingresos y duración mínima de jornadas». Asimismo, para apoyar a las empresas afectadas, piden «revisar las posibilidades de aumento de las ayudas en los ERTE acordados».

La ayuda del programa Personal de Integración y Empleo (PIE) ha de ampliarse, según reclaman CC OO y UGT, a aquellos colectivos de trabajadores afectados por un despido o finalización de contrato y que no tengan acceso a ningún tipo de prestación o subsidio por desempleo. También ven necesarias medidas para favorecer la excedencia o reducción de jornada, en forma de subvenciones para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, ya que los confinamientos y aislamientos van a reducir drásticamente las asistencias presenciales a los puestos de trabajo.

A la Administración autonómica le demandan los sindicatos que mantenga y cumpla las condiciones de las contrataciones públicas. En el caso de la prestación de servicios en el ámbito educativo -programas de conciliación, servicios de transporte escolar, comedores, limpieza de centros, etc.- exigen que no se permitan los despidos individuales o colectivos ni los expedientes de suspensión o reducción de jornada.

Tras pedir a las empresas que opten por los expedientes de suspensión y reducción de jornada, reclaman también a éstas que faciliten el teletrabajo y las medidas de flexibilización horaria. Además, les instan a que hagan un uso correcto de las inaplicaciones de convenio colectivo, «tanto en su formulación legal como en la temporalidad de la medida».

Para Cecale y sus organizaciones territoriales, «la situación de excepcionalidad económica por el Covid-19 exige una respuesta amplia desde las instituciones nacionales y desde la UE» y, en este sentido, demanda al Gobierno de España «mecanismos útiles y rápidos que garanticen la liquidez a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas y a los autónomos, para evitar su quiebra inmediata y que puedan mantener la actividad protegiendo el empleo».

Desde el punto de vista laboral ven preciso que se simplifiquen y agilicen los procedimientos en los expedientes de regulación temporal de empleo con efecto retroactivo; que ante la falta de liquidez provocada por la inactividad se suspenda la obligación de pago de las cotizaciones por parte de la empresa; y que se agilice el acceso a la protección por desempleo.

También consideran que han de contemplarse «aplazamientos y fraccionamientos de pago de manera automática y sin intereses por un plazo suficiente para todos los pagos tributarios que tengan que realizar las empresas que hayan sufrido de forma significativa una caída en sus ingresos o un incremento de los gastos en 2020 por el Covid-19».

Por las especiales dificultades que sufren los autónomos, piden también una suspensión de las cotizaciones sociales, el abono de las bajas desde el primer día y la articulación de una prestación por cese a cargo de un fondo extraordinario.

Para pymes y autónomos ven «necesario y urgente poner en marcha una línea de avales públicos suficiente que facilite el acceso al crédito» y en este sentido recuerdan a las Administraciones Públicas la necesidad de que «abonen de inmediato a sus proveedores las facturas pendientes y las que reciban, sin siquiera agotar los plazos que fija la Ley de morosidad, así como que se aceleren las devoluciones tributarias pendientes».