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Juan García-Gallardo (Vox) y Raúl de la Hoz (PP) conversan en el hemiciclo de las Cortes. Alberto Mingueza
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Partidas intocables

Vox, con el apoyo del PP, ha rebajado las asignaciones que ingresan los grupos parlamentarios para realizar su labor con el argumento de ahorrar gasto en un parlamento en el que los miembros de la Mesa y portavoces reciben 1.800 euros al mes para gastar además de su nómina

Susana Escribano

Valladolid

Sábado, 9 de abril 2022, 17:32

Recortar gasto es un ejercicio recomendable en política siempre que la tijera enfile por el lugar adecuado y se expliquen las razones con argumentos honestos. Vox, con el apoyo del PP, ha rebajado las asignaciones que reciben los grupos parlamentarios para realizar su labor en ... las Cortes. Juan García-Gallardo hizo una cuenta rápida el jueves y aseguró que ahorraban al contribuyente más de 300.000 euros anuales en un momento en el que había que «apretarse el cinturón».

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Es fácil coincidir con ese planteamiento. Un ejercicio simple. Demasiado, incluso. Cualquiera que empuje el carro de un supermercado nota en la cartera el mordisco de la inflación y la escalada de precios, pero es poco aseado aprovechar la que está cayendo para vestir con el traje del ajuste de gasto superfluo un recorte que afecta principalmente a la oposición, con especial relevancia al Grupo Mixto, y que dificulta así la labor de control que con mayor o menor acierto ejercerán sobre la coalición PP-Vox que va a echar a andar. Esos fondos sirven, por ejemplo, para contratar personal para labores administrativas, jurídicas o de comunicación y el asesoramiento de expertos sobre leyes puntuales.

La iniciativa se toma, además, en una casa en la que no faltan alternativas para ajustar gasto y justo dos años y medio después de que el propio PP defendiera lo contrario y promoviera la subida de la asignación a los grupos parlamentarios. Fue cuando pasó de 42 escaños a 29, agujero electoral que generaba otro financiero de notable profundidad, pues una parte del dinero se ingresa por el número de parlamentarios. Los populares defendieron en 2019 que las Cortes de Castilla y León estaban a la cola de la asignación para estos gastos.

Aquella propuesta, apoyada por los entonces socios de Cs, remendó el roto económico del PP y reforzó sobre todo a un Grupo Mixto en el que aterrizaba Vox con un procurador. Dos de los ahora parlamentarios de esa formación fueron contratados como asesores del grupo en la legislatura pasada, en apoyo de quien ocupaba ese escaño, es de entender que con cargo a esos fondos.

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Mi compañero Antonio G. Encinas comparó datos en un análisis que arroja que el ajuste actual supone en dinero un recorte del 0,82% para el PP; del 0,9% para el PSOE; del 1,87% para Vox; del 3,72% para UPL-Soria ¡Ya! y del 4,33% para el Grupo Mixto, en el que están Unidas Podemos, Ciudadanos y Por Ávila, y que por primera vez estará sin portavoz adjunto. Ese es el meollo del recorte. Se rebaja también la dieta que perciben los procuradores sin sueldo y que compaginan el escaño con su trabajo (56 de 81) cuando deben acudir a dependencias de la Junta a consultar documentación porque los consejeros no la envían a las Cortes, algo que es habitual, por ejemplo, en comisiones de investigación.

¿Podría recortarse de otras partidas? La respuesta es sí. Vox, con apoyo esta vez de PP y PSOE, ratificó nada más asumir la Presidencia de las Cortes la subida del 4% en el sueldo de los políticos con dedicación exclusiva. Cobrarán 76.355,28 euros brutos anuales, gracias a esa decisión, a los que suman 1.800 o 1.440 euros de «indemnización» mensual para gastos varios exenta de justificación. Total: 97.955,28 euros. La retribución final supera así a la del presidente de la Junta o los consejeros.

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Y estos últimos, cuando son procuradores, reciben un 'plus' de las Cortes. Son tratados como parlamentarios del batallón de no 'liberados', pese a tener sueldo político a cuenta de la Junta, y reciben 220 euros de dieta cada vez que van a un pleno o comparecen en una comisión (unos 7.100 euros anuales). De ahí se podría recortar. Las opciones son variadas, pero hay partidas intocables.

La cuestión es, más allá del argumento de venta a la opinión pública, a quién afecta cada decisión que se toma y qué fin persigue. Y a quién benefician las decisiones que nunca se toman.

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