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«La energía fotovoltaica puede ser un importante motor de crecimiento en España y especialmente para el desarrollo rural, por su aportación en términos de generación de riqueza y creación de puestos de trabajo local y cualificado, lo que contribuye a reactivar la economía y ... fijar la población de la España rural y en ciertas áreas deslocalizadas». Así lo defiende Amaya Gómez, delegada en Castilla y León de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), para quien estas instalaciones «no son contradictorias con el uso tradicional del terreno para fines agrícolas y ganaderos.
Según el Ministerio de Agricultura, explica, España cuenta con 23,7 millones de hectáreas de superficie agroganadera, lo que sitúa al país como el segundo de la UE en términos absolutos. «El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima –detalla– contempla 39 GW de capacidad fotovoltaica en 2030, frente a los 10 GW a cierre de agosto 2020. Con un uso de terreno medio de dos hectáreas/MW, el resultado de esta nueva capacidad son 58.000 hectáreas y si toda esa capacidad fotovoltaica se desarrollase en terreno agroganadero, se ocuparía solo el 0,25% de éste y el porcentaje de terreno agroganadero sobre el total se reduciría solo 0,1 puntos porcentuales». Con una distribución de la capacidad fotovoltaica a instalar proporcionalmente a los permisos de acceso a la red concedidos, el resultado es que en Castilla y León afectaría, únicamente, al 0,16% de los terrenos de cultivo.
«Queda claro, entonces. que el uso de tierra de las instalaciones de generación fotovoltaicas no supone una amenaza para la disponibilidad de terreno agrícola. Dicho esto, desde UNEF siempre hemos mantenido que debe priorizarse el desarrollo fotovoltaico en zonas desnaturalizadas y hemos solicitado a la administración una zonificación que las identifique».
UNEF apela a la responsabilidad en la elección del emplazamiento de los proyectos para reducir el impacto medioambiental «y esforzarse para que las instalaciones se transformen en reservas integrales de flora y fauna local». «Se insta a vigilar y respetar zonas de paso, reducir al mínimo las líneas eléctricas peligrosas, compatibilizar las instalaciones con zonas de pastoreo, entre otros condicionantes», señala.
Las instalaciones fotovoltaicas pueden, de esta manera, traer «un considerable impacto positivo en los lugares en los que se instalan: se trata de proyectos que contribuyen a generar empleo, incrementar la renta de los agricultores y recaudar impuestos en los gobiernos locales que permiten la mejora los servicios, el desarrollo de las zonas rurales y el asentamiento de la población». Para Amaya Gómez, «la energía fotovoltaica y el mundo rural son aliados naturales».
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