La pandemia dispara el empleo público hasta las 202.000 personas, el récord desde 2011

En el cuarto trimestre de 2021, el INE contabiliza en Castilla y León 202.000 asalariados de las diferentes Administraciones Públicas, desde funcionarios a personal laboral o eventual, así como contratados para funciones puntuales, para labores financiadas por los planes de empleo locales, etc. El Boletín del Personal al Servicio de las Administraciones registra, con datos de julio de 2021, 168.129 personas, una cifra con poca variación en los últimos años. De ellos, 33.945 pertenecen a la Administración del Estado; 97.963 a la Junta de Castilla y León, incluidas las universidades, y 36.221, a los ayuntamientos y diputaciones.

Por el contrario, la EPA ofrece un retrato más dinámico de las nóminas que abona el Estado en cada momento. En el cuarto trimestre de 2008 estimaba un colectivo de 183.700 asalariados públicos, el mínimo de la serie histórica. Tres años después, la cifra había escalado a 210.000, el máximo nunca registrado.

A partir de entonces se produce un repliegue que se detiene en 2018 (siempre con datos del último trimestre de cada año), con 188.600 personas, que pasan a ser 195.700 en 2019. De modo que en los dos últimos años, que prácticamente coinciden con la pandemia, los trabajadores empleados por el sector público se han incrementado en más de 6.000 personas.

En ese lapso temporal, los asalariados del sector privado han pasado de los 626.600 del año 2019, la cifra más elevada desde 2008, a los 604.400 con que despidió la comunidad el año pasado, es decir, 22.000 menos.

La pandemia de la covid, sus repercusiones y limitaciones, sus exigencias y sus consecuencias, han desangrado laboralmente a empresas y autónomos hasta un punto del que aún no se han recuperado, mientras que han elevado la nómina de asalariados en ámbitos como el sociosanitario o la educación.

Esta circunstancia, unida a otras a las que tampoco es ajena la pandemia, han desequilibrado el perfil de la población en el sentido de incrementar el número de nóminas que abona el Estado. La EPA recoge un total de 786.700 ocupados en el sector privado, frente a los 202.000 del sector público. Si a estos últimos se les suman los pensionistas con una prestación contributiva y los beneficiarios de las no contributivas, los desempleados que perciben prestación o subsidio y los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, el número de personas supera las 928.000, es decir, casi 146.000 más que la suma de asalariados y autónomos.

Faltaría por incluir en esta lista a los trabajadores en ERTE (el año empezó con 40.000 y terminó con 7.000), para obtener una visión de hasta qué punto a puesto a prueba el virus de Wuhan la solidez de las finanzas públicas.

Un repaso a la población castellana y leonesa desde la óptica de la actividad arroja el siguiente balance preliminar: hay más asalariados públicos, más autónomos sin empleados (no empleadores), más ocupados en el sector agrario y menos parados. También hay más pensionistas y más estudiantes mayores de 16 años. Todos los demás colectivos evolucionan a la baja.

Del último trimestre 'normal', el cuarto de 2019 al mismo periodo de 2021, la comunidad ha perdido más de 15.000 ocupados, entre los que hay más de 1.000 trabajadores por cuenta propia con empleados; 17.400 asalariados del sector industrial; 1.700 de la construcción y cerca de 5.000 de los servicios.

La cifra de inactivos ha escalado hasta las 927.400 personas, nada menos que 14.600 más que dos años atrás. En este grupo, quienes han optado por seguir estudiando, quizás a la espera de que escampe, han pasado de 132.800 a 152.300;los jubilados son ahora 413.800, lo que supone 21.700 personas más;y el resto de pensionistas, de 98.800 a 109.800.

Han disminuido los castellanos y leoneses que se dedican a las labores del hogar (12.700 menos, hasta 195.900) y las personas con incapacidad permanente (41.800, que son 21.400 menos).

La baja natalidad y la emigración han hecho menguar el colectivo de menores de 16 años hasta los 293.900, es decir 11.600 menos, y en definitiva la población total de Castilla y León ha caído a 2.323.800 personas, lo que significa que se han perdido 25.100 habitantes con respecto al cierre de 2019.

El drama de la pérdida de población que sufre la comunidad se erige como uno de los peores, si no el peor, de toda España. En estos dos años, el país ha aumentado sus habitantes en 55.400. Han retrocedido los censos del País Vasco (17.100 personas), Aragón (15.200), Asturias (12.600), Galicia (9.200) y Extremadura (8.600). Castilla y León es, pues, la que más población ha perdido en número absoluto. En tasa (1,07%), solo la superan Asturias y Aragón (1,25% y 1,16%, respectivamente).