La pandemia aumenta en 100.000 personas la población en exclusión social en Castilla y León

Esa es la conclusión que se extrae de la Memoria de Cáritas del año 2021. Las once diócesis que participan en Cáritas en Castilla y León han hecho una inversión de 35 millones y medio de euros, «la mayor inversión de los últimos años», según ha declarado Antonio Jesús Martín de Lera, presidente de la organización en la comunidad. Un dato que supone un aumento de cerca de medio millón de euros en comparación con 2020, y de un millón y medio en comparación con 2019. Y que ha servido para atender a 65.435 personas.

Sin embargo, el número de atendidos ha descendido en 8.126 personas, y el número de beneficiarios de sus ayudas -solicitantes más sus familiares- ha descendido en un total de 15.112 personas. El presidente de Cáritas en Castilla y León ha explicado que esto se debe a «la cronificación de las personas que necesitan ayuda», es decir, antes muchas personas necesitaban asistencia por periodos cortos de tiempo, sin embargo ahora necesitan ayuda por mucho más tiempo.

Luis Argüello, arzobispo electo de Valladolid, estimó que la situación actual de Europa con la guerra en Ucrania, así como la crisis económica causada por la pandemia son las causas del empeoramiento de la situación económica de muchas personas. «La pandemia con sus consecuencias y la situación que estamos viviendo derivada de la guerra de Ucrania, con el aumento de los precios y la inflación, nos sitúan en un escenario difícil», declaró Argüello.

Estos datos ya los plasmaron en el informe FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada), presentado en el mes de marzo, en el cual remarcaban la situación de extrema exclusión que sufren 79.000 personas en Castilla y León, según Cáritas, además de otras 101.000 en exclusión social. «El informe FOESSA mostraba una realidad post-pandemia. Se constataba ese incremento de personas en exclusión o en riesgo de exclusión», explicó Martín de Lera.

Ese informe también arroja datos sobre el paro, en concreto de la situación de 63.000 familias en las que el sustentador principal está en paro de larga duración, lo que además provoca la cronificación de la situación precaria de muchas familias. El Instituto Nacional de Estadística también ha mostrado sus propios datos, los cuales han puesto de manifiesto esa tendencia a la alza «poniendo unos datos todavía en una situación más preocupante», aseguraba el presidente regional.

Del total del presupuesto cerca de 6 millones de euros han sido destinados a la acogida y asistencia de 30.000 personas, y casi 11 millones se han dedicado fundamentalmente a la financiación y ayuda a las residencias de mayores. Precisamente este colectivo es uno de los que más aislados se han visto con la pandemia, por un lado, por la pérdida de ayuda y asistencia con el confinamiento, y, por otro, por la tendencia a la adaptación de todo tipo de procesos al ámbito digital. Castilla y León en los últimos años ha tenido una tendencia de datos «muy preocupantes» al ser la comunidad autónoma que más población ha perdido en las últimas tres décadas.

También se ha disparado la precariedad laboral, llegando a duplicarse hasta alcanzar a más de 79.000 hogares en la comunidad, es decir, el 11% de la población. «Nuestra memoria constata que hoy en nuestras comunidades los trabajadores son pobres», ha señalado el presidente de la entidad. Así mismo, el número de familias monoparentales ha aumentado en un 8% desde 2018, suponiendo el 25% de total de los hogares castellano y leoneses. Y de estos un 33% se encuentra en situación de exclusión social.

Han destacado tres brechas muy preocupantes que están detrás de muchos de los datos negativos recogidos. Estas son la brecha de género por la que «fundamentalmente mujeres son las que tienen los hijos a su cargo», la brecha de edad «por la falta de acceso, sobre todo, a los medios digitales» y la de nacionalidad de origen, ya que «la pandemia la sufrieron mucho más los inmigrantes, aquellos que no gozaban de un colchón familiar o social al que tienen acceso los españoles».

Por todo esto, entre sus mayores preocupaciones a futuro se encuentra la subida del precio de los suministros y el consiguiente aumento de necesidad de ayuda de las familias. Esto también deriva en un incremento del precio de las viviendas y sus costes derivados como la luz y el gas, necesidades básicas para cualquier familia, pero de difícil acceso para muchas de ellas.

También hacen hincapié en la situación de las personas que llegan a España de forma irregular, ya que estas son invisibles para las administraciones públicas y, por tanto, invisibles para la obtención de ayudas. Esta situación se ha visto empeorada por la guerra en Ucrania, ya que tan solo 2 de cada 5 ucranianos que entran en nuestro país buscando refugio lo hacen mediante medios oficiales o regulares.

Otra de las consecuencias que ha traído la pandemia y que preocupa a la organización son los problemas de salud mental, que han ido en aumento. Consideran que hace falta más ayuda, y más facilidad de acceso a esta, ya que muchos de estos problemas tienden a derivar a la exclusión social ya sea por el aislamiento que supone, la pérdida del puesto de trabajo o la posible exclusión por parte de su entorno.